En la historia política de Venezuela se refiere al gobierno del general Marcos Pérez Jiménez como un régimen de oprobio y terror. La historia y los historiadores venezolanos están obligados a terminar la tarea de examinar exhaustivamente este período para valorar más allá de la propaganda las implicaciones y consecuencias de un gobierno al cual se le atribuye el uso de la violencia por razones políticas.
En todo caso, al ser el período que antecedió al régimen del Estado de partidos instaurado en 1959 el de Pérez Jiménez se convirtió en la referencia más inmediata para evaluar el uso de la violencia con motivaciones políticas en la llamada democracia. Numerosos casos han sido documentados de asesinatos y torturas perpetrados por los organismos de seguridad del Estado llámense estos Seguridad Nacional, Digepol, Disip o DIM en su momento. La mayoría de estos casos tuvieron una resolución por vía judicial dentro del mismo ámbito de unos poderes públicos establecidos.
Con la llegada del chavismo al poder en 1999 se instaló un régimen de partido único que transformó al Estado nacional venezolano en un Estado chavista que usa la violencia para mantenerse en el poder y su seudolegalidad para justificar y seguir actuando con impunidad.
El chavismo superó con creces la violencia por motivos políticos ocurrida en las épocas de Pérez Jiménez o en la democracia de partidos. Hay una larga lista de ciudadanos venezolanos que han sido literalmente ajusticiados en estos veinte años mientras estaban bajo custodia de los cuerpos represivos del régimen. Otros han sido condenados sin motivo y sin fórmula de juicio en procesos amañados con testigos estrella y pruebas forjadas. La tortura física que puede llegar hasta la muerte es una práctica normal en los organismos represivos del régimen que cada día se intensifica y se hace con procedimientos más refinados, a pesar de las declaraciones y las visitas de personajes como la señora Bachelet y el fiscal Khan.
En algunas instancias el régimen chavista ha intentado justificar la violencia política como una forma de defensa frente a personas que se le han opuesto por la vía armada. El argumento quedaría incompleto si no se toma en cuenta que precisamente es el propio régimen chavista el que asaltando los poderes públicos ha agotado todas las vías institucionales dejando abierta la única posible qué es la de la confrontación.
Sin embargo, no es cierto que todos los presos políticos civiles y militares lo sean porque se han levantado en armas contra el régimen. La gran mayoría de estos presos por razones políticas y otras personas que han sido “neutralizadas” son víctimas de persecuciones que buscan intimidar y silenciar las protestas.
La saña e impunidad con que actúa el régimen solo parece justificada por el objetivo ulterior de desanimar a otros que en mundo civil o militar puedan hacer lo mismo. Cualquier civil o militar que en la Venezuela de hoy se atreva a reclamar por mejoras laborales o salariales, no importa cuán legítimo sea el motivo, sabe perfectamente que se arriesga a ser acusado, arrestado y hasta asesinado con el expediente de traición a la patria o a la infame revolución bolivariana.
La liberación del general Miguel Rodríguez Torres ocurre precisamente en el momento en que las negociaciones falsa oposición-chavismo en México han sido pulverizadas. Lo que busca el chavismo es lavar un poco su imagen de régimen asesino y torturador en el ámbito internacional con un gesto que ellos esperan sea infinitamente agradecido como acto de magnanimidad. Lo que quiere tapar el régimen no es tan solo la situación en que se encuentran los presos políticos civiles y militares en Venezuela, sino además compensar un eventual desenlace fatal con la vida del capitán Igbert Marín Chaparro, quien el viernes en la noche decidió levantar la huelga de hambre de 67 días con un estado de salud frágil y vulnerable.
Es inevitable e incómoda la pregunta: ¿Por qué Rodríguez Torres sale en libertad y no los capitanes Igbert Marín Chaparro, Juan Carlos Caguaripano u otros que son acusados de delitos similares? Rodríguez Torres fue beneficiado por las gestiones de un astuto operador político internacional como José Luis Rodríguez Zapatero y favorecido por la piedad de algunos jerarcas del régimen como Delcy Rodríguez y Tarek William Saab.
Marín Chaparro y Caguaripano desgraciadamente no representan ya un peligro real para el régimen, ni tienen la fortuna de contar con poderosos benefactores. Tampoco ellos figuran en las listas de presos políticos que la falsa oposición le ha entregado al régimen para pedir su liberación.
Pero lo que sí tienen Igbert Marín Chaparro y Juan Carlos Caguaripano es una carrera profesional brillante e impecable, un sentido profundo del honor militar que podrían servir de ejemplo e incentivo a otros que aún están dentro de las fuerzas armadas chavistas.
Por eso unos salen y otros no.
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