La Defensoría del Pueblo de Colombia, la entidad estatal que monitorea las vulneraciones de derechos en todo el país, le pidió al gobierno reglas y compromisos para determinar qué significa respetar el cese al fuego declarado este 1 de enero por el presidente Gustavo Petro con cuatro grupos armados.
«El cese al fuego bilateral debe condicionarse al cumplimiento de unas reglas, unos compromisos y unos términos que acuerdan el gobierno nacional y las diferentes estructuras armadas». Así lo estimó este miércoles el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Cese al fuego en Colombia
El 31 de diciembre, tras el anuncio de Petro en redes sociales de un cese al fuego con cinco grupos armados (que finalmente se quedó en cuatro, tras la retirada del ELN), el gobierno emitió un decreto a partir del 1 de enero y hasta el 30 de junio que con el objetivo de «suspender la afectación humanitaria de la población en general y suspender acciones ofensivas y evitar incidentes armados entre la Fuerza Pública» y estos grupos.
El decreto incluye a cuatro disidencias de las FARC y establece la suspensión de operaciones de la fuerza pública y estimaba que los protocolos del cese al fuego «tendrán carácter reservado». Además, establece un sistema de veeduría y monitoreo mediante el gobierno, las disidencias, organizaciones sociales e Iglesia. También se podía sumar la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA).
No enunciaba este decreto -y no lo ha explicado aún el gobierno- qué acciones por partes de los grupos armados podrían vulnerar este cese al fuego. Por lo que no se puede saber si conductas como patrullajes, lanzar panfletos amenazantes o incluso secuestros incurrirían en una vulneración del cese de hostilidades.
«El hecho de tener un compromiso con la paz de nuestro país requiere que haya un cese total de cualquier afectación en materia de derechos humanos», estimó Camargo. Y lanzó un mensaje a Petro: «Cuando hablamos de paz total requerimos hablar del cese absoluto de cualquier vulneración de derechos humanos».
Sistema de monitoreo
A pesar de que la Defensoría no fue incluida en este mecanismo de «veeduría» del cumplimiento del cese al fuego, este organismo, que es uno de los que más presencia tiene en el territorio, decidió lanzar boletines quincenales que monitoreen «hechos, conductas y las dinámicas en el marco del seguimiento al cese al fuego». Además de seguir con su sistema de alertas tempranas, que dan cuenta al gobierno y a la sociedad de riesgos que se presentan para la población en las regiones.
Actos de violencia
En ese sentido, del 1 de enero al 20 de enero, la Defensoría del Pueblo ha monitoreado seis hechos violentos sucedidos todos ellos en el departamento del Cauca, y donde de los cuatros grupos que están incluidos en el cese al fuego hay presencia, además de otros grupos que no están en el decreto, de uno: el Comando Coordinador de Occidente, que responde a las órdenes del Estado Mayor Central liderado por «Iván Mordisco».
En ese sentido, la Defensoría recoge, por ejemplo, un hostigamiento contra una estación de Policía ocurrido el 3 de enero en Suárez (norte del Cauca) o el artefacto explosivo que se encontró el 4 de enero en una ruta que iba a tomar la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, en Corinto. También varias retenciones de militares.
Sin embargo, la Defensoría, como no conoce las «reglas» o los «términos» del cese al fuego, no puede establecer que haya habido una vulneración del mismo.
«Colombia necesita claridad frente a situaciones que vienen siendo recurrentes por parte de los grupos armados ilegales». Así lo aseguró Camargo en la rueda de prensa donde no quiso «afirmaciones sobre un cumplimiento o un incumplimiento sobre el cese al fuego», ya que a este organismo le «corresponde monitorear las situaciones que se enfrentan en los territorios».
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