Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de México, fue acusada de plagiar su tesis para obtener el título de abogada en la UNAM
Fernando Barrientos del Monte/Latinoamérica21
El 21 de diciembre de 2022, el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México Guillermo Sheridan demostró que la actual ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, había plagiado totalmente una tesis de licenciatura con la que obtuvo el título de abogada en 1987. En los días que siguieron, Esquivel lo negó de manera sistemática, pero en el repositorio digital de la UNAM, que contiene todas las tesis, se podía corroborar el plagio.
Finalmente, el 11 de enero la universidad confirmó que la ministra obtuvo su grado de forma fraudulenta y en colusión con su asesora de tesis. Sin embargo, la misma universidad señaló que la Secretaría de Educación Pública, autoridad del Estado encargada de reconocer los grados académicos, es el organismo que puede retirar el título.
En casi todo el mundo el Poder Judicial es monopólico disciplinar; solo los que tienen un título en Derecho pueden acceder a la carrera judicial. Un título académico demuestra una formación y habilita a una persona para ejercer una profesión, pero si se obtiene de manera fraudulenta toda esa carrera habrá sido una simulación.
Por ello, este no es un caso más de plagio académico. Se trata de una magistrada de la Corte Suprema, uno de los cargos más importantes del Estado, y su legitimidad se basa tanto en el proceso formal para designarla como en su carrera y reputación.
Esquivel, sin embargo, es esposa de José María Riobóo, uno de los principales contratistas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y muy cercano desde que gobernó la Ciudad de México. Esta condición, y no tanto su carrera, le permitió a Esquivel el que el Ejecutivo la propusiera para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte. Así, su caso pone bajo la lupa la legitimidad de los jueces, el peso de sus decisiones, el importante papel político de las instituciones judiciales como garantes del Estado de Derecho, pero también los peligros de la politización de la justicia.
Los jueces no son la boca de la ley
Los jueces hacen política, pues sus acciones y decisiones influyen decisivamente en el sistema político. La sentencia de Montesquieu, “los jueces son la boca por donde habla la ley, seres inanimados que no pueden moderar ni su fuerza ni su rigor”, es una visión equívoca y desafortunadamente muy difundida.
Las leyes nacen en los Parlamentos y, por lo tanto, son un producto político con objetivos y fines. Para que las leyes funcionen y para que su aplicación sea justa, tienen que construirse buscando el bien general, y, aun así, pueden ser manipuladas. De ahí que el papel de los jueces sea fundamental. ¿Cuándo contribuye la actuación de los jueces al mejoramiento de la democracia? La respuesta es: cuando legítimamente hacen valer el Estado de Derecho.
En diciembre de 2022 un tribunal penal de Argentina condenó a Cristina Fernández, vicepresidenta y líder del grupo actual en el poder, a seis años de prisión por corrupción en sus dos gobiernos. Durante el proceso y, a pesar de las pruebas en su contra, Fernández nunca dejó de considerarse víctima de una “mafia judicial”.
En Brasil, la Operación Lava Jato llevó en 2014 al descubrimiento de una red de lavado de dinero que comprendió a más de cuarenta políticos y a funcionarios de Petrobras, la mayor empresa petrolera de ese país. Como consecuencia de la mala aplicación de las leyes y de las presiones indebidas hacia los jueces, pero también de la corrupción de algunos de ellos, el caso se politizó hasta el punto de encarcelar al ahora y otra vez presidente Luis Inácio Lula da Silva. En 2019 la sentencia fue revocada y el caso Lava Jato quedó en entredicho.
Partiendo de las investigaciones a Odebrecht, empresa constructora brasileña que sobornaba para ganar contratos de obra pública, se juzgó y encarceló a políticos y a funcionarios de varios niveles de, entre otros países, Brasil, Argentina, Colombia, Perú y Venezuela.
Pero las situaciones varían de país en país. En casos como Perú, donde entre las personas investigadas están los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pablo Kuczynski, la justicia ha sido contundente y ha enjuiciado a políticos de todas las orientaciones políticas. Mientras tanto, en México, Emilio Lozoya, funcionario de alto nivel muy cercano al expresidente Enrique Peña Nieto y con numerosas acusaciones y evidencia de actos ilícitos, goza de libertad condicional.
El sistema judicial es un poder de control de otros poderes. Por ello, en América Latina los políticos, particularmente los presidentes, han tratado de someterlo. La designación de los más altos cargos judiciales en casi todos los países de la región es un proceso político en el que muchas veces cuenta poco la carrera judicial y el prestigio.
El reconocimiento del papel político de los tribunales y las cortes supremas se debe a los procesos de democratización que llevó a la creación de nuevas Constituciones o a profundas reformas constitucionales para afirmar derechos políticos, sociales, económicos y culturales. No es que antes fueran pasivas y ahora sean activas, sino que la democratización amplió su papel como protectora de tales derechos. Sin embargo, cabe destacar que también favoreció la judicialización de la política, pues la resolución de asuntos, que antes se decidían en la arena política, ahora se resuelven por la vía judicial.
El Judicial es un poder que no obtiene su legitimidad de las urnas, la ciudadanía acepta las decisiones judiciales porque confía en que los jueces cumplen los requisitos que marca la ley y que su formación y desempeño aseguran que tales decisiones se apegan a los principios de derecho y están orientadas hacia la búsqueda de la justicia.
En casi cualquier país, si se descubre que un médico hizo trampa para obtener su grado, inmediatamente se le retira de su función, independientemente de su historial. ¿Por qué no puede suceder lo mismo con un abogado?
La ministra Esquivel obtuvo su título, consciente de que estaba cometiendo un fraude. Ahora, al permanecer en el cargo, pone en riesgo la legitimidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de todo el andamiaje del sistema judicial mexicano. Cualquier decisión sobre casos similares a los mencionados anteriormente, que comprenda temas socialmente delicados y políticamente relevantes, estará cubierta por un velo de sospecha antes de siquiera conocerse el veredicto. La Suprema Corte ya no tendrá el prestigio que debería tener, pues sin legitimidad, la legalidad de las decisiones judiciales estará en tela de juicio.
Fernando Barrientos es cientista político. Profesor titular de la Universidad de Guanajuato (México). Doctor en Ciencia Política, por la Universidad de Florencia (Italia). Sus áreas de interés son política y elecciones de América Latina y teoría política moderna.
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