La Conferencia Episcopal Venezolana responsabilizó al Estado venezolano de la tortura y muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo y de las heridas que ocasionaron la pérdida de ña vista al joven Rufo Chacón Parada.
En un comunicado, la Comisión de Justicia y Paz de la CEV enfatizó en que las víctimas “representan los gritos de muchos otros ciudadanos que han sido sometidos a iguales patrones y sus casos han sido invisibilizados”.
“No consentiremos la manipulación, el disimulo y la atenuación de estos graves hechos. Es nuestro compromiso como Iglesia, que ve en el rostro sufriente de los familiares y de las víctimas el dolor de nuestro Señor Jesucristo”, indica el comunicado.
La comisión también denunció que la desaparición forzada; la tortura; los tratos crueles, inhumanos o degradantes y excesos policiales “son prácticas instaladas en los órganos militares y policiales y están ocurriendo permanentemente, como un secreto a voces que nos clama en la conciencia”.
En el caso del adolescente en el Táchira, destacó que “la desproporción en el uso de la fuerza vuelve a dejar secuelas imborrables en esta familia: un joven bachiller ahora ciego, desfigurado y sin ganas de vivir, una madre traumatizada a quien, además de los derechos básicos para la vida, se les niega el de manifestar”.
La CEV considera que la detención de los funcionarios de la Dgcim y de los efectivos que dejaron desfigurado al joven Rufo Chacón “es un primer paso hacia la justicia”. Sin embargo considera que las investigaciones deben llevarse de acuerdo con los estándares y protocolos internacionales relacionados con los casos de tortura y no como una investigación penal.
La Comisión de Justicia y Paz exhorta a la Ooficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos a exigir al Estado venezolano el cese del patrón de violaciones de los derechos humanos en el país.
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