Las protestas en Perú contra la presidenta Dina Boluarte, sucesora del destituido Pedro Castillo, se reactivaron este miércoles, tras una interrupción por las fiestas de fin de año, con bloqueos de carreteras y manifestaciones en varias regiones.
El gobierno anticipó la semana pasada el reinicio desde este 4 de enero de las movilizaciones que exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria inmediata a elecciones.
Las manifestaciones se registran en regiones donde el destituido Castillo, un maestro rural de izquierda, tiene amplio respaldo.
Según dijo el miércoles por la noche el ministro de Defensa, Jorge Chávez, «el grueso de las manifestaciones se ha concentrado en Puno», (sureste), donde pobladores quemaron una caseta de peaje.
La Defensoría del Pueblo reportó movilizaciones, paralizaciones y bloqueos en 30 de las 195 provincias del país.
En Arequipa (sur), la policía desbloqueó una ruta utilizando gases lacrimógenos para dispersar a decenas de personas. Se registró un enfrentamiento entre manifestantes y las fuerzas del orden en inmediaciones del aeropuerto de la ciudad, precisó la Defensoría.
Los manifestantes también cerraron rutas con piedras y neumáticos en llamas en las regiones de Junín (centro), Cusco y Apurímac (sureste). Una treintena de vías quedaron bloqueadas.
Protestas en Perú
Según el ministro Chávez, solo hubo algunos lesionados tras el choque con las fuerzas del orden.
En Puerto Maldonado, región amazónica de Madre de Dios (sureste), manifestantes bloquearon un tramo de la vía Interoceánica, que une Perú y Brasil.
«Los aeropuertos están funcionando normalmente», precisó el jefe del gabinete ministerial, Alberto Otárola.
En el Centro de Lima, la policía dispersó con gases lacrimógenos a decenas de ciudadanos que intentaban llegar al Congreso. En las reyertas hubo algunos periodistas lesionados.
En declaraciones a la emisora RPP, Chávez dijo que tienen la información de la presencia de «infiltrados con antecedentes terroristas» en las protestas.
Las autoridades han denunciado que personas relacionadas a la proscrita guerrilla maoísta Sendero Luminoso, que sembró el terror en el Perú ente los años 1980 y 2000, intervienen en las manifestaciones.
Pero el grueso de los participantes rechaza esas acusaciones. «Por qué me dices terrorista, si lo único que hago es alzar mi voz de protesta», se leía en un cartel de los manifestantes el miércoles en Arequipa.
Chávez también dijo que se «han detectado» a cinco ciudadanos bolivianos incentivando las manifestaciones. Algunas agrupaciones políticas consideran que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, aliado de Castillo, azuza las protestas y la presidenta Boluarte informó que evalúan si le permiten volver a entrar al país.
Protestas en Lima. Foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP
Sin tren a Machu Picchu
Como prevención, el tren entre Cusco y la ciudadela inca de Machu Picchu, joya del turismo de Perú, se suspendió indefinidamente desde el miércoles para garantizar la seguridad de los turistas.
Unos 2.000 turistas fueron evacuados voluntariamente desde Machu Picchu a Cusco para evitar eventuales problemas, detalló la policía.
En las protestas de fines de 2022, miles de visitantes quedaron varados en Machu Picchu y en el Cusco, ante la interrupción de la vía férrea y el cierre del aeropuerto, tras una tentativa de toma por parte de los manifestantes.
En su calidad de vicepresidenta, Boluarte sustituyó a Castillo, quien el 7 de diciembre de 2022 intentó sin éxito dar un golpe de Estado. Fue destituido por el Congreso y luego detenido acusado de rebelión.
Tras la caída de Castillo se desataron violentas protestas en el centro y sur del país, donde el exgobernante tiene más adeptos.
Policías y militares repelieron las manifestaciones con un saldo de 22 fallecidos y más de 600 heridos, varios de ellos baleados.
El gobierno prometió una investigación, en medio de críticas por un presunto uso excesivo de la fuerza.
El ministro de Defensa dijo también a Latina TV que la «prioridad» de las Fuerzas Armadas es «garantizar la vida humana» de los manifestantes, pero que protegerán los activos críticos del país.
Manifestantes en Arequipa. Foto: Diego Ramos / AFP
Llamado a la calma
Las manifestaciones menguaron por unas dos semanas, pero organizaciones indígenas y campesinas las retomaron este miércoles.
Edificios públicos y aeropuertos en las regiones bajo tensión amanecieron vigilados por policías y militares, estos últimos autorizados a intervenir tras la declaratoria de un estado de emergencia a mediados de diciembre.
«Queremos que se cierre el Congreso y que haya pronta solución. No queremos más muertes, queremos tranquilidad», dijo a la AFP Rita Suaña, pobladora de la isla los Uros en Puno, fronteriza con Bolivia.
Desde Lima, Boluarte pidió el cese de la violencia, advirtiendo que genera «retraso, dolor, pérdidas económicas».
«Llamo a la paz, a la calma, a la unidad para impulsar el desarrollo de la patria», afirmó.
Pero «nadie va a querer dialogar con ella. Mientras la señora Dina Boluarte no renuncie esto va a seguir», declaró a radio Exitosa el presidente del Frente de Lucha de la ciudad de Abancay, en Apurímac, Milan Knezvich.
En un intento por aplacar las demandas, en diciembre el Parlamento adelantó los comicios de 2026 a abril de 2024.
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