Tomás Guanipa
La sesión de la Asamblea Nacional, electa el año 2015, celebrada el pasado 30 de diciembre y cuyos integrantes siguen asumiendo ser el parlamento legítimo de Venezuela, defenestró al gobierno interino de Juan Guaidó y eso produjo la indignación de los más connotados juristas del país, no por respaldar al interinato, habida cuenta que muchos consideraban que ya no tenía sentido mantener lo que había sido entregado en las conversaciones con el régimen de Maduro, en México, sino por lo ilegal e inconstitucional del procedimiento para abolirlo. Es imposible olvidar cómo una “Plataforma Unitaria” y no el gobierno interino se sentó en la mesa de México, reconociendo de hecho y de derecho a los “representantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros”.
La violación descarada, en las dos discusiones del proyecto de Ley de Reforma del Estatuto de la Transición, de los artículos 233 y 333 de la Constitución vigente, fue denunciado por juristas de la talla de Román Duque Corredor, Aníbal Rueda, Pedro Rondón Haaz, Jorge Rossel, además de académicos y otros magistrados como Humberto Romero Muci; Ramón Escovar León, Carlos Ayala Corao, Rafael Badell Madrid, Juan Carlos Apitz, Ana María Ruggeri, Luis Beltrán Guerra, Alvaro Badell Madrid, Rodrigo Rivera Morales, Alejandro Canónico, Franklin Hoet, Gustavo Linares Benzo, Rafael Chavero Gazdik, Gustavo Tarre Briceño, Gerardo Fernández, Víctor Rodríguez Cedeño, Juan Manuel Raffali, Fernando M. Fernández, Oscar Arnal y Jesús María Casal.
Además de acompañar ese razonamiento, de estos connotados juristas, los presidentes de todos los Colegios de Abogados de cada uno de los estados de la República, casi todos militantes de los partidos políticos que integran las fracciones parlamentarias que, precisamente, votaron por salir de Juan Guaidó. Y, lo peor, sustituirlo por una Comisión Administradora, con el avieso propósito de entregarse al régimen a cambio de nada. Hay que recordar el famoso dicho de que “un camello es un caballo diseñado por una comisión” lo que habla de su inutilidad e intrascendencia.
Sin embargo, lo que conmocionó a la opinión pública fueron las intervenciones de los diputados Juan Miguel Matheus y Tomás Guanipa, de la fracción parlamentaria de Primero Justicia, por el caradurismo de sus afirmaciones. El primero, en la sesión en comento y el otro, en las redes sociales, han insultado no solo a los juristas y académicos que opinaron, casi por unanimidad, que el acto era inconstitucional, sino que dejan traslucir un redomado cinismo digno de mejor causa. Es que el partido político Primero Justicia quiere aparecer como sin nada tuvo que ver con el gobierno interino, con sus errores y con los actos de corrupción cometidos.
La actitud de estos dos diputados, solo comparable con el libro que acaba publicar Julio Borges, jefe político de ambos, es como la del ladrón que al ser sorprendido in fraganti robando a su víctima comienza a gritar: ¡al ladrón, al ladrón al ladrón! Para despistar a la policía.
El diputado Matheus, quien ahora afirma:“No es verdad que el artículo 233 cree un gobierno encargado, y no es verdad aunque lo digan científicos de la NASA o aunque venga el mismísimo Juan Germán Roscio resucitado a vendernos esa tesis, porque esos juristas connotados le dan la razón al adagio latino que dice que la corrupción de lo mejor es lo peor, porque esos juristas, en su fuero interior, mis amigos, mis profesores, saben que están mintiendo, que están torciendo la razón jurídica, que están vilmente prestándose a una manipulación de la opinión pública para proteger un status quo, unos intereses políticos». Pero resulta que este diputado fue el autor del Estatuto que ahora se deroga y el argumento para crearlo es el mismo que utiliza para derogarlo. Cantinflas era más serio.
Luego el diputado Guanipa se desgañita, en las redes sociales, acusando de corrompido al gobierno interino que él integró siendo embajador de Guaidó en Bogotá y despachaba desde una oficina de Monómeros, empresa que en aquellos tiempos nunca denunció y ahora la considera el manantial de todos los males. Ah y el jefe de todos ellos, Julio Borges, publica un libro donde dice ser la referencia moral del gobierno interino “porque nunca devengué salario”, pero resulta que cobraba como diputado y despachaba, también en Bogotá, con 16 funcionarios a su disposición pagados por el gobierno interino, uno de los cuales era ¡embajador en Australia… desde la capital de Colombia!
Estos parlamentarios parecen seguir la famosa doctrina de Cantinflas cuando afirmaba: “Si se necesita un sacrificio, renuncio a mi parte… y… agarro la suya”.
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