Un patrón suele repetirse en una serie de detenciones de opositores al régimen de Nicolás Maduro, de disidentes militares y de sus familiares: un período de desaparición forzada que podía durar día o semanas, durante el cual los aprehendidos eran conducidos a sitios clandestinos ubicados en distintos lugares de Caracas, donde fueron sometidos a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
El organismo al que se responsabiliza en particular de incurrir en esta práctica es la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), aunque también se ha señalado de operar estos sitios de tortura al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, policía política) y a la Fuerza de Acciones Especiales (FAES, adscrito a la Policía Nacional Bolivariana).
🚩 Un patrón suele repetirse en las detenciones de opositores al régimen de Nicolás Maduro: un período de desaparición forzada que puede durar días o semanas y el traslado a centros clandestinos de tortura.
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— Armando.Info (@ArmandoInfo) December 11, 2022
Este equipo de investigación documentó 14 testimonios de víctimas y familiares víctimas de detenciones irregulares practicadas por organismos de seguridad del Estado venezolano, a quienes desaparecieron por unos días para recluirlos en casas clandestinas de tortura en cinco zonas de Caracas. Un abogado penalista que ha defendido varios de estos casos, y que pidió la reserva de su nombre por motivos de seguridad, asegura que ha recolectado información sobre más de una decena de otros casos. «No me atrevo a dar un número, pero sí puedo decir con responsabilidad que ha sido una conducta repetida».
La existencia de estos centros clandestinos de detención figura en los informes elaborados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, así como en otras investigaciones presentadas por otros organismos internacionales y por organizaciones no gubernamentales.
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A pesar de que operan desde al menos hace casi una década -la primera referencia a ese tipo de instalaciones data del caso del detenido José Daniel Stekman-, el uso de las casas clandestinas de tortura se acentuó a partir de 2018, coincidiendo con un incremento de las desapariciones forzadas en el país y persecusión a militares, de acuerdo con instancias internacionales, abogados y defensores de derechos humanos.
El más reciente informe de la misión de la ONU enumera 17 referencias de “casas de seguridad”, como también suelen denominarse estos centros clandestinos, y las ubican en sectores de Las Mercedes, Prados del Este, La Trinidad, San Bernardino, Bello Monte, Los Naranjos, Fuerte Tiuna, Alto Prado, La Carlota, además de La Mariposa y zonas montañosas de El Hatillo y Guarenas.
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