Es irrespetuoso a la autonomía e independencia de la Corte Penal Internacional que el Estado le exija limitar que las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad sigan acudiendo ante esa instancia internacional.
El Estado se opone a que la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional autorice al fiscal Karim Khan a retomar la investigación y exigir a los jueces en su decisión adoptar un procedimiento expedito.
El Estado no puede seguir mintiendo a la CPI al investigar delitos que no tienen que ver con crímenes de lesa humanidad, procesando penalmente a funcionarios de bajo rango y no a la cadena de mando del letal Plan Zamora, que ejecutó todas las atrocidades en el año 2017 en contra de los manifestantes.
Con su actuación desestiman las competencias y facultades de la Corte Penal Internacional y desacatan el artículo 7 del Estatuto de Roma, el cual el Estado firmó con otros países en el año 1999, luego suscribió y ratificó, lo que lo hace parte del derecho interno venezolano.
El Estatuto de Roma establece el principio de complementariedad para aplicarlo en aquellos países que no investigan crímenes de lesa humanidad y permitir a la CPI investigar y procesar penalmente a los responsables de estos delitos.
Consideramos que es ingenuo por parte del Estado intentar callar el dolor de familiares y víctimas de tan horrendos crímenes e intentar congelar el expediente basado en informes de la fiscal saliente y del Consejo General de los Derechos Humanos de la ONU, con testimonios y pruebas.
Los crímenes cometidos en 2017 son imborrables, no prescriben. Así que definitivamente nuestra esperanza es la CPI.
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