La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación por la aplicación de medidas restrictivas y expulsiones sumarias de migrantes venezolanos que intentan ingresar a Estados Unidos.
«La CIDH expresa profunda preocupación por las afectaciones del enfoque restrictivo para generar un ambiente de movilidad humana seguro y condiciones de identificación y reconocimiento de las necesidades de protección y de los derechos humanos de esta población. Asimismo, destaca las dimensiones continentales de la crisis humanitaria en Venezuela y la necesidad de medidas coordinadas e inclusivas por parte de los Estados Miembros de la OEA para responder de manera integrada a tales demandas de protección», señaló la organización en un comunicado.
Pese a que la CIDH alabó el programa para que 24.000 venezolanos sean elegibles para emigrar a Estados Unidos, advirtió que la imposición de condiciones, puede representar un riesgo de vulneraciones a los derechos de estas personas y que la cantidad de cupos disponibles es limitada.
«Urge al Estado garantizar que los mecanismos de protección sean ofrecidos de manera proporcional al movimiento a gran escala de personas venezolanas y ampliar el alcance de las medidas de acceso a los territorios y mecanismos de protección», indicó la misiva.
Cifras del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos señalan que el promedio mensual de aprehensiones de personas venezolanas en la frontera terrestre suroeste del país totalizó 15.494 en el último año, con un aumento de más de 25.000 para el mes de agosto y 33.000 para septiembre.
«Ante estos datos, la CIDH destaca la insuficiencia de las medidas adoptadas a través de los canales formales de movilidad frente a la magnitud de la situación que enfrentan las personas venezolanas en movilidad humana, en los movimientos transfronterizos, especialmente en la frontera Sur de Estados Unidos», dice la CIDH.
La CIDH instó a todos los «Estados de la región a buscar un marco integrado de cooperación, compatible con el estado de derecho, que responda a las necesidades de protección en los países de acogida y tránsito, en línea con los Principios Interamericanos sobre la protección de las personas en movilidad humana, especialmente los principios de no-devolución (Principio No. 06) y de prioridad a la protección de los derechos humanos en las políticas y acciones de control migratorio en las fronteras (Principios No. 56 y No. 65)».
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