La era del chavismo sigue, la dictadura continúa y se prolonga recostada del sombrío apelativo del madurismo. Que estábamos al margen del Estado de Derecho, lo sabíamos, por experiencia propia, los venezolanos. Los expertos de las Naciones Unidas y de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional también lo han informado reiteradamente. Pero ahora, como lo hace saber el editorial de El Nacional del pasado 29 de octubre, es una organización no gubernamental, World Justice Project, que, en el Índice del Estado de Derecho 2022 estudiado en 140 países, ubicó a Venezuela en el último puesto, en el puesto 140.
La semana pasada se celebró en Madrid la 78 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, en la que se presentó el Índice de Chapultepec 2022, que sirve de barómetro en las Américas del estado de las acciones institucionales en materia de libertades de expresión y de prensa –realizado en alianza con la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)- en el que Cuba, Venezuela y Nicaragua “siguen compartiendo los tres últimos puestos con una ausencia total de esas libertades”. Jorge Canahuati, presidente saliente de la SIP, condenó el cierre de 300 medios de comunicación en Venezuela en los últimos años, y puso a nuestro país como ejemplo para señalar cómo algunos gobiernos utilizan la Justicia para clausurar medios de comunicación.
En esa ocasión, Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional, manifestó: “En Venezuela, el régimen ordena apagar la libertad de expresión bloqueando Internet, que es la única vía por la cual el periodismo independiente se expresa. Lo hace ordenando a las compañías telefónicas bloquear todas las páginas web del periodismo independiente”. Añadió que “es algo muy alarmante” que, junto a ese bloqueo, ocurran las agresiones contra reporteros y periodistas durante la cobertura informativa y el cierre de las estaciones de radio. El propio portal digital de El Nacional ha sido acosado, en variadas formas, por el régimen dictatorial.
Unas 40 organizaciones no gubernamentales, en un comunicado conjunto publicado el pasado 28 de octubre, rechazan la “suspensión masiva” de transmisiones radiales por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el brazo ejecutor gubernamental de la medida, así: “Las organizaciones que suscribimos el presente comunicado rechazamos la gestión opaca y arbitraria de Conatel que derivó en la suspensión masiva de transmisiones de decenas de emisoras radiales en varios estados del país durante los últimos meses”, recordaron que ese cese de operaciones impacta en un “ecosistema de medios restringidos desde hace varios años”, y señalaron a la ciudadanía como “la principal afectada por falta de espacios plurales para opinar, informar y enterarse de lo que pasa en sus localidades”, que “estas prácticas impiden que las personas tomen decisiones razonables o lo suficientemente informadas frente a situaciones que les afectan”, criticaron que la gestión del espectro radioeléctrico opere “bajo esquemas discrecionales” y exigieron al Estado que ajuste la legislación “a los estándares en materia de derechos humanos”, que garantice de forma amplia la libertad de expresión, que ofrezca seguridad jurídica y permita el ejercicio pleno del derecho a la defensa”, y exhortaron a Conatel a generar “condiciones de igualdad y equidad para facilitar el uso legal y legítimo del espectro radioeléctrico”.
La arremetida contra las radios, tal como lo señaló el escritor Trino Márquez, permite “silenciar las voces de protesta por el Estado en que se encuentran los servicios públicos y la infraestructura nacional, o por el incremento de los precios de los alimentos, o por cualquiera de las numerosas razones que tienen los venezolanos para quejarse por la ruina provocada por el chavismo- madurismo…para que la corrupción no se denuncie”. Según medición realizada por la Universidad Católica Andrés Bello, 94% de la población está bajo el umbral de la pobreza, de los cuales 76,6% vive esta situación en miseria. Los expertos consideran que Venezuela atraviesa una emergencia humanitaria compleja, en la que es necesario mirar en conjunto las condiciones de habitabilidad, educación, protección social y otros aspectos para una mejor comprensión de la pobreza nacional, es decir, la llamada pobreza multidimensional. Así celebró el país el 17 de octubre pasado el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
La dictadura de la era chavista sigue. Desde que ascendió al poder en 1999, han transcurrido 23 años. Le faltan cuatro años para alcanzar la elipse existencial de esa otra etapa oscura, sangrienta y dramática que encabezó Juan Vicente Gómez. La tiranía que ahora padecemos ha tardado en encontrar su epitafio político.
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