El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio se mantiene cumpliendo con sus obligaciones con el país, aseguró Antonio Marval, presidente de la institución, en conversación con El Nacional.
El 3 de diciembre de 2019, Antonio Marval fue juramentado como presidente del tribunal en sustitución de Miguel Ángel Martín. La juramentación se dio en medio de un proceso que fue criticado por algunas personas. Sin embargo, Marval insiste en que el procedimiento se hizo de manera transparente y cumpliendo con la ley.
El domingo pasado, en sesión plenaria, el TSJ en el exilio eligió su nueva junta directiva con mandato hasta octubre de 2024. También pidió el acatamiento pleno de sus decisiones. Por mayoría de sus 22 integrantes, los magistrados designaron como sus directivos a los juristas Antonio Marval, Pedro Troconis, Domingo Salgado, Zuleima González, Luis Ramos y Rafael Ortega.
«Independientemente de algunos inconvenientes en el proceso de elección de nuevas autoridades del TSJ en el exilio, el propio presidente saliente me juramentó como nuevo presidente del máximo tribunal, tal como consta en actas de la plenaria de la institución y en diversas reseñas periodísticas. Quienes insistan en generar polémica sobre la legitimidad de nuestra junta directiva no solo deben recordar ese acto de transmisión de la responsabilidad presidencial en el ente judicial, sino que además tendrían que ponderar que hoy los magistrados que conformamos la institución, por encima del ya citado grave sacrificio personal y familiar, nos mantenemos unidos y en desarrollo armónico de nuestras responsabilidades en favor de Venezuela», dijo Marval a El Nacional.
Sobre la actuación del TSJ, Marval respondió las declaraciones que el expresidente del TSJ dio a El Nacional recientemente, en las que aseguró que mientras se desempeñó como presidente del tribunal su gestión estuvo presionada por los partidos políticos de la oposición venezolana.
«No. Aunque haya quien se incomode, los partidos políticos no condicionan ni condicionarán la actuación de este legítimo TSJ», aseguró Marval en referencia a las declaraciones de Martín.
Una de las medidas que Martín dijo que no se pudo cumplir fue la aplicación de la ayuda humanitaria y la responsabilidad de proteger para Venezuela, impulsada por algunas factores políticos de la oposición. Sobre este asunto, Marval resaltó que el TSJ en el exilio cumplió con su parte.
«Somos un órgano colegiado y, desde el 2017 hasta ahora, sin importar quién presida la institución, todos los magistrados hemos respondido a la necesidad del mejor acompañamiento de la comunidad internacional a los esfuerzos de los venezolanos para superar al régimen dictatorial», explicó Marval.
—¿Cuál sería su balance sobre la situación en la que se encuentra el TSJ en el exilio?
—Hablar de la situación del legítimo TSJ impone dividir el tema al menos en dos partes: sobre la labor del TSJ debemos informar que las seis salas en las que nos organizamos (constitucional, político administrativa, electoral, casación civil, casación penal y casación social), hemos emitido más de 70 medidas, entre autos, resoluciones y sentencias, desde el 13 de octubre de 2017, fecha en la que nos constituimos en la sede de la Organización de Estados Americanos.
Luego del cambio de nuestra directiva, el 29 de octubre de 2020, se mantuvo el trabajo de los magistrados, generando decisiones, como la de la solicitud a la comunidad internacional de incorporar a la lista de personalidades y organizaciones terroristas al Partido Socialista Unido de Venezuela y a más de 20 cuadros políticos de la dictadura venezolana, dentro de los que destacan Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino. Se declaró inválida la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral y posteriormente la invalidez de la convocatoria a elecciones parlamentarias, con lo que también se decidió la continuidad de los legisladores nacionales electos en los comicios de 2015. Más recientemente se decidió la continuidad del gobierno interino de Venezuela hasta que legítimamente sea electo un nuevo presidente de la República y también se procedió a requerir del gobierno interino la presentación de cuentas conforme a lo demandado por la Constitución de la República. Segundo: respecto de los 23 magistrados que conformamos el tribunal, es necesario y además justo señalar que no obstante la dedicación a nuestro compromiso como jueces venezolanos, también hacemos grandes esfuerzos para poder sobrellevar económicamente los rigores de un exilio forzado por la represión de la dictadura, dedicándose en muchos casos a durísimos trabajos, dado que ni un solo dia de nuestra labor como legítimos altos funcionarios ha sido correspondido con salario, ni dieta de ninguna especie, por lo que también hemos tenido que emprender gestiones judiciales para lograr el reconocimiento de nuestra propia licencia para acceder a los fondos de la República, como han accedido por su parte los funcionarios derivados del gobierno interino, en funciones desde 2019, dos años después de nuestra legítima designación.
—¿Cree que el TSJ en el exilio aún es útil para el país? ¿Qué medidas se podrían impulsar desde este órgano?
—Este TSJ es la única y legítima instancia de gobierno judicial autónomo e independiente, por lo que su utilidad no solo es inmanente a la lucha por la recuperación del Estado de Derecho en Venezuela, sino que además, con sus decisiones, nutre el camino a la reparación de derechos conculcados por la dictadura a nuestros connacionales, y marca las bases conforme a las que puede reconstruirse el sistema constitucional democrático, respetuoso de los derechos humanos y garante de las libertades ciudadanas.
—Han impulsado sentencias, una de ellas contra Maduro. Otras medidas contra miembros de la oposición. ¿Cómo ha avanzado esto?
—En el caso específico, personal, de Maduro, antes de solicitar su ingreso a los listados de personas y grupos ligados al terrorismo, ciertamente se desarrolló un juicio en 2018 y se sentenció como culpable de los delitos de corrupción y legitimación de capitales, sujeto de una condena superior a 18 años de prisión y una multa que entre ambos delitos superó los 35.000 millones de dólares americanos. Esta sigue siendo una sentencia firme, frente a la que en su momento deberán actuar los organismos de seguridad nacionales e internacionales. El tribunal cumplió con su labor, independientemente de que otras instituciones no hayan procedido a dar cumplimiento a esta, que como todas nuestras sentencias son basadas en la objetividad y apegada a las leyes venezolanas.
—En los últimos días se han conocido hechos de corrupción que involucran a sectores políticos de Venezuela, por ejemplo el caso de Pdvsa. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cree que en algún momento podrá avanzarse en investigaciones que lleven a conocer la mayoría de los hechos de corrupción en el país?
—A través de las correspondientes salas, cualquier justiciable que cumpla con las exigencias requeridas para hacer solicitudes al legítimo TSJ ha tenido y tendrá respuesta oportuna y en absoluta atención a nuestro marco jurídico. En los casos que usted refiere puede cualquier ciudadano requerir la actuación del tribunal, por lo que nos es imposible adelantar opinión. Sin embargo, al margen de nuestra disposición a admitir y procesar un caso debidamente sustanciado sobre temas afines a lo que usted refiere, acentúo que entre nuestros actos, sentencias y resoluciones es permanente la alusión a la necesidad de respetar las exigencias constitucionales sobre los principios de transparencia y presentación de cuentas. La corrupción debe ser sancionada venga de donde venga.
—¿Se mantiene el TSJ en el exilio? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo ve en el futuro?
—Como comenté anteriormente, el TSJ se mantiene activo y correspondiendo al mandato constitucional que recibió en 2017 porque sus magistrados no han abandonado sus obligaciones y más bien multiplican sus esfuerzos personales para conocer de los casos en cada una de las salas, procurando administrar justicia no solo autónoma e independiente, sino también oportuna. Ahora, los magistrados nos mantenemos a fuerza de nuestro propio sacrificio, trabajando unos en oficios pesados y manuales, otros en el campo de la docencia, muchos enfrentando dificultades migratorias, no pocos encarando problemas de salud, y todos ignorados hasta ahora en el respeto a nuestro propio derecho humano a recibir la remuneración correspondiente a nuestra labor de máximos jueces. Esto obviamente contrasta por los momentos con el empleo de activos venezolanos para la manutención de otros funcionarios, pero no acarrea el abandono de nuestro compromiso con Venezuela y sus demandas de justicia. Esperamos que en el futuro más próximo, y a propósito de nuestras propias diligencias, se reconozca el derecho que tenemos a recibir el pago por nuestro trabajo, para el cual fuimos legítimamente nombrados por un lapso de 12 años a partir del 21 de julio de 2017.
—¿Cree que en Venezuela pueda nacer una estrategia que permita el retorno de la democracia y el Estado de Derecho? ¿Hacia dónde cree que debe ir direccionada esa estrategia?
—Los magistrados del TSJ estamos en nuestra área de competencia defendiendo la Constitución de las más diversas desviaciones de poder en que ha incurrido el régimen dictatorial, que desconoce y viola el Estado de Derecho. Por eso todas nuestras decisiones conducen a ser base de la construcción de un sistema más robusto en el que imperen la libertad, el respeto a los derechos humanos y una más sólida democracia. La nuestra es una parte muy importante de lo que usted llama “estrategia para el retorno de la democracia y el Estado de derecho”, y en la que entendemos deben engranar en sincera y fuerte unidad de propósitos los sectores políticos y ciudadanos que hacen frente a la tiranía.
—Hace poco el exmagistrado Miguel Ángel Martín dijo durante una entrevista que desde su presidencia en el TSJ se impulsó la activación del artículo 187, numeral 11, pero que los partidos intervinieron. ¿Cuál es su opinión? ¿Los partidos tienen influencia en el TSJ en el exilio?
—Somos un órgano colegiado y desde el 2017 hasta ahora, sin importar quién presida la institución, todos los magistrados hemos respondido a la necesidad del mejor acompañamiento de la comunidad internacional a los esfuerzos de los venezolanos para superar al régimen dictatorial. Es cierto que frente a la responsabilidad de proteger (R2P), la apertura de un canal internacional de ayuda humanitaria para el pueblo de Venezuela, reincorporación de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y otros asuntos en el campo esencialmente humanitario, como un equipo sólido hemos emitido resoluciones y sentencias y que luego en torno a algunas de ellas se han desatado polémicas políticas. Pero insisto en que las nuestras son decisiones firmes, que deben ser acatadas. Y no, aunque haya quien se incomode, los partidos políticos no condicionan ni condicionarán la actuación de este legítimo TSJ.
—Muchos cuestionan la forma en la que se realizó su juramentación como presidente del TSJ. ¿Fue legítima? ¿Creó fracturas en el TSJ en el exilio?
—Independientemente de algunos inconvenientes en el proceso de elección de nuevas autoridades del TSJ, el 29 de octubre de 2020, el propio presidente saliente me juramentó como nuevo presidente del máximo tribunal, tal como consta en actas de la plenaria de la institución y en diversas reseñas periodísticas. Quienes insistan en generar polémica sobre la legitimidad de nuestra junta directiva no solo deben recordar ese acto de transmisión de la responsabilidad presidencial en el ente judicial, sino que además tendrían que ponderar que hoy los magistrados que conformamos la institución, por encima del ya citado grave sacrificio personal y familiar, nos mantenemos unidos y en desarrollo armónico de nuestras responsabilidades en favor de Venezuela.
—Se ha perdido un poco la atención en el TSJ en el exilio. ¿Se ha perdido el respaldo de la comunidad internacional y de organismos como la OEA? ¿Cree que la división en el TSJ contribuyó a ello?
—Le aclaro, no es verdad que se haya producido una división en el legítimo TSJ. A propósito del reconocimiento de la Organización de Estados Americanos a nuestra institución, le anexo las palabras del secretario general de la OEA, el doctor Luis Almagro, en ocasión de haber llegado en octubre de 2021 a los primeros cuatro años de vigencia de nuestro mandato. Si hubiera percepción de pérdida de interés o de atención al legítimo TSJ, resulta obligatorio seleccionar también esta respuesta en dos aspectos: es verdad que se ha desatendido la obligación de hacer respetar el derecho de los magistrados a contar con un presupuesto para su funcionamiento que incluya el salario determinado para su actuación como máximos jueces de la nación; y sí, es verdad también que en la medida en que autónoma e independientemente el tribunal ha desarrollado sus funciones, han surgido dificultades de acatamiento por parte de diversos actores, que en no pocas ocasiones trasciende a dificultades de información general de nuestro trabajo y hasta el intento de invisibilizar a los magistrados. Pero seguiremos cumpliendo con nuestros deberes, que obligatoriamente nos convocan a reparar la ausencia de un gobierno judicial independiente y no secuestrado políticamente.
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