Creer o no: la versión incorrecta del 4F (VIII)

Las resoluciones, esos documentos oficiales que notifican a nivel del Ministerio de la Defensa las decisiones, generalmente se encabezan –y este es un ejemplo con la correspondiente al ascenso a teniente coronel, del entonces mayor Hugo Rafael Chávez Frías– de la siguiente manera; “Por disposición del ciudadano presidente de la república y resolución de este despacho de la defensa, de conformidad con los artículos 154, 158 y 162 de la ley orgánica de las fuerzas armadas nacionales, se ascienden al grado de teniente coronel, a los siguientes mayores del ejército, con antigüedad del 5 de julio de 1990. Todo en concordancia con el contenido del artículo 62 de la mencionada ley”. El acto administrativo tiene el número E-1370 y la fecha 22 de junio de 1990. Lo suscribe el ministro de la época, el vicealmirante Héctor Jurado Toro, estrenándose oficialmente en el quinto piso. Eso es historia. El presidente Carlos Andrés Pérez dicta una disposición que asciende a Chávez al grado de teniente coronel por una resolución que avala el titular de la cartera de Defensa, de acuerdo con unas listas surgidas de la apreciación, de la revisión y de la calificación de unas juntas. Ese documento fue presentado en cuenta ordinaria al ministro por el entonces comandante general del Ejército, el general de división Carlos Julio Peñaloza Zambrano.Y eso funcionó de la siguiente manera.

Las juntas de ascensos empiezan a trabajar a principios de cada año. Otra resolución como las de ascenso designa a un grupo de meritorios oficiales para integrarlas. Existe una formalidad para abordar esos cuatro meses de comisión para decidir las promociones a los grados. La jerarquía en la institución armada es otra institución respetable dentro de la misma. Hay una revisión individual bien meticulosa de cada expediente de los aspirantes a ascender. Que será más minuciosa a medida que se va subiendo en los grados. Generalmente las agencias de inteligencia de las unidades de los componentes aportan todos los trompitos enrollados que tienen los aspirantes en los expedientes que se sustancian. La vida, la obra y los milagros de los oficiales se ventilan en esas reuniones de las tardes, donde la primera junta recibe un orden de precedencia inicial de todos los evaluados. Cuando se trata de casos muy particulares la Dirección de Inteligencia Militar remite un resumen según el caso y su gravedad. De manera que no hay posibilidades de que un rolincito se les vaya entre las piernas a los oficiales integrantes de esas juntas, quienes generalmente son profesionales calificados y de los primeros de sus promociones. En otros casos, los expedientes puntuales que residen en una oficina casi siniestra, dependiente de la dirección de personal que se llama departamento de moral y disciplina, se desempolvan y se sacuden del olvido circunstancial y dicen presente con las denuncias de maltratos a las esposas, deudas pendientes, hijos fuera del matrimonio, archivos en proceso por drogas, alcoholismo o sospechas de homosexualidad. Se trata de una carrera muy competitiva para recompensar a los mejores con el ascenso en tanto se hayan cumplido los extremos del mérito, del escalafón y de la plaza vacante. Ese es el deber ser. En un proceso donde hay la participación de seres humanos la posibilidad del fallo o de la pifia siempre estará latente con un criterio de excepción. El rasgo de la subjetividad privará siempre para sacar a alguien de la lista de ascensos o para meterlo, mientras no se genere un escándalo ni se proyecten daños colaterales. El caso del ascenso del entonces mayor Hugo Rafael Chávez Frías es de escándalo y de daños colaterales como lo que significa una conspiración y un golpe de Estado con todas las secuelas generadas posteriormente; entre ellas 24 años de revolución bolivariana que ha destruido al país. ¿Vale la pena hacer una revisión de ese proceso después de 30 años? La respuesta es… ¡Sí!

Y acá hago un alto para poder contextualizar de manera general el trabajo de promover o negar el ascenso de un profesional militar. LRD es un mayor del Ejército. Solo para garantizar la confidencialidad del nombre colocaré las iniciales, pero voy a desarrollar el hecho. Es el mes de noviembre de 1989. LRD ha demostrado a lo largo de su carrera suficientes competencias como para ser calificado como un militar integral y acumulando suficientes evaluaciones profesionales, físicas, intelectuales, académicas y morales para ser considerado el ascenso al grado inmediato superior. Ha pasado por los cargos de comando y operativos que son requisitos para ser evaluado y promovido. Tiene méritos suficientes, está ubicado entre los primeros candidatos dentro del escalafón y la plaza vacante para su cargo está abierta. Durante el mes de noviembre se vio involucrado en un accidente de tránsito mientras venía conduciendo su vehículo particular. La colisión con otro provocó muertos y heridos. Se abrió una averiguación penal como consecuencia del hecho y el tribunal correspondiente comunicó oficialmente a la dirección de personal del Ejército la condición sub judice del oficial por el delito de homicidio culposo. La primera tarde de trabajo de la junta de ascensos, uno de los primeros archivos que subió la dirección de personal y la de inteligencia fue el del mayor LRD con el dossier del choque y el oficio del tribunal de la causa. Inmediatamente la junta colocó su expediente con la recomendación negativa. Así subió a la siguiente junta y a la tercera. Y así bajó. No ascendió.

Esta antesala narrativa sirve para ilustrar de manera general cómo funciona institucionalmente el proceso valorativo de ascensos en el Ejército y otras fuerzas. Y para contrastarlo en cómo ha debido funcionar con el caso del entonces mayor Hugo Rafael Chávez Frías cuando le correspondió ser evaluado para ascender al grado de teniente coronel. Ese contraste es la obra del duendecillo de la ucronía quien siempre ha estado allí, listo para cerrar esos saldos pendientes de información confirmada con sus aportes de la imaginación.

La primera junta de ascensos al grado de teniente coronel del año 1990, la de apreciación, fue integrada por el general de brigada José Miguel Roberti Loyo, quien la presidía. En ese orden la integraban también los siguientes oficiales; coronel Francisco Guerra Pérez,  teniente coronel José Miguel Velásquez Rojas, teniente coronel Guaicaipuro Lameda Montero, teniente coronel Manuel Antonio Rosendo, teniente coronel Haydee Zerpa de Contreras. Todos excelentes profesionales. Uno imagina que después de las presentaciones y las formalidades iniciales de la instalación oficial, la primera tarea fue determinar el número de aspirantes y las plazas. De allí a organizar los tres montoncitos de expedientes con las clásicas identificaciones: de primeros los recomendados sin novedad, después los dejados para una nueva revisión, y por ultimo los no recomendados. Me exprimo el coco para ver en qué lote pudieron haber colocado la carpeta correspondiente al mayor Chávez y les doy el beneficio de la buena fe a todos los integrantes de la junta por haberla ubicado en el grupo de los no recomendados. Y adicionalmente asumo que agregados al expediente Chávez estaban otras voluminosas carpetas con las denuncias de la instigación a la conspiración en sus tiempos de teniente y capitán oficial de planta en la Academia Militar de Venezuela, el expediente académico durante su paso como oficial alumno en la Escuela Superior del Ejército, la vinculación con el caso de la salida del escuadrón de tanques Dragoon del batallón Ayala la tarde del 26 de octubre de 1988 y el aún caliente expediente sustanciado en los días 29 y 30 de noviembre de 1989 en lo que se denominò la tarde de los segundos comandantes. Tampoco me cabe ninguna duda que cuando subieron al quinto piso del Ejército a exponer su trabajo ante la siguiente junta –la revisora– todos, Roberti, Guerra, Velásquez, Lameda, Rosendo y Zerpa, quebraron sus lanzas corporativas en defensa de la institución de la jerarquía para que se mantuviera el expediente del mayor Hugo Chávez en la lista de los no recomendados. Tantos retardados por casarse y salir del país sin permiso, extraviar el arma de reglamento, reprobación en algún curso, o el mismo caso del mayor LRD bien merecían un acto de justicia igualitaria ante el funcionamiento del proceso de ascensos. Ese nivel de revisión estaba integrado por el comandante del Ejército, el general Carlos Peñaloza Zambrano, el inspector de la fuerza el general Fernando Ochoa Antich y el jefe de Estado Mayor, el general Antonio Roberto Delgado. Este es un buen momento para que el elfo de la imaginación se despliegue, pero es bueno que los lectores también aporten algo en ese particular de especular, conjeturar y suponer. El último nivel de junta es el correspondiente al del ministro Jurado Toro, quien recibe la lista del general Peñaloza, para examinarla, hacer las observaciones pertinentes y disponer la elaboración definitiva para consideración del presidente Pérez. Lo demás es historia que está contenida en la resolución E-1370 de fecha 22 de junio de 1990.

¿Eso no ocurrió realmente así? Es bueno que los protagonistas vivos de todas las juntas de ese entonces remitan sus respuestas a la conciencia. Ese terrible carcelero al que se enfrentan todas las noches antes de dormir. Y el resto de los venezolanos, con darle rienda suelta a la imaginación y sacar sus propias conclusiones, es suficiente.