Foto AFP
La violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que cometen los detentadores del poder de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia ejerciendo terrorismo de Estado, cursan en innumerables informes, investigaciones y reportes que prueban reincidencia criminal con impunidad y someten a indefensión a los pueblos. El desacato de las dictaduras a repetidos pedidos y resoluciones de organismos y gobiernos desacredita al sistema internacional y fortalece a los dictadores, pero impone a las democracias la urgencia de pasar de las declaraciones a acciones efectivas.
La 52 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos de la OEA acaba de emitir “Resolución sobre la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua” aprobada por aclamación, en la que insta al régimen de Daniel Ortega que “cese toda acción violenta contra la población y que restablezca plenamente los derechos cívicos y políticos, las libertades religiosas y el Estado de Derecho”… “libere inmediatamente a todos los presos políticos en cumplimiento de las decisiones y recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
También desde la 52 Asamblea General de la OEA, nueve países, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Estados Unidos, Paraguay y Uruguay “exigieron al régimen de Nicolás Maduro liberar a todos los presos políticos” que hay en Venezuela, expresando su preocupación por “las violaciones sistemáticas de derechos humanos que siguen ocurriendo en Venezuela…”.
La resistencia civil a las dictaduras de Cuba y sus satélites organizaron y participaron de eventos en torno a la Asamblea General señalando los crímenes de las dictaduras del socialismo del siglo XXI o castrochavismo, los miles de presos políticos y las crisis humanitarias. Activistas por la libertad y los derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y familiares de las víctimas buscaron contacto con cancilleres y autoridades para recordarles la realidad de la región con presos, tortura y exilio político.
Al recordar un año del 11 de julio de 2021, en que el pueblo cubano salió a las calles para pedir pacíficamente libertad “Patria y Vida”, el relator para Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos certificó “seis olas represivas” de la dictadura contra la población, expresando que: “Los patrones de violación de los derechos humanos observados en Cuba, a través de las diferentes acciones represivas dirigidas a reprimir las voces disidentes y los reclamos ciudadanos por cambios políticos y sociales se presentan como parte de una situación estructural que tiene como raíz la propia ausencia de democracia en el país”.
El 20 de septiembre pasado se publicó el informe de la “Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela” que detalla las responsabilidades por crímenes de lesa humanidad para reprimir a la disidencia a través de los organismos de inteligencia del Estado con acciones del dictador y por personas de más alta autoridad. Institucionalización de terrorismo de Estado, torturas y asesinatos con impunidad.
Bajo “reserva” por 9 meses, “se filtró” el informe 394/21 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Caso 13.546 emitido el 21 de diciembre de 2021 que “concluye que el Estado boliviano es responsable por la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad personal garantías judiciales…” en el caso de la masacre perpetrada en abril de 2009 en el Hotel las Américas bajo órdenes de Evo Morales. Tortura, asesinatos, impunidad.
Los pedidos de liberar presos políticos en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, por repetidos e ineficaces se convierten en una forma de complicidad de las democracias y sus líderes, que luego de tales expresiones siguen cohabitando, comerciando, ayudando y legitimando a los regímenes dictatoriales. Los presos políticos son moneda de cambio criminal que las dictaduras usan para negociar y continuar en el poder porque las democracias se lo permiten.
Hay acciones efectivas políticas, individuales, económicas y jurídicas: políticas, desde el retiro de embajadores hasta la ruptura de relaciones; individuales, son sanciones que presionan los apoyos políticos, económicos y operativos de los regímenes; económicas, para reducir la capacidad de financiación y sostenimiento de las dictaduras, desde la prohibición de transacciones de activos y reservas de sus bancos centrales hasta la exclusión de entidades bancarias del sistema de mensajería segura SWIFT; jurídicas, la aplicación diligente de normas internacionales como el Estatuto de Roma, La Carta Democrática Interamericana, el TIAR, la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada y más.
Artículo publicado en Infobae.com
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