La Fiscalía de Perú afirmó este lunes que existe un «peligro de fuga» de la primera dama, Lilia Paredes, al argumentar los motivos por los que ha solicitado que se ordene una medida de comparecencia con restricciones ante las autoridades y otra de impedimento de salida del país durante 36 meses.
«Consideramos que esta medida es la más adecuada y óptima para evitar el peligro de fuga», aseguró el fiscal Jorge García Juárez en una audiencia antes de indicar que con estas restricciones «se garantizará su presencia en los actos» de la investigación que se sigue contra una presunta organización criminal en el gobierno peruano.
El fiscal también pidió que Paredes sea sometida a un control judicial mensual, no pueda ausentarse de la localidad donde reside, se le prohibida comunicarse con los investigados en el caso e ir a los ministerios y municipios supuestamente vinculados, y se le imponga una caución (fianza) económica de 100.000 soles (unos 25.700 dólares).
Los argumentos del Ministerio Público fueron expuestos en una audiencia convocada por el juez Raúl Justiniano, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, quien también escuchó al abogado de Paredes, Benji Espinoza, que pidió que se rechace el pedido.
Posición fiscal y de la defensa
Según la versión fiscal, en la presunta organización dedicada a adjudicar obras públicas a cambio de dinero también están involucrados otros miembros del Ejecutivo y familiares de Paredes, por lo que extendió la petición de las restricciones e impedimento de salida del país para sus hermanos Walter y David.
En el caso se ha implicado también a la hermana menor de la primera dama, Yenifer Paredes, quien fue criada como una hija por la pareja presidencial y desde agosto cumple una orden de prisión preventiva de 30 meses.
Se investiga además al empresario Hugo Espino, quien declaró ante la Fiscalía que coordinó con Lilia y Yenifer Paredes en el Palacio de Gobierno un acuerdo para ser testaferro de la familia de Castillo, recibió depósitos de dinero de ellos y pagó sobornos para adjudicarse obras de infraestructura con el Estado.
Esta declaración fue uno de los principales «elementos de convicción» que citó el fiscal para argumentar su pedido contra la primera dama, así como que su hermana cumple prisión preventiva y habría sido la «lobista» (gestora de intereses) en este caso.
En respuesta, el abogado de Paredes, Benji Espinoza, aseguró que no existe «sospecha razonable» para que se ordene una comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país para la primera dama, por lo que pidió al juez que declare infundado el pedido.
Espinoza enfatizó en una supuesta «orfandad» de argumentos en el pedido fiscal y en que «no hay ningún elemento de convicción que demuestre» que Lilia Paredes era «la coordinadora» de ese supuesto grupo, tras lo cual consideró que la acusación de organización criminal «es el cajón de sastre de la Fiscalía, que no tiene elementos para argumentar».
Seguirán las audiencias
La primera audiencia de este caso estuvo prevista para el 29 de septiembre, pero el juez la reprogramó para este lunes a solicitud del abogado Espinoza, y tras escuchar a las partes durante cuatro horas señaló que la siguiente sesión se realizará desde las 14:00 horas (19:00 GMT) del miércoles.
El presidente Pedro Castillo tiene abiertas en su contra seis pesquisas preliminares del Ministerio Público, que lo investiga por supuestamente encabezar esta red corrupta, así como por la licitación para la compra de biodiésel para la estatal Petroperú.
También por el presunto encubrimiento de los prófugos Juan Silva, exministro de Transportes, y su sobrino Fray Vásquez, denunciados por participar en las coordinaciones de esa presunta organización.
El mandatario es investigado de manera preliminar, además, por presuntas irregularidades en ascensos policiales y militares y por el supuesto plagio de su tesis de maestría.
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