Francisco José de Roux
“Una cualidad de la justicia es hacerla pronto y sin dilaciones; hacerla esperar es injusticia”, Jean de la Bruyere.
En Colombia la justicia es una moribunda institución que no hace honor a su nombre ni a su finalidad; muestra de ello es la impunidad que ronda entre 93% y 95%, según datos de la Fiscalía General de la Nación, lo que significa que de cada 100 capturas solo 5 sujetos son procesados y condenados por hechos delictivos por los que deben pagar.
Pero como si ya las cosas no fueran una vergüenza en este sistema de justicia, con ocasión del acuerdo de impunidad con los terroristas de las FARC, se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, que integra instituciones como la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición Civil, la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del Conflicto, y la Agencia de Renovación del Territorio.
Todo ese llamado sistema de “justicia” les ha costado a los colombianos entre 2017 y 2022, la friolera de $2.286.166.899.432. Son dos billones de pesos, para ver a los criminales que firmaron eso que llamaron la paz, en las calles en la impunidad o en el Congreso haciendo leyes para sus víctimas que no han sido atendidas porque esa es una verdad que incomoda.
Crearon la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición Civil, con la dirección del cura Francisco José de Roux y 11 comisionados, todos con claras inclinaciones políticas que en nada podían contribuir con la verdad de las masacres y violaciones de los derechos humanos cometidas por las FARC.
Esa Comisión, que yo llamo la Omisión de la Verdad, no ha hecho más que recoger informes de colectivos de abogados de izquierda, de la ONG Justicia y Paz, que también es del cura Javier Giraldo.
Esta es la misma plataforma que han venido usando para reescribirnos la historia y para convertir al Ejército Nacional en genocida y dejar la idea de que el Estado es el único responsable de las masacres, el narcotráfico y el terrorismo.
Para mí es absolutamente cuestionable que una Comisión que se dice reescribió la verdad, no hubiera analizado a profundidad los ataques terroristas como el de Bojayá al que le dedican un par de renglones y que no dijeran nada del reclutamiento forzoso de nuestros niños para violarlos y usarlos como carne de cañón.
Ese informe de cientos de páginas relata quiénes fueron los victimarios y cuáles las víctimas, pero nunca revela las razones que tuvieron los terroristas para cometer todo tipo de atrocidades reprochables a la luz del derecho internacional.
La Comisión de la Verdad costó en cuatro años de funcionamiento $391.591.528.706, casi medio billón de pesos, para que al final pusieran un informe a la medida de los victimarios que revictimiza a los que fueron objeto de violaciones de los derechos humanos por parte de las FARC.
El informe final de la Comisión de la Verdad, parece más el programa de gobierno de Gustavo Petro, que un documento que aporte a la verdad de lo que ha pasado en este país plagado de violencia.
Muestra de lo anterior es que el cuaderno sobre recomendaciones busca que se replantee la lucha penal contra cultivadores de coca, buscando la legalización, replantear la extradición con Estados Unidos, crear un Ministerio para la Paz, ratificar Escazú, acelerar reforma Rural Integral, aprobar solicitudes de zonas de reserva campesina, definir la frontera agraria, avanzar con el catastro multipropósito, y ajustar la estructura de las Fuerzas Militares y la Policía.
Veo a la Comisión de la Verdad presidida por el cura Francisco de Roux que comparte la ideología marxista, de la teoría de la liberación, creando una plataforma doctrinaria para torcer la verdad y engañar a las nuevas generaciones
Este es un país atrapado, cartelizado, lleno de mafias donde las leyes tienen dueño y las entidades también, donde no se entiende la historia lo que hace difícil que podamos ser viables como Estado.
Nosotros como sociedad tenemos la obligación moral de oponernos a una verdad sesgada, construida a la medida de los victimarios y que resulta en una ofensa a las víctimas de este país que después de seis años no han sido tomadas en cuenta para construir la verdad, esa verdad que se debe escribir con las víctimas.
Un país sin verdad, sin justicia y sin reparación, es el caldo de cultivo para nuevas guerras, todas alimentadas por el narcotráfico, ese que las FARC negaron, pero que los ha alimentado durante tantos años.
María Fernanda Cabal es senadora de la República de Colombia
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