Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) intentaron ingresar a la sede de Provea, en el centro de Caracas, este martes 20 de septiembre, pasada las 10:30 am.
La organización denunció en Twitter que el objetivo de los funcionarios era intimidar a familiares de los trabajadores Alcides Bracho, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo, Alonso Meléndez, Emilio Negrin y Reynaldo Cortés que realizaban una rueda de prensa para exigir la libertad de estos.
La ONG explicó que le pidieron a los funcionarios del Sebin una orden judicial para ingresar al lugar, pero los uniformados no la tenían. «Se mantuvieron en los alrededores por más de 30 minutos», expresó Provea en un mensaje publicado en Twitter.
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Bracho, Meléndez, Negrín, Blanco, Cortés, Astudillo y Pérez están detenidos desde julio. Seis de los defensores permanecen recluidos en la sede de la Dgcim y uno en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en La Yaguara.
De acuerdo con el último reporte de la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 245 presos políticos, de los cuales 118 son civiles y 127 militares.
Informe de la ONU
Un informe, elaborado por la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela y que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos el 26 de este mes, describe el horror de los centros de detención, especialmente El Helicoide, sede principal del Sebin, y Boleíta, su homólogo militar de la Dgcim.
El Sebin y la Dgcim «son parte de un mecanismo diseñado para ejecutar el plan gubernamental de reprimir la disidencia y apuntalarse en el poder», destacó la presidenta de la misión, Marta Valiñas, al presentar el informe.
Este cita a 11 personas como principales responsables de los abusos cometidos en esos centros, y en el caso del Sebin señala al actual director general, Gustavo Enrique González, al director de El Helicoide (principal centro de detención) entre 2014 y 2018, Carlos Alberto Calderón, y a su número dos en ese período, Ronny González.
En el caso de la Dgcim se menciona al director general Iván Rafael Hernández y a antiguos responsables de distintos estamentos del organismo: Rafael Antonio Franco, Hannover Esteban Guerrero y Alexander Enrique Granko.
Otros cuatro responsables de estos abusos, a menudo cometidos por ellos en persona, son mantenidos en el anonimato por el informe, lo que en palabras de Valiñas se hace para «evitar que sean utilizados como chivos expiatorios mientras funcionarios a más alto nivel huyen de la rendición de cuentas».
Los abusos que se describen en el informe, elaborado con base en 246 entrevistas confidenciales a víctimas, familiares y exfuncionarios, incluyen golpes con objetos tales como bates o mesas, asfixias con bolsas de plástico o humo de granadas, descargas eléctricas a los detenidos o violaciones, algunas con palos de madera.
También se denuncia el uso de la «señorita», un dispositivo de tortura mediante la introducción de la víctima en tanques de agua, abusos psicológicos denominados «tortura blanca», amenazas de violar y matar a los familiares de los detenidos, o colocación de alfileres debajo de las uñas.
Aunque el período con más detenciones en estos centros fue el comprendido entre 2016 y 2019, «las violaciones en ambas agencias continúan hoy en día, en un clima de total impunidad», hasta el punto de que muchos de sus autores han sido ascendidos en años recientes, añadió el miembro de la misión de la ONU, Francisco Cox.
La Misión de la ONU emite un duro informe sobre represión, patrones de tortura, responsabilidad por crímenes internacionales en Venezuela y la policía política SEBIN se presenta frente a la reconocida ONG PROVEA#QueSigaLaMisión #FFM https://t.co/n2L7KxPkDO
— Marcos Gómez 🕯 (@GomezMarcos) September 20, 2022
Denunciamos que funcionarios del SEBIN intentaron ingresar a la sede de PROVEA para intimidar a familiares de trabajadores que realizaban rueda de prensa por sus casos.
Les pedimos orden judicial para ingresar, no la tenían.
Se mantuvieron en alrededores por más de 30 min #20Sep pic.twitter.com/tvCSpxNKpy— PROVEA (@_Provea) September 20, 2022
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