Enfrentamientos, protestas y más de 280 muertes por la ola de violencia que fue escalando en Nicaragua en los últimos tres meses son el retrato de una crisis institucional que acompaña a la región desde hace un tiempo.
El escenario sociopolítico cambió por completo, y con él se abren una serie de interrogantes sobre cuál fue el comienzo del conflicto, cómo se llegó a ese punto, e inevitablemente las expectativas a futuro.
De acuerdo con especialistas que dialogaron con La Nación de Argentina el contrato que mantenía el presidente Daniel Ortega con la sociedad nicaragüense se quebró a partir de la reducción del 5% en las jubilaciones y ahora la fotografía del país es pesimista: se trata de una situación «contra reloj».
1. El detonante:
Julieta Rostica, socióloga, magíster en Estudios Latinoamericanos, e investigadora asistente del Conicet, explicó que la reforma del sistema previsional fue un puntapié que desencadenó una sucesión de protestas que tuvieron lugar a partir del 18 de abril, pero «que destapó la olla de otra serie de conflictos que se venían expresando de forma solapada».
En esa misma línea, Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos (CIDH) identificó a la reforma de la jubilación, el incendio de la reserva Indio Maíz, y el pedido de autonomía universitaria como los detonantes explícitos que generaron la ruptura entre el gobierno y parte de la sociedad nicaragüense. Pero aclaró:
«Todo esto tiene un trasfondo de cuando se cambió la constitución para permitir la reelección indefinida y de cuando Ortega se presentó a él como candidato presidencial y a su mujer como vice, ya que parte de la sociedad cuestiona la veracidad y la credibilidad del resultado electoral».
2. Una historia repetida:
Daniel Ortega, tuvo su primer mandato entre 1979 y 1990, producto de la Revolución Sandinista que luchó en contra de la dictadura de Somoza y retomó el poder en 2007 por medio de elecciones, a las que se le sucedieron otras dos hasta el día de la fecha. Pero durante ese proceso, el líder nicaragüense empezó a ser señalado como el responsable de haber manipulado elecciones y ejercido el control sobre la justicia, el Poder Legislativo y los medios.
El descontento social se afianzó aún más por querer instaurar una «dictadura familiar» junto con su esposa, la vicepresidenta, Rosario Murillo. Probablemente, es una de las críticas que resuenan con mayor fuerza dentro de la oposición, que acusa al mandatario de «repetir la historia» de Somoza, que se caracterizó por imponer una dinastía familiar opresora.
El personalismo que rodea la figura de Ortega y su mujer ha crecido de tal forma en la región que algunos nicaragüenses optan por llamarlos «la pareja presidencial».
Acerca del proceso electoral y sus deficiencias, Rostica sostuvo que con un conjunto de reformas que comenzaron a gestarse a partir del 2008 también desapareció la oposición partidaria en Nicaragua. Tal es así que el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) quedó sin personería jurídica hasta la actualidad. «Siempre está la discusión sobre cuál fue el grado de abstencionismo, es decir, la participación de las últimas elecciones de 2016».
3. Pacto quebrado:
La inestabilidad política, asociada, en gran medida, a las dudas sobre la transparencia electoral y la falta de representatividad partidaria, se mantuvo a lo largo del tiempo.
«Resignaban estabilidad política a cambio de habilidad macroeconómica y cierto crecimiento económico y un nivel de beneficios sociales», dijo Bruno Binetti, investigador asociado del centro de análisis de políticas públicas Diálogo Interamericano.
Mientras que algunos nicaragüenses hablan de un pueblo «adormecido», Rostica adjudica esta tolerancia a los indicadores positivos con respecto a la alfabetización y la pobreza.
«No se puede negar el reconocimiento y la ampliación de derechos sociales. Además, en perspectiva comparada con los países del triángulo del norte [Guatemala, Honduras, y El Salvador], quienes tienen las tasas más altas de homicidios y violencia, Nicaragua logró controlar esos índices».
Pero la investigadora del Conicet aclara que tales indicadores, que contenían la conflictividad social, se vieron perjudicados con la crisis que atraviesa Venezuela, ya que al mantener una alianza estrecha con el país, el impacto sobre Nicaragua afectó directamente a la población. Claro está, que el quiebre del pacto no se puede explicar sin tener en cuenta principalmente la escalada de violencia que se desencadenó en estos tres meses, así como también las protestas masivas.
«Cuando se disparó el proceso de manifestaciones el gobierno reaccionó con su postura tradicional de incorporar turbas sandinistas, quienes están a cargo del amedrentamiento de la gente y si bien muchas veces ha funcionado, esta vez la reacción civil fue muy fuerte, lo que generó un contraataque desproporcionado por parte del gobierno», analizó Abrão, en relación a la participación de las fuerzas paramilitares y parapoliciales.
Las poblaciones comenzaron a protegerse creando barricadas que se multiplicaron y los estudiantes empezaron a ocupar por los menos tres universidades. Entre ellas, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), la última toma que fue desactivada el viernes pasado tras un violento operativo de las fuerzas de choque sandinistas. En medio del pedido del presidente de Nicaragua por «la paz» y la «reconciliación» del país, el desalojo se tornó una batalla campal.
4. Los roles de la Iglesia y la comunidad internacional:
Las consecuencias del enfrentamiento no solo incrementaron el número de fallecidos, sino también la participación de la Iglesia como mediador en el conflicto. El asedio a los estudiantes de la UNAN se trasladó a la parroquia Divina Misericordia, que dada la cercanía con la universidad fue elegida como refugio de más de 200 personas que se atrincheraron en la capilla, al cuidado de dos párrocos. El conflicto se extendió toda la noche y dejó un saldo de dos muertos, cuatro desaparecidos y varios heridos, algunos de gravedad.
Fue la mediación del cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes y el nuncio apostólico, Stanislaw Sommertag, la que evitó que creciera el número de víctimas. Sin embargo, aunque la Iglesia fue la responsable de sacar y trasladar a los jóvenes de la capilla, no pudo garantizar posteriormente el bienestar de todos, ya que muchos de ellos tienen miedo de ser perseguidos, torturados o terminar sin vida.
«Si bien la iglesia fue institucionalmente bastante cercana a Ortega, la situación se volvió insostenible cuando las fuerzas paramilitares empezaron a atacar las parroquias sin piedad. Además, recientes cambios en la cúpula generaron que se convirtiera en el único contrapeso institucional desde afuera», analizó Binetti.
Las denuncias de «desaparecidos», el aumento del número de víctimas en protestas y el enfrentamiento con la iglesia son algunas de los signos de alarma que aumentaron la preocupación y participación de la comunidad internacional en el conflicto. Tanto la OEA como la ONU se encuentran discutiendo en estos momentos en base al informe final que presentó el CIDH sobre la situación en Nicaragua, y la posibilidad de adelantar las elecciones o restablecer una mesa de diálogo.
5. Todo o nada:
Según Binetti el régimen de Ortega está cada vez más aislado. «Incluso los empresarios le soltaron la mano, ni siquiera los sandinistas de toda la vida están con él. Se creía que tenía la dictadura perfecta, que se había reinventado después de haber pasado de ser un líder revolucionario a uno pragmático, asociado a los empresarios, pero le explotó todos por los aires; no creía que había tanto deseo de vivir en una democracia», dijo.
Aclaró que en este caso Ortega y Murillo «se están jugando a todo o nada», en relación a la diferencia de contextos entre la última vez que el mandatario nicaragüense dejó el poder y ahora. En esa oportunidad, el líder sandinista se fue antes de un posible estallido, con elecciones libres y «cierta legitimidad». Además, señaló que el margen internacional es un factor importante a tener en cuenta, ya que en la actualidad Nicaragua cuenta con una capacidad finita de financiamiento externo.
Para el secretario ejecutivo de la CIDH «la fotografía actual de la región es pesimista» y el adelanto de las elecciones no será un tema de agenda por ahora. «Las instituciones estatales del país envejecieron en tres meses porque no fueron capaces de responder a las nuevas demandas».
Abrão sostuvo que la Agenda sí debería ser precedida por una reforma electoral para permitir que estos grupos jóvenes puedan participar activamente en el futuro de la política nicaragüense, desde la vía institucional. En tanto, Rostica señaló que anticipar las elecciones no resolverá el conflicto y destacó la importancia de que el gobierno nicaraguense reestablezca la gobernabilidad sin intervención externa.
«Lo que se necesita son una serie de transformaciones a nivel institucional, una especie de acción creativa por parte del mismo gobierno que legitime la democracia actual de Nicaragua», concluyó.
6. El espejo de Venezuela:
A medida que aumentaron las demandas sociales y la escalada de violencia, se intensificó la crisis en Nicaragua, y con ella surgieron una serie de análisis que comparaban la situación con la de Venezuela. En los dos casos las protestas estallaron en el mes de abril, y si bien presentan una historia con características distintas, han demandado la salida del poder de Nicolás Maduro (Venezuela) y Daniel Ortega (Nicaragua), por renuncia o adelanto de elecciones.
Además, los opositores, en los dos países, señalan a Maduro y a Ortega de haber instaurado una dictadura, marcada por la corrupción y el control de los poderes del Estado, puntualmente el judicial y el electoral. Pero la celeridad con la que de desencadenaron los últimos hechos en Nicaragua marcan una clara diferencia. En cuatro meses de protestas en Venezuela se registraron unos 125 muertos; mientras que el caso nicaragüense ya supera los 280 en tres meses.
Binetti destacó que el caso se diferencia también porque «Ortega no tiene petróleo», lo que podría generar fisuras internas y acortar los tiempos de la crisis. «Esto no es Venezuela, no tienen los recursos para garantizarse la lealtad del ejército cuando llegue el momento de quiebre».
En Nicaragua no está claro el apoyo de la policía y del ejercito, ya que los enfrentamientos suelen ser liderados por fuerzas parapoliciales y paramilitares que aún se desconoce con exactitud su procedencia. Estos son los motivos por los cuales se podría sospechar de una fractura dentro de las mismas fuerzas seguridad.
Por otro lado, la oposición en Nicaragua todavía no cuenta con una figura de liderazgo claro y la identidad de los manifestantes se encuentra asociada a una indignación ciudadana, principalmente encarnada por jóvenes estudiantes. En ese sentido, tanto Binetti como Abrão desestimaron una inminente escalada social armada por parte de la ciudadanía, aunque todos los consultados coincidieron en que el escenario del país todavía es confuso y pesimista.
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