Lo he dicho varias veces pero debo insistir: el defensor del pueblo debe asumir sus atribuciones establecidas en nuestra Constitución y exigir sin temor al Estado cumplir con el artículo 19, que lo obliga a respetar y garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos.
¿Sabrá él de los sueldos y pensiones miserables que reciben los venezolanos para hacer frente a esta feroz crisis económica para sobrevivir? ¿Sabrá el calvario que viven los pacientes crónicos para intentar lograr un tratamiento que pudiera darle unos años más de vida?
¿Tendrá conocimiento de por qué siguen falleciendo niños en el J. M. de los Ríos? ¿Está enterado de la deficiencia de los servicios básicos como el agua y energía eléctrica que aún no mejoran?
¿Se habrá hecho la pregunta del por qué hay un desplazamiento de casi 7 millones de hermanos venezolanos a otros países donde muchos encuentran desprecio, xenofobia y muertes sin que el Estado asuma su defensa? ¿Le habrán informado sobre el instructivo de la Onapre que liquida derechos adquiridos de los docentes?
¿Sabrá de los tratos crueles e inhumanos y torturas de los cuales han sido víctimas los presos políticos, con los cuales el sistema de justicia sigue vulnerando el artículo 49 de la Constitución que establece el debido proceso?
Estoy dispuesto a un encuentro personal con el defensor del pueblo para discutir estos temas y motivarlo a que asuma la defensa de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos con autonomía e independencia, que es su misión constitucional y la razón de la creación de la Defensoría del Pueblo.
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