Este artículo fue originalmente publicado en inglés por Americas Quarterly, disponible en el siguiente enlace: https://www.americasquarterly.org/article/venezuela-now-is-not-the-time-to-reduce-global-scrutiny/
Los abusos del gobierno de Maduro continúan, a pesar de que algunos políticos latinoamericanos dicen lo contrario
Recientemente, participé en una experiencia de realidad virtual organizada por activistas venezolanos, que consistió en recorrer la reconstrucción de una celda en el Helicoide, un centro de detención de los servicios de inteligencia venezolanos que funciona en Caracas. Con el casco puesto, uno podía caminar dentro de una celda pequeña y oscura, y escuchar el ruido de las moscas de fondo, mientras se oye el testimonio de abusos sufridos por quienes estuvieron detenidos allí, narrado por ellos mismos. Fue un duro recordatorio de los numerosos relatos de víctimas de detenciones arbitrarias y torturas perpetradas por agentes de seguridad venezolanos que documenté a lo largo de los años.
Tristemente, sus experiencias no son para nada virtuales –y, sin ninguna duda, continúan hoy–.
Varios políticos latinoamericanos, especialmente algunos identificados con la izquierda, han sostenido recientemente que la situación de derechos humanos en Venezuela está mejorando. Sin embargo, la realidad es que el régimen de Nicolás Maduro continúa con su brutal arremetida contra opositores y no hay justicia para las víctimas. Este no es el momento para que la comunidad internacional reduzca su escrutinio sobre las autoridades venezolanas. De hecho, en eventos que ocurrirán próximamente, incluyendo las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, es más importante que nunca mantener la presión externa.
La organización venezolana Foro Penal estima que actualmente hay 245 presos políticos. Muchos de ellos se encuentran en centros de detención como el Helicoide. Las personas detenidas han sido víctimas de torturas gravísimas, que incluyen descargas eléctricas, simulacros de ahogamiento y violencia sexual.
En un informe reciente, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, describió asesinatos cometidos por agentes de seguridad. Desde Human Rights Watch hemos documentado que los propios datos del gobierno revelan que las fuerzas de seguridad mataron al menos a 19.000 personas entre 2016 y 2019. En numerosas oportunidades, se registraron como resultado de “resistencia a la autoridad”, pero Human Rights Watch concluyó que muchos casos constituyeron ejecuciones extrajudiciales. El equipo de Bachelet, que tiene presencia en Venezuela, ya no puede acceder al Helicoide.
Las autoridades venezolanas hostigan y persiguen penalmente a periodistas independientes, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para responder a la emergencia humanitaria y de derechos humanos. Un ejemplo es el caso del defensor de derechos humanos Javier Tarazona, de la organización no gubernamental Fundaredes, quien, luego de dar a conocer vínculos entre las fuerzas de seguridad venezolanas y grupos armados, fue detenido arbitrariamente por las autoridades en julio de 2021. A la fecha, continúa detenido.
En reiteradas oportunidades, las autoridades venezolanas no protegieron a poblaciones indígenas frente a la violencia, el trabajo forzado y la explotación sexual en el contexto de las operaciones de minería ilegal a gran escala. Human Rights Watch ha documentado abusos aberrantes —incluyendo amputaciones, agresiones con armas de fuego y asesinatos— por parte de grupos que controlan minas de oro ilegales en el sur de Venezuela. En las selvas del Orinoco y del Amazonas, esas actividades mineras han causado deforestación y contaminación de las aguas. Según organizaciones de derechos humanos, varios miembros de comunidades indígenas fueron asesinados en los últimos meses; entre ellos, el líder indígena Virgilio Trujillo, quien se oponía a la minería ilegal.
Aunque existen pruebas convincentes de que se han producido abusos generalizados, la impunidad es la regla. Los cambios recientes en el sistema judicial de Venezuela estarían debilitándolo aún más. El proceso para elegir nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia —que resulta fundamental para el nombramiento y la destitución de jueces de tribunales inferiores— no fue independiente, y resultó en la reelección de magistrados que no habían actuado como frenos al Poder Ejecutivo.
Dada la falta absoluta de independencia judicial, resulta clave que la comunidad internacional exija rendición de cuentas. Por ello, un hito importante fue la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, en noviembre pasado, de iniciar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Por primera vez, las víctimas pudieron ver avances para que sus agresores respondan por los delitos cometidos. No sorprende que las autoridades venezolanas le hayan solicitado el aplazamiento de su investigación, manifestando tener la “voluntad genuina” de investigar por sí mismas los abusos. No obstante, el fiscal tiene intención de rechazar el pedido y avanzar con su investigación.
La decisión del fiscal surgió tras la publicación de informes contundentes elaborados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2019. En dos informes lapidarios, la misión concluyó que había motivos suficientes para creer que se habían cometido crímenes de lesa humanidad y que el sistema de justicia había operado como mecanismo de represión, en lugar de ser un garante de derechos. La misión implicó en estos hallazgos a autoridades de alto nivel, incluyendo al propio Nicolás Maduro.
Los expertos de la misión presentarán su tercer informe durante el 51º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, que comienza el 12 de septiembre. Este será su último informe, a menos que el consejo prorrogue el mandato de la misión con el voto de la mayoría de miembros del consejo.
Las autoridades venezolanas han desplegado una estrategia de compromiso aparente, pero no genuino, con los procedimientos del Consejo de Derechos Humanos, tal como lo hicieron durante la renovación del mandato anterior, con ánimo de demostrar que la misión no es necesaria. No deberían salirse con la suya.
Organizaciones de derechos humanos internacionales y de Venezuela están abogando por que se extienda el mandato de la misión. Para su creación y primera renovación, un grupo de países latinoamericanos, entre los cuales se encontraban Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Guyana, Honduras, Paraguay y Perú, junto con Canadá, tomaron la iniciativa.
Estos países deberían retomar ese liderazgo, ya que las autoridades venezolanas solamente cederán si persiste el escrutinio internacional. Renovar el mandato de la misión permitirá que los expertos sigan llevando adelante un trabajo de vital importancia, que complementa la labor de la CPI y otros mecanismos internacionales.
La alta comisionada Bachelet cuenta con un equipo que se dedica a dar seguimiento e informar sobre violaciones de derechos humanos y brinda asistencia técnica a las autoridades venezolanas, pero no recopila ni preserva evidencia para eventuales procesos de rendición de cuentas, como sí lo hace la misión.
Las evidencias reunidas por la misión también podrían ayudar a la CPI, que puede determinar la responsabilidad penal individual por delitos aberrantes, pero normalmente solo lo hace en pocos casos debido a que cuenta con recursos limitados. La perspectiva de la misión es también más amplia que la de la CPI, ya que se centra en problemas estructurales. Y mientras la investigación de la CPI podría extenderse por años, la misión presenta informes anuales sobre violaciones de derechos.
Las elecciones presidenciales en Venezuela están programadas para el año 2024 y las elecciones legislativas y regionales para 2025. Si se toma en cuenta lo ocurrido en el pasado, es posible que la represión aumente a medida que se acerca el período de campaña electoral. La misión puede desempeñar un rol crucial al emitir alertas tempranas y prevenir que se profundicen las restricciones al espacio cívico, a la libertad de expresión o de asociación, y la represión del disenso.
La resistencia de algunos gobiernos latinoamericanos a impulsar que se renueve la misión parece deberse a la falsa premisa de que esto menoscabaría sus esfuerzos de interactuar con las autoridades venezolanas. Sin embargo, históricamente, esas autoridades se han negado a hacer concesiones voluntarias para proteger los derechos de los venezolanos. No hay motivos para creer que eso cambiará. Ninguna solución negociada para restablecer la democracia en Venezuela resulta posible sin incentivos, y la presión y el reclamo de rendición de cuentas a nivel internacional son esenciales para crearlos.
Los líderes latinoamericanos que estén comprometidos con el restablecimiento de la democracia y los derechos humanos en Venezuela, independientemente de dónde se ubiquen en el arco ideológico, deberían unirse en apoyo a una resolución que renueve el mandato de la misión. Deberían predicar con el ejemplo y luego instar a todos los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos a que apoyen la renovación.
Tamara Taraciuk Broner es subdirectora para las Américas de Human Rights Watch.
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