«Las personas firmantes manifestamos nuestro más absoluto rechazo ante la injustificable persecución judicial que viene sufriendo la actual vicepresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner».
Así comienza un comunicado difundido por cuatro presidentes de la región dos días después de que un fiscal en Buenos Aires pidiera 12 años de prisión y la inhabilitación para ocupar cargos públicos para la exmandataria, quien gobernó Argentina entre 2007 y 2015.
Kirchner está acusada de los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita por presuntamente haber direccionado la obra pública en la provincia patagónica de Santa Cruz -que su marido, el expresidente Néstor Kirchner, gobernó por más de una década- para favorecer a un socio y supuesto testaferro.
La vicepresidenta, cuya defensa presentará su alegato final en el mes de septiembre, ha utilizado las redes sociales para afirmar su inocencia y asegurar que es víctima de un «pelotón de fusilamiento mediático-judicial»
El miércoles varios presidentes ratificaron esta postura, criticando fuertemente a la justicia argentina y asegurando que «dicha persecución tiene como objetivo apartar a Cristina Fernández de Kirchner de la vida pública, política y electoral».
El mandatario argentino Alberto Fernández, el boliviano Luis Arce, el mexicano Andrés Manuel López Obrador y el recientemente elegido Gustavo Petro, de Colombia -todos líderes de izquierda-, aseguraron que este «acoso» busca «sepultar los valores e ideales que representa [Kirchner], con el objetivo final de implantar un modelo neoliberal».
Además, exigieron «que se tomen en cuenta las conclusiones del Informe de la Relatoría Especial de Naciones Unidas de 2019 que cuestionaba la independencia de los magistrados y abogados involucrados en varias de estas causas» contra la vicepresidenta.
Los juicios
Desde que dejó el poder, en diciembre de 2015, Kirchner ha sido procesada en cerca de una docena de causas judiciales.
Cinco de los casos fueron elevados a juicio, pero solo este, conocido como la «causa Vialidad», llegó hasta la instancia de los alegatos finales.
En tres de los procesos, los jueces sobreseyeron a la exmandataria antes de que empezara el juicio por considerar que no hubo delito.
Cristina Kirchner saluda desde el edificio del Senado tras transmitir un mensaje por YouTube en el que aseguró ser víctima de una «causa armada» por el macrismo. Reuters
Y uno, la llamada «causa de los cuadernos de la corrupción», en la que Kirchner también está acusada de encabezar una asociación ilícita que recaudó dinero proveniente de sobornos de la obra pública, aún no tiene fecha de comienzo.
«En los últimos años el Poder Judicial ha abierto numerosas causas en su contra, muchas de las cuales han debido archivarse ante la ausencia de cualquier tipo de indicio sólido», dijeron en su comunicado los líderes regionales.
«En otras causas que siguen abiertas se ponen de manifiesto las malas prácticas procesales conducentes a eliminar a Fernández de Kirchner de la vida política», denunciaron en el documento, que fue publicado en el sitio oficial del gobierno argentino.
Otros apoyos (y algunos silencios)
La vicepresidenta argentina ha recibido toda una catarata de apoyos desde que se conoció el pedido de prisión e inhabilitación en su contra.
Desde sus socios en la coalición gobernante, el Frente de Todos, hasta la dirigencia del peronismo, la fuerza que engloba al kirchnerismo, quienes han convocado a una gran marcha para apoyarla.
Sus seguidores incluso se apostaron frente a su residencia en Buenos Aires, en uno de los barrios más exclusivos -y más antiperonistas o gorilas- del país, desde donde advierten con cánticos: «Si la tocan a Cristina qué quilombos (lío) se va a armar».
Desde el exterior también mostraron su apoyo a Kirchner la presidenta de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya, y su marido, el expresidente Manuel Zelaya.
Nuestra solidaridad con @CFKArgentina. Condenamos el ataque de 'lawfare" contra la compañera Vicepresidenta. El uso de la judicialización de la política constituye un atentado contra la democracia. #TodosConCristina
— Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) August 23, 2022
También el presidente de Perú, Pedro Castillo, le envió a través de Twitter su solidaridad, señalando que «toda investigación judicial debe conducirse con pleno respeto a la democracia, el Estado de derecho y el debido proceso».
Sin embargo, algunos medios en Argentina resaltaron el silencio de dos líderes latinoamericanos de izquierda: el joven presidente de Chile, Gabriel Boric, y el exmandatario y actual candidato presidencial brasileño Luiz Inácio «Lula» da Silva, quien estuvo preso por una pena por corrupción que luego fue anulada, situación que muchos kirchneristas comparan con la de su líder.
Lula da Silva no se pronunció sobre la situación judicial de Cristina Kirchner, a pesar de que muchos de los partidarios de la exmandataria lo consideran un «espejo» de lo que atraviesa la vicepresidenta. Getty Images
La polémica defensa de Alberto Fernández
Pero nadie fue más vocal en su defensa de la vicepresidenta que Alberto Fernández, el hombre a quien ella eligió para encabezar un binomio presidencial en 2019.
Minutos después de que el fiscal Diego Luciani pidiera la pena de prisión para Kirchner, el mandatario publicó en sus redes un comunicado oficial de la presidencia condenando la «persecución judicial y mediática de la vicepresidenta».
«Ninguno de los actos atribuidos a la expresidenta ha sido probado», señaló el documento, que afirmó que «esta persecución y búsqueda de proscripción (…) se enmarca en intentos similares llevados adelante contra otros líderes populares cuando la justicia se pone al servicio de poderes fácticos».
El miércoles en la noche, Fernández -quien en el pasado fue un duro crítico de su ahora aliada- volvió a defender a su vice durante una entrevista televisiva con periodistas del canal TN, del grupo Clarín, considerado opositor al gobierno.
Sus palabras fueron duramente criticadas por líderes de la oposición que consideraron que el jefe de Estado estaba presionando a la justicia.
Fernández incluso fue denunciado penalmente por diputados de la opositora Coalición Cívica por realizar una polémica comparación entre el fiscal Luciani y su par Alberto Nisman, quien fue hallado sin vida, con un disparo en la cabeza, tras haber acusado a Cristina Kirchner de haber conspirado con Irán para encubrir a los presuntos responsables de un ataque terrorista ocurrido en 1994.
Consultado por los periodistas sobre la seguridad del fiscal Luciani, dijo: «Alentar la idea de que le puede pasar a Luciani lo que le pasó a Nisman… hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Espero que no haga algo así el fiscal Luciani».
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