Todo el mundo sabe de las divisiones y las subdivisiones, los rompimientos y las fragmentaciones, de los partidos de la oposición que han ocurrido a lo largo del presente siglo. En ninguno de los partidos, completamente en ninguno, han funcionado los tribunales disciplinarios. Si de algo ha quedado constancia es que no ha habido Estado de Derecho al interior de las organizaciones políticas que, no falta más, lo reclaman para el país entero. Se quejan del gobierno que violenta la Constitución, pero nadie se manifiesta sobre las violaciones de los estatutos y los reglamentos partidistas, que son su equivalente. Y mucho menos se habla de la infuncionalidad de los tribunales disciplinarios de los partidos, parte de la burocracia dirigencial, por no hablar de estas instancias a nivel de los colegios profesionales. No hay un modo reglado de enderezar los entuertos, ni siquiera de acudir a una suerte de arbitraje o de una especie de jueces de paz.
Y aclaremos de una vez de qué partidos hablamos. Sencillo, de los que tienen fuerza hasta para dividirse de los que ya no quedan muchos, porque el resto son los partidos que siguen creyéndose “nuevos”, cuando tienen por lo menos dos o cuatro años de fundados. En estos el que tiene diferencias, simplemente, abandona el partido, sin realizar el mínimo esfuerzo para convencer a los otros tres gatos que se quedan. Por cierto, esto es notable en el manejo de las redes. Hay organizaciones que sólo invierten en sus cuentas digitales y, después de un fogonazo de celebridad, como las luces de bengala, son demasiados sofisticados para los escasos retuiteos que tienen. Además ¿cómo puede pensarse en tribunales disciplinarios o sus equivalentes, en partidos que sufren de un enfermizo vedetismo de su líder, fundador o dueño? Por favor, seamos sensatos.
Hay un enorme retroceso en la institucionalidad partidista. Para resolver sus diferencias, además, ni siquiera cuentan con la vía del contencioso administrativo ya que, antes, deben ser reconocidos y validados por el CNE. No hay una instancia más modesta para dirimir esas diferencias, y no les cuesta mucho empinarse hasta el TSJ, judicializándose. Enseguida, si el partido es importante o de calibre (olvídense los demás), resulta intervenido y una terna de los dirigentes que más le interese al régimen se encarga del asunto. Y ha ocurrido que esa misma terna se divide y se repite la dosis. Algún día, a un aventajado historiador – es una sugerencia – le picará la curiosidad y nos obsequiará con un libro sobre la historia judicial de los partidos en el presente siglo, recogiendo toda la documentación ahora engavetada, en el CNE y en el TSJ, para arribar a conclusiones que nos podrán sorprender.
La falta de institucionalidad de los partidos es un tema que en otro artículo podemos tratar con mayor detenimiento, pues tiene una gran cantidad de aristas que han surgido, sobre todo en Venezuela. Sin embargo, creo importante mencionar una de las principales: la falta de liderazgo colectivo, ya que este se concentra en el jefe de la organización quien se comporta más como el dueño o el capataz de la misma para evitar la democratización, lo cual ha llevado a los partidos a (casi) no tener dolientes y a la desaparición. Esta falta de liderazgo colectivo, por no existir un colectivo fuerte a quien rendirle cuentas, es parte del problema de judicialización que mencioné.
Todas estas carencias se reflejan igualmente en la sociedad venezolana: hemos resistido, insistido y persistido que solo con el trabajo en unión y democracia podremos sanear, sanar y ganar al país. Un gobierno, o este régimen, no puede ser parte central de la ecuación opositora, ya que judicializa las organizaciones (país) para dividirlas más de lo que internamente están.
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