Las dudas de Rómulo

La lectura de Venezuela política y petróleo es obligatoria para cualquiera que quiera entender el proceso venezolano, al igual que Del buen salvaje al buen revolucionario nos permite comprender las volteretas políticas hacia el comunismo de América latina, incluyendo a Venezuela.

Para los que buscamos el origen de los problemas, el libro de Betancourt es la clave. Allí se expone cómo se desarrolla la negociación entre David y Goliat que significaba el careo entre un país atrasado y pobre como era Venezuela frente a las más poderosas empresas del mundo, las industrias petroleras americanas e inglesas. El objetivo era consagrar el principio de que la industria mundial nunca podría obtener ingresos más altos que el país en el cual se insertaban sus operaciones. Una lucha protagonizada por una brillante generación de acciondemocratistas: Alberto Carnevalli, Isaac Pérez Alfonso y Rómulo Betancourt, negociadores de forma respetuosa pero firme de la participación de la industria en los beneficios del petróleo. Los términos de negociación se modificaron como dice Betancourt sin necesidad de arrancarse la piel a dentelladas. Acción Democrática y sus líderes de manera firme protagonizaron convenios que iniciaron el cambio de Venezuela en las últimas décadas.

Estas negociaciones, que fueron muy exitosas dado el carácter, valor y honestidad del liderazgo de Acción Democrática, desembocaron en uno de los temas que han sido definitorios de la realidad actual de Venezuela. ¿Hacia el futuro a quién se le otorgarían concesiones para la explotación petrolera? Numerosos informes de analistas norteamericanos daban cuenta que Venezuela durante el período inicial de la explotación petrolera, durante el gomecismo, había alcanzado algunos objetivos institucionales como crear las bases administrativas del Estado, el Ministerio de Hacienda; organizar una fuerza armada que superara definitivamente las luchas caudillistas, pero, era notable y percibido en el resto del mundo que las condiciones sociales de la población continuaban siendo las propias de países miserables, con paludismo, desnutrición y viviendas insalubres. Relata Betancourt que el periodista norteamericano del diario Fortune Clarence Horn, que visitó Venezuela en 1939, escribió: “¿Dónde están las carreteras, las obras públicas, la agricultura subsidiada, los hospitales, los programas  de seguridad socia? ¿Por qué la gente pobre está siendo adormilada por el paludismo, infectada de sífilis? ¿Por qué usan pantalones rotos hechos con sacos de cemento vacío?

Según Horn, las riquezas del petróleo se iban a los bolsillos de Gómez y los suyos, era inocultable que los grupos o sectores cercanos al gobierno gozaban y acumulaban riquezas y bienestar, mientras la pobreza presidia el destino del país. Este manejo político de los beneficios de la industria petrolera se categorizó como inherente a la participación de sectores privados en los negocios petroleros, se entendía que la corrupción de los gobiernos era propia de la práctica de empresarios y grupos privados en la administración del país. De allí que en la segunda fase de la gran negociación política sobre la relación Estado-sociedad y petróleo se evaluara desde un punto de vista negativo la participación abierta de la ciudadanía en el negocio petróleo. Tras intensos debates se llega a la conclusión que entregar concesiones petroleras a particulares ―es decir, ciudadanos- empresarios― sería una extensión de lo que se consideraban políticas colonialistas de las industrias. El Congreso debate y se impone como conclusión que el Estado sería el dueño absoluto del petróleo y que no habría ninguna concesión a “particulares” tal como expresa el siguiente comunicado aprobado por el Congreso nacional vigente en ese momento de nuestra historia:

«Ni una concesión más a particulares. Venezuela está resuelta a ser ella misma, a través de sus órganos estatales, la que determine la forma más beneficiosa para el pueblo de explotar sus reservas petrolíferas, pero en ningún caso debe hacerlo ya más mediante el sistema colonial de otorgarlas en concesión a inversionistas particulares».

Esta decisión trasciende en la historia posterior de Venezuela, significa la consagración del principio de constitución del Estado patrimonialista dueño de todas las riquezas del país y en consecuencia de la consolidación de un Poder Ejecutivo en su carácter de administrador. propietario de las riquezas nacionales, presidido por un presidente que dado las bases de su poder va a desenvolverse con un carácter hiperpresidencialista, no solo propietario sino distribuidor de las riquezas nacionales. Una condición que genera el total desequilibrio de poderes que impera en el país, donde el Poder Judicial y el Legislativo se convierten automáticamente en subordinados del poderoso, rico y omnipotente presidente de la república, dueño y distribuidor de la riqueza nacionales, un poder sin límites y sin obligación de rendición de cuentas a los ciudadanos.

Comprender la raíz de nuestra actual crisis es una de las obligaciones del actual liderazgo democrático. Estoy convencida (con el respaldo de fuentes cercanas) de que después de la caída de Pérez Jiménez, al regresar Rómulo del exilio en países democráticos debe haber albergado profundas dudas sobre la infalibilidad de la concepción “Ni una concesión más a particulares, todo a manos del Estado”. Fruto de la experiencia de vivir en países democráticos desarrollados donde el equilibrio de poderes es norma básica, de experimentar la relación del Estado con los ciudadanos basada en el servicio y no en la dominación y fundamental, comprender cuál es la significación económica, cultural y moral del sistema de propiedad en nuestras vidas, bienes y libertad.

Hoy estas verdades no las podemos obviar, el país tiene que saber cuáles son los caminos a seguir, qué hay que enderezar, suprimir, cambiar y además cuáles son las grandes metas que debemos alcanzar.  Es el tiempo para emprender esta ruta, si no la lucha por el poder será estéril enfrentada a un régimen totalitario, respaldado por unas fuerzas armadas rotas con su deber constitucional, sin tribunales y jueces que defiendan al ciudadano. Un régimen infiltrado por sectores que se enriquecen sin pudor, trafica y negocia sin pensar un segundo en las nuevas generaciones que encontrarán un país devastado por la inmoralidad de sus dirigentes… Es el momento de enderezar cargas sin fatalismos ni desesperanzas. Si la Unión Soviética con 17 países bajo su yugo férreo y el ejército rojo a su respaldo cayó, ¿por qué no podemos cambiar nosotros?