Organizaciones de derechos humanos pidieron este miércoles la renovación, por al menos dos años, de la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, creada a finales de 2019 en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El próximo mes se discutirá si esa instancia debería continuar trabajando.
“Para nosotros ha sido un gran aliado. El más importante mecanismo de verdad que tenemos sobre las graves violaciones de los derechos humanos ocurridas a partir del año 2014. Por eso nos parece muy importante para las víctimas”, dijo Rafael Uzcátegui, coordinador de la organización no gubernamental Provea, en rueda de prensa.
Expresó que las organizaciones, víctimas y familiares esperan que se logre justicia y que las autoridades de Venezuela sigan tomando decisiones para evitar aparecer en los informes de la misión. Agregó que a partir de esas investigaciones de los expertos el gobierno de Nicolás Maduro se ha visto obligado a iniciar algunas causas judiciales que estuvieron congeladas durante mucho tiempo.
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En un informe publicado el año pasado, la Misión de Determinación de Hechos reveló la falta de independencia judicial en Venezuela y la complicidad de las autoridades en los abusos que se estaban cometiendo. Los expertos presentarán próximamente una tercera investigación, en la que se profundizará sobre las cadenas de mando y se incluirán las graves violaciones de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco.
En la rueda de prensa participaron Tamara Taraciuk, subdirectora para las Américas de Human Rights Watch; Beatriz Borges, directora de Centro de Justicia y Paz; Clara del Campo, encargada de campañas para Suramérica de Amnistía Internacional; y Elvira y José Gregorio, los padres de Juan Pablo Pernalete, joven asesinado por la Guardia Nacional Bolivariana durante una protesta opositora en 2017.
“Se cometieron crímenes de lesa humanidad”
“La Misión sigue siendo el único mecanismo independiente de monitoreo de Naciones Unidas sobre Venezuela, con un mandato para investigar abusos y violaciones sistemáticas de los derechos humanos”, manifestó Taraciuk, quien recordó que esa instancia concluyó que en el país se cometieron crímenes de lesa humanidad y que, de hecho, ha asegurado que tiene pruebas que confirmarían que la mayoría de los abusos se cometieron en un contexto de ataque generalizado y sistemático contra la población civil.
Captura de pantalla / Provea
Esas evidencias, agregó Taraciuk, pueden servir para la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional. “La Misión de Determinación de los Hechos ha identificado a jefes o superiores que conocían o debían conocer los abusos documentados y recopila pruebas de responsabilidad individual. Las conclusiones pueden servir como insumos a la corte para determinar la responsabilidad penal e individual”, añadió.
La abogada señaló asimismo que las investigaciones de la misión también pueden servir como insumos del sistema de las Naciones Unidas en general porque pueden subrayar cuáles son las reformas estructurales necesarias para impedir otras violaciones de los derechos humanos.
Intentaron obstaculizar las investigaciones
Taraciuk señaló que antes de la creación y renovación de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, en 2020, las autoridades venezolanas hicieron un esfuerzo para obstaculizar las investigaciones de las Naciones Unidas dando una señal de que estarían dispuestas a cooperar con el Consejo de Derechos Humanos, los mecanismos y procedimientos.
“Es esperable que esta estrategia de aparente y no genuina cooperación se dé en las discusiones del próximo mes en Ginebra y es importante notar que las promesas anteriores de cooperar en realidad lo que hacían era evitar un escrutinio internacional serio. Y lo que vemos en Venezuela es que no han resultado en mejorías reales en la situación de derechos humanos en el país”, manifestó.
Elvira y José Gregorio, padres de Juan Pablo Pernalete, joven asesinado por un militar en una protesta en 2017 | Captura de pantalla / Provea
Elvira y José Pernalete recordaron que su hijo Juan Pablo falleció el 27 de marzo de 2017 luego de que un militar le disparó a quemarropa una bomba lacrimógena en el pecho. Afirmaron que el asesinato ocurrió dentro de un plan preconcebido y que respondió a una política de Estado y al uso excesivo de la fuerza para silenciar a la disidencia.
Juan Pernalete: privación arbitraria de la vida
Expusieron que la Misión Internacional Independiente documentó y registró el asesinato de su hijo en sus dos informes publicados. En el primero (2020), con base en los hechos ocurridos en el asesinato, encontró motivos razonables para afirmar que el joven fue víctima de una privación arbitraria de la vida y que la Guardia Nacional Bolivariana estuvo involucrada. En el segundo informe (2021) detalló cómo las deficiencias del sistema de justicia han sido determinantes en un patrón de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional.
“La misión observó en el delito imputado por el Ministerio Público, de complicidad en el homicidio preterintencional, que no refleja la gravedad de la conducta relevante en el asesinato de nuestro hijo, por lo que la misión determinó que fue un asesinato arbitrario. La calificación de preterintencionalidad que mantiene el Ministerio Público lo que busca es beneficiar a los victimarios y no darnos justicia”, dijeron.
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Manifestaron que los informes son esenciales para los procedimientos internacionales. Incluso si llegara a existir un espacio imparcial en Venezuela, serían insumos para la búsqueda de la verdad y la aplicación de la justicia. Denunció que se ha protegido la cadena de mando involucrada en las violaciones de los derechos humanos.
“La víctimas hacemos un llamado a las misiones diplomáticas: que se renueve el mandato, que voten, para que se mantenga su continuidad. Es necesario que todos los canales de justicia se mantengan abiertos y continúe el trabajo de estos mecanismos sobre Venezuela. Seguimos sin justicia genuina y solicitamos que estos mecanismos continúen para que las personas que violen grave y sistemáticamente los derechos humanos no se sientan intocables ni inalcanzables”, expresaron.
“La situación en Venezuela ha cambiado”
Uzcátegui afirmó que la situación en Venezuela ha cambiado a partir del inicio de la investigación de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes de lesa humanidad que se habrían cometido en Venezuela. “Nunca habíamos tenido una investigación formal de la CPI en la región, hace que sea muy caro políticamente el apoyo a un gobierno como el de Maduro”, agregó.
El coordinador de Provea señaló que el primer informe de la misión sugirió que Maduro tenía información sobre los patrones de violaciones de derechos humanos documentados en esa investigación.
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