El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió este lunes al juez que mantenga secreta la declaración jurada con que justificó la petición de registro de la casa del expresidente Donald Trump, al alegar que su publicación podría afectar el curso de la investigación.
En un documento de 13 páginas dirigido al juez de Florida que lleva el caso, el fiscal Juan Antonio González solicitó que no se publique el documento porque podría «alterar la trayectoria de la investigación, revelar actuaciones presentes o futuras y menoscabar la capacidad de los agentes para obtener pruebas o testigos creíbles».
Varios medios de comunicación estadounidenses, entre ellos el diario The Washington Post y la cadena CNN, habían pedido que se publicara la declaración jurada enviada por el gobierno al magistrado para justificar el registro en casa de Trump, una petición que fue aprobada por la Justicia.
Tras conocerse la negativa del gobierno, el propio Trump acudió a la red social Truth para enviar un mensaje en que pidió «la publicación inmediata y sin editar» de la declaración jurada en pro de la transparencia.
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Trump, que calificó el registro a su casa de «asalto», dijo que no existe ninguna manera de justificarlo y exigió la recusación del juez que lo ordenó.
El juez ya permitió que se publicara el pasado viernes la orden de registro, al estar de acuerdo las dos partes.
Sin embargo, la orden fue dictada por el juez, y lo que ahora solicitaban los medios era que se conociera también la declaración jurada con la que el Departamento de Justicia había justificado que el FBI registrara la mansión de Trump.
«Además de las implicaciones para la investigación, la publicación de este tipo de material investigativo podría tener consecuencias devastadoras para las reputaciones y los derechos de los individuos cuyas acciones y comentarios se describen», justificó el Departamento de Justicia en su texto ante el juez.
Según reveló la orden judicial el pasado viernes, el registro en casa de Trump el lunes de la semana pasada tenía como objetivo encontrar documentos clasificados que el exmandatario sacó de la Casa Blanca cuando abandonó el poder en 2021.
El expresidente republicano está investigado por la posible comisión de tres delitos: violación de la Ley de Espionaje, obstrucción de la Justicia y destrucción de documentos, que, en caso de condena, podrían conllevar desde multas hasta penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos políticos.
Entre la documentación requisada figuran 26 cajas y varias carpetas de documentos y fotos con las etiquetas de «alto secreto» o «confidencial», uno de ellos bajo el título «presidente de Francia» y otro sobre la petición de indulto de Roger Stone, confidente de Trump.
El viernes pasado, un grupo de congresistas republicanos exigió al fiscal general, Merrick Garland, que explicara cuál es la presunta «amenaza nacional» que propició ese allanamiento.
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