La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que el 6 de julio de 2022 remitió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) el caso de violación de los derechos políticos del exalcalde Omar Lares, así como la privación ilegal de libertad y tortura de su hijo, Juan Pedro Lares Rangel.
«El 30 de julio de 2017, en el marco de la violencia política en el estado Mérida durante las protestas sociales de 2017, Juan Pedro Lares fue detenido arbitrariamente por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Ingresaron violentamente a su residencia familiar con la finalidad de arrestar a su padre, Omar Lares, exalcalde del municipio Campo Elías de la ciudad de Mérida». Así lo indicó la ONG Defiende Venezuela en una nota de prensa.
Explicó que tras la detención hubo un interrogatorio violento con amenazas de muerte y que posteriormente trasladaron a Juan Pedro Lares a la sede del Sebin en Caracas, sin presentarlo ante un juez.
«La familia Lares denunció los hechos concernientes a la detención de su hijo ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Pero ninguno de estos órganos intervino para investigar los hechos. Lo liberaron un año después, el 1 de junio de 2018», indicó.
La ONG Defiende Venezuela llevó el caso ante organismos internacionales de protección en la búsqueda de justicia.
CIDH
«La CIDH concluyó que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal y la libertad personal. Asimismo, señaló que estos hechos constituyeron una desaparición forzada. La detención fue llevada a cabo por agentes estatales de forma ilegal y arbitraria, sin incluir su nombre en el listado de detenidos y ocultando su paradero», señaló la ONG.
En cuanto a los derechos de la familia, la CIDH determinó que el Estado violó el derecho a la inviolabilidad del domicilio tras el ingreso sin autorización a la vivienda familiar. Además violó la integridad personal de familiares, ocasionándoles dolor, angustia e incertidumbre.
De igual manera, la Comisión determinó que el Estado violó los derechos a las garantías judiciales y protección judicial. «No se cuenta con información sobre respuestas, resultados o avances de las investigaciones por parte de las autoridades. Ni se inició una investigación sobre las denuncias de tortura», señaló la ONG.
La ONG Defiende Venezuela celebró que el caso se remita a la Corte-IDH y exigió que las recomendaciones de la CIDH sean ejecuten y se haga justicia.
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