Más de 300.000 empresas cerraron en España desde 2021, por el covid, los sobrecostes de suministros o laborales, la falta de ventas y la crisis, sin ninguna ayuda que les permitiera salir adelante.
¿Por qué a esta empresa sí y a tantas otras no? La pregunta, estimulada por el borroso «Caso Delcy» y por los lazos de una parte del gobierno con el régimen venezolano, no ha tenido respuesta hasta ahora.
El Debate ha logrado, tras año y medio de investigaciones, acceder al informe elaborado por el propio gobierno de Pedro Sánchez para conceder una millonada a una compañía que tuvo el auxilio negado a tantas otras firmas hoy enterradas en el cementerio de empresas extintas.
Se trata de un documento de 22 páginas, bajo el sello de Confidencial, firmado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, entonces encabezado por José Luis Ábalos, destituido el pasado verano de manera fulminante por Sánchez, sin ninguna explicación al respecto.
Lo primero sorprendente en la historia es cómo se ha resistido el gobierno, y la propia compañía, a hacer público un expediente que, de no tener tacha, debieron haber difundido en tiempo real para justificar ante la opinión pública la inyección de tan abultada ayuda.
El propio gobierno hundía Plus Ultra en la clasificación de compañías en su informe oculto. Foto: El Debate
Durante año y medio, ambas partes se han escudado en distintas estratagemas para esconder el informe, apelando a la Ley de Secretos Oficiales, a la judicialización del caso o la supuesta confidencialidad que debía proteger todo el procedimiento.
La razón de tanto oscurantismo puede intuirse, al conocerse al fin los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo para aprobar la operación: Plus Ultra era una empresa irrelevante en el sector, que arrastraba pérdidas desde su nacimiento, que no estaba en crisis por el covid como exigían las normas para insuflar un dineral y que, incluso, carecía de aviones propios.
Algunas de esas certezas se intuían, otras incluso se habían publicado, pero nunca hasta ahora se podía demostrar que al gobierno le constaba todo ello, que lo reconoció en un informe oficial escondido en un cajón y que, pese a todo ello, procedió a transferirle una millonada al considerarla una empresa «estratégica» para España.
El rescate de Plus Ultra, firmado un 9 de marzo de 2021, coincidió con la quiebra de firmas tan conocidas como Majorica, la firma española líder mundial en perlas cultivadas, o con el cierre de otras ilustres compañías de fuerte presencia en nuestro país: desde Pullmantur hasta Imaginarium o Kodak, cavaron su tumba con la pala de una crisis agravada por la pandemia, como tantas otras de menor fama que dejaron familias enteras en la ruina.
No fue el caso de la compañía aérea, pese a que en el informe secreto al que ha accedido El Debate se reconocen cosas como ésta: «Plus Ultra ha venido mostrando una posición débil en resultados desde el inicio de su operativa. Desde 2015, todos los años ha cerrado sus ejercicios con pérdidas. Dichas pérdidas fueron especialmente negativas en 2017».
Las conclusiones del informe confidencial pronosticaban más problemas futuros para Plus Ultra y aún así liberó el rescate. Foto: El Debate
La confesión escrita del propio Ministerio es relevante porque derriba, ya de entrada, la justificación que imponía la ley para proceder a inyecciones de dinero público: las empresas rescatadas debían haber entrado en crisis por la influencia en su actividad del coronavirus y las subsiguientes restricciones, pero Plus Ultra ya estaba en esa situación desde un lustro antes de que se desatara la pandemia.
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Pérdidas desde siempre
El Fondo Covid se creó, según establece el RDL 25/2020 de 3 de julio en su artículo 2.2, para apoyar a empresas «que atraviesen severas dificultades de carácter temporal a consecuencia de la pandemia de la covid y que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional (…)». La crisis de Plus Ultra era su estado natural desde mucho antes, pese a la cual recibió un «premio» de 9.000 millones de las viejas pesetas.
Es una de las «joyas» del informe, que redacta cada una de sus páginas bajo el sello «Confidencial» por la dificultad, probablemente, para defender en público la justificación de un rescate negado a tantas otras, con el caso de Abengoa tan reciente, un gigante con 11.000 empleos en vilo ignorado por la SEPI, el mismo organismo que sí mimó a Plus Ultra pese a tener poco de «estratégica», otra de las exigencias para recibir dinero público.
El propio Ministerio lo reconoce en el informe, al glosar la paupérrima cifra de negocio, de clientes y de presencia en el mercado de la compañía: «Tiene una cuota del 0,2% en relación al volumen de pasajeros (…) y esta cuota se sitúa en el 0,1% en términos de ingresos».
Para hacerse una idea de la irrelevancia de la compañía no hace falta fabular: basta con consultar lo que el propio Ministerio de Transportes recogía en su informe, un retrato feroz de la realidad de Plus Ultra.
Por mucho esfuerzo que los responsables del informe intentar hacer para maquillar la realidad, sus propias conclusiones estadísticas son demoledoras: Plus Ultra parece por debajo incluso de aerolíneas menores, cuando no desconocidas para el gran público, como Wamos Air, Evelop, Canary Fly o Volotea, todas ellas con cifras de pasajeros entre tres y diez veces superiores.
«Este volumen de actividad sitúa a la compañía en el puesto 77 en el ranking de compañías en 2019 (año que se utiliza de referencia) en España, con una cuota inferior al 0,1 % del tráfico de pasajeros en la red de AENA», confiesa el estudio secreto.
«La cifra de negocios de Plus Ultra se encuentra lejos de las de otras compañías españolas, no solo del nivel de Iberia, Air Europa o Vueling, sino también del segmento de compañías con u volumen de facturación del entorno de los 500 millones de euros (como Iberia Express, Air Nostrum o Volotea). Con respecto a compañías como Wamos o Evelop, la facturación se sitúa en torno a la mitad de las anteriores», añade el informe.
Es decir, para el propio Ministerio la aerolínea era marginal, acumulaba pérdidas desde su nacimiento, apenas tenía pasajeros, era superada por todas las compañías de «tipo A» (así se califica a las que pueden realizar servicios aéreos comerciales de pasajeros, carga y/o correo)… y sin embargo se merecía 53 millones de dinero público.
Ni siquiera el argumento de que, pese al desastroso cuadro general, era estratégica por la naturaleza exclusiva del servicio, aguanta la opinión que el propio Ministerio vierte en su informe preceptivo para liberar la millonada.
Porque, de manera casi hilarante, intenta justificar el valor de la empresa argumentando que «centrando la vista en el sur del continente americano, se puede señalar que Plus Ultra es la única compañía española que opera de forma regular en el mercado Madrid-Latinoamérica».
Pero añade a continuación una frase definitiva: «Aparte de las compañías de la red Iberia y Air Europa, aunque como se ha indicado, con un volumen de actividad muy inferior». Es decir, Plus Ultra tenía alternativas y, de hecho, frente a ellas su volumen de pasajeros era ínfimo.
Ábalos era el ministro responsable del informe, pero el dinero lo liberó la SEPI, dependiente de Montero. Foto: El Debate
Para dejarlo aún más claro, y hacer más extravagante el rescate, el Ministerio también se ve obligado a reconocer su irrelevancia frente a más competidores: «Su presencia en el hub madrileño es minoritaria, muy por debajo de las grandes compañías tanto españolas (Iberia y Air Europa) como latinoamericanas que ofrecen conexiones regulares desde sus países de bandera hasta Madrid (Avianca, LATAM Airlines, Aeroméxico y Aerolíneas Argentinas) y los turoperadores Evelop y Wamos Air».
Y un dato más, bien curioso: «Si el análisis se centra únicamente en los enlaces que opera la compañía, sus cuotas son reducidas en comparación con sus competidoras. Solamente en el caso de Venezuela (con conexión con algunos de los accionistas de la compañía), la presencia de Plus Ultra cobra cierta relevancia, llegando al 19,4% de cuota)».
Las conclusiones del departamento de Ábalos tampoco mejoran el panorama y hacen aún más inexplicable el socorro prestado a una empresa dominada por Snip Aviation mayoritariamente, la sociedad en la que se ubican empresarios de larga trayectoria en Venezuela:
«(…) Se perfila una situación complicada para la compañía de cara a afrontar la recuperación durante los próximos años, debida a su elevada exposición al largo radio con Latinoamérica, mercado para el que se anticipa una recuperación más lenta que para otros mercados internacionales (…)».
Con un pasado de pérdidas, un presente modesto y un futuro negro, en palabras del propio gobierno, ¿por qué accedió a un «regalo» inabordable para tantos y por qué se clasificó todo ello de confidencial? Esas respuestas siguen pendientes. Quizá puedan darlas José Luis Ábalos, destituido al poco de esta operación, o María Jesús Montero, ministra de Hacienda, nueva número 2 del PSOE y responsable final del SEPI, desde donde se extendió el jugoso cheque.
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