«Brutal»: ese es el término que emplea el investigador Sebastián Valenzuela para describir y comparar la desinformación en torno al texto de la Constitución que Chile deberá aprobar o rechazar en un referendo de voto obligatorio el próximo 4 de septiembre.
Aunque la campaña electoral comienza el 5 de agosto, el debate sobre la eventual nueva Constitución, y los efectos de un triunfo del «apruebo» o el «rechazo» se han tomado el debate en medios y redes chilenas, junto a preocupaciones ciudadanas como la seguridad o la inflación.
La desinformación encuentra espacio en el marcado interés por el nuevo texto y en la profunda diferencia entre los modelos que representan la Constitución vigente y la nueva propuesta.
En ese contexto, las distintas interpretaciones, y las opiniones y posturas a favor o en contra de su contenido conviven con las «noticias falsas» y otras formas de «contaminación informativa», como denomina el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo al fenómeno global que incluye propagación de información errónea, contenido falso creado en forma deliberada para causar daño (desinformación) e información maliciosa (basada en hechos reales, pero manipulados).
El aspecto más problemático, plantea Valenzuela, profesor de la Universidad Católica de Chile, es que la desinformación se usa no sólo para generar confusión sobre la propuesta sino como herramienta de ataque.
«Cuando se dice que no hay protección a la propiedad privada en el texto de la Convención, no se espera que la gente lo crea, porque es cosa de ir a mirar el texto. Eso se promueve para generar una reacción emocional, para que quien reciba el mensaje diga: ‘¿Viste?, no protegen el derecho a la propiedad, te van a quitar tus cosas’. Estamos en un momento muy crispado en el que la desinformación se usa para crispar mucho más», describe a BBC Mundo Valenzuela, quien ha analizado la desinformación en Chile frente al estallido social del 2019, la pandemia y las distintas etapas de la Convención Constitucional.
«Es la desinformación como medio para aumentar la animadversión, la polarización, la sensación visceral contra alguien o contra algo», advierte.
Que permitirá «el aborto hasta los nueve meses de embarazo», que arriesga el derecho a la propiedad, o que se está inscribiendo a inmigrantes para votar «apruebo» son algunos de los mensajes desmentidos por instituciones, autoridades, la academia, medios y sitios dedicados a chequear información.
Sí hay derecho a propiedad
El académico Carlos Peña, columnista y rector de la Universidad Diego Portales ha sido una de las voces que ha llamado a la ciudadanía a analizar el texto por sí misma y a aclarar lo que describe como «interpretaciones tendenciosas».
Sobre el aborto, por ejemplo, el texto a votar establece el derecho a interrumpir el embarazo, precisando que se regulará por ley.
En una columna publicada en el diario El Mercurio el 15 de julio, Peña distingue entre la autonomía de la decisión y «el lapso en que esa autonomía puede ejercerse». La propuesta no impide que la ley genere un sistema de plazos que proteja a la madre «o al nasciturus», dice el académico, «que es, por lo demás, lo que habitualmente ocurre en el derecho comparado».
Foto: Getty Images
No es cierto tampoco que se elimine la educación privada en el país.
La propuesta define un Sistema Nacional de Educación que incluye instituciones creadas «o reconocidas» por el Estado. Peña precisa que, si bien «privilegia la educación provista por el Estado», la educación privada puede derivar de otros derechos fundamentales, como la autonomía o la libertad religiosa, que resguarda también la objeción de conciencia.
La propiedad sí es un derecho en la Constitución recién escrita: «Toda persona, natural o jurídica tiene derecho de propiedad» se lee, de lo que solo quedan fuera bienes que «la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas» (como glaciares, humedales o alta montaña) o se declaren «inapropiables» (como agua, aire, mar territorial o playas).
El escrito expresa que nadie puede ser privado de una propiedad, a menos que una ley ordene una expropiación «con base fundada» que deberá ser indemnizada «a precio justo», con la opción de reclamar ante tribunales.
El «precio justo» no es una expresión inventada en este texto, sino un concepto de larga data incluido en el Código Civil chileno. Tampoco la opción de expropiación, que también está presente en la Constitución de 1980, «por causa de utilidad pública o de interés nacional». La posibilidad de expropiación sí plantea un desafío ante otro mandato constitucional: la restitución de la propiedad de tierras indígenas.
No desaparece la salud privada
Aunque la Convención que redactó la propuesta ya se disolvió, también ha sido complejo distinguir en el debate entre las distintas mociones que fueron planteadas y discutidas, y las que efectivamente fueron incluidas en el texto ya que contaron con los votos necesarios para ello.
EPA
Es el caso de la propiedad de los fondos de pensiones reunidos en las aseguradoras privadas, llamadas AFP en Chile. Sí es efectivo que durante la discusión convencional se descartó una iniciativa popular que planteaba el carácter «inalienable» de esos ahorros, pero eso no implica que el nuevo texto consagra la pérdida de esos fondos. El texto plantea que toda persona tiene derecho a la seguridad social, que el Estado define la política que la norma, y que la ley establecerá un sistema de seguridad social público.
Sobre las aseguradoras privadas de salud, llamadas Isapres en el país, éstas no desaparecen con el nuevo texto: aunque perderán la opción de recibir las cotizaciones de salud obligatorias de la ciudadanía (pues ellas sólo se pueden destinar por ley a un fondo solidario) el texto dice que se creará un Sistema Nacional de Salud «que podrá estar integrado por prestadores públicos y privados».
No sólo el texto: también el plebiscito
El clima de desinformación a pocas semanas del plebiscito ha sido advertido tanto por el Presidente Gabriel Boric como por el Servicio Electoral (Servel), órgano autónomo que fiscaliza las elecciones en Chile, entre otras instituciones.
El Servel por ejemplo, cuenta con un archivo de mensajes falsos y sus desmentidos.
En el repositorio se leen posteos que aseguran que en el plebiscito votarían personas recién llegadas al país procedentes de Venezuela o Haití, suponiendo que sus votos serán por el «apruebo»: el Servel precisa que se requieren 5 años de residencia para participar en una elección en Chile, además de 18 años cumplidos y ninguna condena a pena aflictiva.
El presidente Gabriel Boric al recibir el borrador de nueva Constitución.| Foto: GETTY IMAGES
Según los últimos datos electorales, más de 15 millones de personas están habilitadas para votar en el plebiscito constitucional. Entre ellas, la comunidad migrante con mayor número de votantes proviene de Perú (más de 167.000). La segunda es originaria de Colombia y llega a poco más de 68.000.
En otro de los posteos desmentidos se sostiene que no habrá multas para mayores de 60 años que no voten en el plebiscito, para desincentivar su participación, suponiendo que la mayoría de esa población está por el «rechazo»: el Servel precisa que el sufragio en el referendo es obligatorio para quienes tengan domicilio electoral en Chile, sin límite de edad.
El alcance de la desinformación
Una investigación desarrollada entre enero de 2016 a diciembre del 2018 en Estados Unidos y publicada el 2020 en la revista Science Advances concluye que «si bien la circulación deliberada de información falsa con el objetivo de crear confusión y discordia es intolerable en principio», el consumo de noticias en Estados Unidos está dominado por los medios informativos, ya sea online o en televisión, y las «fake news» apenas suman un 1% del consumo total de noticias en el país.
La investigación abre una interrogante sobre el alcance real de la desinformación y sus efectos.
«El volumen de exposición a desinformación en Chile es mucho más alto que el de Estados Unidos», dice Valenzuela a partir de los estudios que realizaron usando la misma metodología empleada en Norteamérica para analizar la elección de Trump.
«En Chile la desinformación se cuela por todas partes», sostiene Valenzuela a partir de los estudios hechos en el país.
Ejemplares de la Constitución se pueden encontrar en las calles de las ciudades chilenas.| Foto: Reuters
«En Estados Unidos y en Europa occidental hay muchos sitios que puedes definir como de «fake news», que imitan el formato periodístico sin pretensión de objetividad. Yo he estudiado el caso de México y Chile y no hay sitios como esos, o son muy pocos. No existen productores claros de «fake news». Esa es una particularidad del país».
Sin embargo, «a diferencia de lo que ocurrió con el estallido o con el covid, la desinformación sobre el texto constitucional ha sido una producción a nivel de élites, de personas con posiciones de poder económico, político, intelectual. Eso explica por qué ahora se discute tanto el tema: porque esta vez ha sido más claro identificar a sus fuentes», plantea el académico.
«Pero una cosa es que yo vea desinformación, y otra cosa es que yo crea lo que estoy viendo», refina.
«En el caso de Chile, la cifra de gente que cree en la desinformación es bastante baja. Las personas son muy escépticas y eso compensa un poco el riesgo. Por supuesto, siempre se puede hacer el punto de que, mientras más ves algo, te ves expuesto, se te hace más difícil contrarrestarlo. Pero al menos la foto que nosotros tomamos es que, aunque hay mucha desinformación dando vuelta, hay también mucha desconfianza sobre ella», concluye.
En este panorama, una de las principales dudas de la opinión pública chilena a esta hora se remite a qué dice y qué no dice la propuesta de nueva Constitución. Pero al menos una porción de la ciudadanía ha optado por ir a la fuente directa: el libro «Propuesta definitiva de una nueva Constitución», de 178 páginas y que también se puede consultar online, se cuenta entre los libros de no ficción más vendidos en el país a principios de julio, por sobre best sellers internacionales como «Hábitos Atómicos» o «Astrofísica para gente apurada» de Neil Degrasse Tyson.
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