Rómulo en las exequias de un exministro gomecista

Gumersindo Torres

“Era yo entonces (se refiere a la muerte del doctor Gumersindo Torres, ocurrida el  17 de junio de 1947, nota de Carlos Canache Mata) presidente del Poder Ejecutivo. Con sorpresa de los presentes, la mayoría de ellos supervivientes físicos del gomecismo, me presenté con mis ayudantes militares a la casa donde se velaban sus despojos y estuve dos horas cerca de su ataúd. Quería demostrar, a nombre de Venezuela, que en este país le hacemos justicia a quienes proceden con patriotismo, con rectitud, con honradez”. (Rómulo Betancourt, en discurso pronunciado en el Senado de la República el día 6 de agosto de 1975, durante el debate del proyecto de Ley Orgánica que Reserva al Estado la Producción y Comercio de los hidrocarburos, la conocida Ley de Nacionalización Petrolera).

El 17 de septiembre  de 1917, el doctor Gumersindo Torres asumió las funciones de ministro de Fomento, despacho al que se atribuía entonces todo lo relacionado con hidrocarburos. El 27 de junio de 1918, el ministro Torres refrendó la duodécima y última Ley de Minas aplicable a la industria petrolera, “en cuyo artículo 3 –precisa el experto Aníbal R. Martínez- se determinó que el Estado explotaría los hidrocarburos por administración directa o según arrendamiento, ‘…pero en ningún caso podrá conceder derechos reales (sobre las minas)…’, al tiempo que incorporó las primeras referencias a medidas de conservación de los yacimientos descubiertos”, y, más adelante, el experto dice que, bajo la asesoría del ministro Torres, el 19 de junio de 1920, el Congreso aprobó “la primera Ley de Hidrocarburos que aumentó las rentas superficiales y permitía a los propietarios  obtener concesiones, incrementó el área de las reservas nacionales y disminuyó grandemente la lista de artículos de libre importación por las compañías petroleras”. (Diccionario de Historia de Venezuela, Fundación Polar, Volumen 4, pág. 62). Las compañías petroleras protestaron contra la ley, hasta lograr la sanción en 1922 de una nueva norma más complaciente, y, por sus presiones, fue destituido de su cargo el ministro Gumersindo Torres. Esa ley de 1922 fue la que estableció la exoneración de derechos de aduana a las importaciones que las compañías petroleras hacían del exterior.

El 16 de septiembre de 1929 volvió a ser designado el doctor Gumersindo Torres como ministro de Fomento. En el año 1930 dirigió un memorándum confidencial a las empresas en el que afirmaba que “las leyes petroleras de Venezuela son las mejores del mundo para las compañías”, respecto a lo cual comenta Rómulo Betancourt que “el observador menos avisado comprobaría la verdad de esa afirmación tan enfática con sólo asomarse al volumen escandaloso de las utilidades percibidas por las empresas y a la mínima participación del Estado, de los trabajadores de la industria y del país en su conjunto, en esos beneficios” (Venezuela, política y petróleo, primera edición, 1956, página 44); y luego dice (página 54): “En su Memorándum secreto a las compañías, en 1930, el ministro de Fomento Torres corroboraba con cifras la anterior afirmación: durante los siete años precedentes, las exoneraciones aduanales de que se había beneficiado la industria petrolera alcanzaron a 219 millones de bolívares, mientras que en el mismo lapso el total de lo recaudado por el Fisco en el ramo de hidrocarburos sólo ascendió a 187 millones de bolívares. Con acento de miserere, el ministro Torres decía: ‘De la comparación de esas cifras resulta el cálculo desconsolador de que hubiera sido preferible no cobrar impuesto alguno de explotación en cambio del pago de los derechos de aduana exonerados’. Y más adelante añadió, en el mismo documento y como un resumen trágicamente cierto de lo que fueron durante el gomecismo, y aun posteriormente, las relaciones entre el Estado y las empresas extranjeras: ‘Las compañías se llevan el petróleo y el Gobierno de Venezuela les paga para que se lo lleven».

En el año 1928 se había promulgado la “Ley  sobre liquidación del derecho de boyas en el Puerto de Maracaibo”. Comenta Rómulo Betancourt (obra citada, página 60): “De escueto articulado, esa ley creó un impuesto de 2 bolívares por tonelada métrica de arqueo sobre los buques que atravesaran la Barra de Maracaibo, estrecha garganta por donde sale al mar el golfo del mismo nombre. Por allí pasaban las caravanas de tanqueros, sacando para el exterior el petróleo sin ‘tratar’, tal y como era extraído de los pozos. Las compañías hicieron resistencia subterránea a la promulgación de la ley y a esa actitud se refirió amargamente el ministro de Fomento Torres, en su tantas veces citado Memorándum a las empresas”.

Por último, sobre la actuación del doctor Gumersindo Torres al frente del Ministerio de Fomento, podríamos continuar escribiendo. No obstante, ya para concluir este artículo, voy a reproducir, in extenso, las consideraciones que formula Rómulo Betancourt en la página 785 de su obra, Venezuela, política y petróleo (primera edición, 1956): “Gumersindo Torres no se limitó a presentar ese trajinado Memorándum a las compañías petroleras. Quiso hacer más en defensa del país y es de justicia recordarlo, porque fue el único ministro de Fomento de esa etapa vergonzosa de la historia venezolana en quien se apreció patriótica preocupación. Dictó también, e 1°de agosto de 1930, un Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, orientado a sentar las bases de un cierto control estatal sobre la industria. Pretendió hacer más. Cuando se discutió en el Congreso de los Estados Unidos la cuestión de los precios de petróleos extranjeros, las compañías operantes en Venezuela dieron estimaciones sobre costos de transporte por barril absolutamente distintas de las que suministraban a las autoridades venezolanas. Standard of Indiana, por ejemplo, daba a Venezuela como costo de transporte por barril $ .68 y a la Comisión de Tarifas del Senado de Estados Unidos dio como estimación de ese mismo gasto apenas $ .33. Torres hizo el cálculo fácil de que en 4 años (1927-1931), la Standard había defraudado al Fisco en  26.000.000 de bolívares y la Gulf en 30.000.000 de bolívares. Esas compañías fueron entonces demandadas por el procurador general, ante la Corte Federal, para que pagaran sus adeudos. Las compañías afectadas presionaron a Gómez. El doctor Gumersindo Torres fue destituido por segunda vez. De las demandas que cursaban ante la Corte no se volvió a hablar más”.

Que Rómulo Betancourt, en ejercicio de presidente del Poder Ejecutivo, haya estado en las exequias del doctor Gumersindo Torres, exministro de una dictadura que lo había perseguido, pero que le había servido al país con patriotismo y rectitud, demuestra que, cuando hay grandeza, no hay impedimento para honrar a quien honra merece.