El Observatorio de Universidades (OBU) advirtió que el Ministerio de Educación Universitaria promueve la desinformación, por lo que contradice los parámetros de la Constitución y representa un retroceso en materia democrática para la universidad y la sociedad.
En un comunicado publicado en su página web, el OBU señaló que el ministerio realizó 183 publicaciones en las cuentas oficiales los primeros seis meses de 2022, de las cuales 40% de ellas hacían referencia a actividades proselitistas o conmemoración de fechas patrias.
«Desde el 20 de noviembre, cuando se designa a Tibisay Lucena titular de esta dependencia, y hasta junio de 2022, se realizaron 271 publicaciones en las redes sociales de este organismo gubernamental, mientras que, en los primeros diez meses de 2021, el anterior ministro publicó en su cuenta Instagram personal y en la del Ministerio, más informaciones que lo que ha hecho su sucesora Tibisay Lucena en los últimos nueve meses», dice parte del texto.
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En total, Trómpiz y su despacho “postearon” 697 informaciones entre el 1° de enero y el 16 de octubre del año pasado. Cuando se discrimina el tipo de contenido difundido durante la gestión de Trómpiz se observa casi la misma línea informativa de Lucena.
«En 2021, 53% se dedicó a días conmemorativos o fechas patrias y a contenido político ideológico. En cuanto al medio de difusión de las noticias del sector en 2021, llama la atención que solo 1% provino de las propias universidades (sus páginas web), mientras que 22% de las noticias se emitieron desde las cuentas de Instagram de las casas de estudio o sus autoridades».
Ante ello, el OBU señaló que esto atenta contra el derecho a la información de la ciudadanía.
En relación a las noticias sobre las universidades, el Monitor del Observatorio de Universidades, da cuenta de que en el primer semestre de 2022, 75% de las 626 publicaciones corresponden a las instituciones de educación superior no controladas por el gobierno, que son menos que las universidades oficialistas.
En 2021, la proporción informativa fue la misma del primer semestre de 2022. De las 1.786 noticias sobre el sector, 75% provinieron de las instituciones de educación superior autónomas y de las que hasta 2010 escogían a sus autoridades. El otro 25% de las informaciones del año pasado se emanaron de las universidades controladas por el gobierno.
«Otro ejemplo de la política de desinformación se evidencia en materia de derechos laborales. La decisión inconsulta del año pasado de migrar las nóminas del personal al sistema Patria ha sido manejada con total discreción por el Ministerio, los trabajadores deben esperar a que se haga efectivo el depósito bancario para saber cuánto ganan realmente».
Aseguró que la comunidad universitaria no tuvo oportunidad de conocer cómo se llevaron a cabo decisiones tan importantes que representan un revés en materia reivindicativa y de autonomía universitaria.
«Por estas y otras razones, en la comunidad académica hay un temor no infundado acerca de lo que les espera con la ley de universidades que busca imponer el gobierno en la Asamblea Nacional de mayoría oficialista. Hasta ahora, no se conocen los contenidos de la pretendida ley, aunque ha trascendido que se trata de una copia con ligeros cambios de la ley que vetó el fallecido presidente Hugo Chávez en 2011».
Finalmente, el Observatorio de Universidades advirtió que en lo atinente a la transparencia y responsabilidad de la administración pública, y al derecho a la información que tienen los ciudadanos, Venezuela tiene un rezago enorme a pesar de que la Constitución de la República garantiza estos derechos y obliga al Estado a preservarlos.
📌 Mientras tanto, por ejemplo, los profesores y demás trabajadores universitarios deben esperar el depósito en sus cuentas bancarias para saber cuánto cobran por su trabajo.
Estos y otros datos los consigues en el siguiente link: https://t.co/rzHPLO4Ehv
— Observatorio de Universidades (@OBUVenezuela) July 11, 2022
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