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Secretario general de Tupamaro se declaró en huelga de hambre ante posible traslado a Yare II

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José Pinto, secretario general del partido político Tupamaro, se declaró el miércoles en huelga de hambre ante la posibilidad de que las autoridades lo trasladen al Centro Penitenciario Región Capital Yare II, en el estado Miranda.

Pinto, exdiputado al Consejo Legislativo de Vargas, está detenido desde junio de 2020 por su presunta vinculación con el asesinato de George Soto Berroterán, pescador de 16 años de edad, en una finca de su propiedad en esa entidad.

Por ese caso, al dirigente lo detuvieron funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas.

“Me han informado de un supuesto traslado para yare II. Eso es un indicador del agravante de mis condiciones de salud, por lo que he decidido declararme en huelga de hambre y en resistencia con la moral en alto. Quizás no pueda comunicarme más con ustedes. Venceremos, no joda”, dijo el tupamaro en Twitter.

Minutos después comunicó que quedaría completamente incomunicado por la “brutal represión” a la que supuestamente lo estaban sometiendo. “Sepan ustedes que como preso político mantendré el espíritu de lucha y esta huelga de hambre reivindica mi condición así en ello se nos vaya la vida”, agregó.

Proceso judicial “amañado”

Rafael Ortegano, vocero de la dirección nacional del partido, dijo a la agencia Efe en abril, durante una protesta en el Palacio de Justicia, que el proceso judicial contra Pinto está amañado y que no se le están respetando sus derechos. También aseguró que el dirigente chavista padece diabetes y problemas de la tensión.

“Al momento de ser allanada su residencia, era diputado del Consejo Legislativo en el estado La Guaira. Eso no fue respetado. Pinto fue golpeado, su casa fue destrozada, no se le respetaron. Su inmunidad parlamentaria no fue respetada hasta hoy en día”, aseguró Ortegano entonces.

“En Venezuela se están violando los derechos humanos a diario. No solamente de todos los presos comunes y políticos, sino los derechos humanos de la población cuando los servicios públicos fallan”, añadió.

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