El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, convocó este sábado a un diálogo al gobierno de Ecuador y a los líderes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, que lidera las protestas que comenzaron el 13 de junio, contra la carestía de la vida.
«El Ecuador demanda un diálogo inmediato para solucionar la crisis por la que atraviesa». Así lo dijo Saquicela al anotar que por ello ha convocado al gobierno y a los dirigentes de la Conaie «a ese diálogo el día de hoy».
En dicho diálogo estará presente el arzobispo de Quito, Alfredo José Espinoza. También los representantes de las distintas funciones del Estado.
«Hoy es el día para darle una solución al Ecuador», dijo en un vídeo colgado en la cuenta de Twitter de la Asamblea, en el que no ofreció detalles sobre el lugar, hora de reunión o si alguna de las partes se ha pronunciado sobre la convocatoria.
En su cuenta personal de Twitter, Saquicela recalcó: «Estamos del único lado posible… del lado del país, del reconocimiento de la diversidad, propia de nuestra esencia, que confluye en un denominador común… ser ecuatorianos. Hoy es el día para darle una solución al Ecuador».
Presidente del Parlamento de Ecuador promueve diálogo
El mensaje de Saquicela se publicó el mismo día en que se prevé una reunión del pleno de la Asamblea. Esto para tratar, como único punto, un pedido de destitución del presidente, Guillermo Lasso, quien el viernes denunció un intento de golpe de Estado en su contra.
La petición la realizaron asambleístas afines al expresidente Rafael Correa (2007-2017) bajo la causal de grave conmoción interna debido a la ola de protestas contra el alto costo de la vida y las políticas económicas del Ejecutivo.
Aunque en principio la sesión del Legislativo iba a tener lugar en la sede de la Asamblea, finalmente se realizará de forma virtual debido al estado de excepción decretado en seis provincias por las protestas, que se han caracterizado por el corte de carreteras y el bloqueo de vías.
La ley orgánica de la Asamblea obliga a que la sesión para debatir la destitución presidencial se convoque en menos de 24 horas desde la presentación de la solicitud, y a ella también está convocado el mismo presidente para exponer sus alegaciones.
72 horas para votar
Luego del debate, el Parlamento tiene 72 horas para votar la continuidad del mandatario, para lo que requiere una mayoría de dos tercios, equivalente a 92 de los 137 asambleístas.
En caso de conseguirlo, el vicepresidente asumiría la Presidencia y el Consejo Nacional Electoral, en un plazo de siete días tras publicada la resolución, convocaría para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas.
En un mensaje a la nación difundido en televisión y redes sociales, Lasso denunció el viernes un intento de golpe de Estado promovido por los líderes de las protestas e hizo «un llamado a la comunidad internacional para advertir este intento de desestabilizar la democracia en el Ecuador».
El mandatario acusó al presidente de la Conaie, Leonidas Iza, principal promotor de las movilizaciones, de buscar «el derrocamiento del Gobierno», extremo negado por el líder indígena.
El gobernante agradeció el apoyo ya anticipado de grupos parlamentarios de la oposición como Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano y una parte de Pachakutik, lo que permitiría ganar la moción y quedarse en el poder que ostenta desde el 24 de mayo de 2021.
Detalles
Las protestas comenzaron el 13 de junio convocadas principalmente por la Conaie, aunque luego también se adhirieron otras organizaciones de campesinos, así como sindicatos y federaciones de estudiantes.
Desde el movimiento indígena se exige el cumplimiento de un pliego de diez demandas, entre ellas que se reduzcan y congelen los precios de los combustibles, que se controlen los precios de los productos de primera necesidad, que no se privaticen empresas estatales y que no se amplíe la actividad petrolera y minera en la Amazonía.
Hasta el momento la movilización deja un saldo de cinco fallecidos y no menos de 200 heridos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. También 100 detenciones, según organizaciones de derechos humanos.
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