A la zona de Caracas donde ocurrieron las explosiones podía llegarse tranquilamente el domingo, cerca de la tarima presidencial en la que estaba Nicolás Maduro el sábado y que el ministro de Defensa calificó como un “intento de magnicidio”. Sin cordón de seguridad ni policías de resguardo, los curiosos se acercaban a ver la mancha negra en uno de los edificios cercanos e intercambiaban impresiones mientras desarmaban la tarima.
En el resto de la ciudad y del país, a pesar de la grave afirmación del presidente Nicolás Maduro –“hoy han intentado asesinarme”, dijo en cadena de radio y televisión tras lo ocurrido–, el ambiente era incluso apacible.
Las discusiones sobre los hechos del sábado se concentraron en analizar la veracidad del atentado; en ninguna ciudad salió el chavismo a las calles a mostrar su apoyo a Maduro.
Con la excepción de un comunicado leído directamente por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, asegurando la irrestricta lealtad de la Fuerza Armada Nacional hacia el mandatario venezolano, el gobierno fue tímido en su reacción del “día después”. En la tarde una explicación al cuerpo diplomático, que poco antes ofreció el ministro de Interior y Justicia Néstor Reverol, dando los detalles más precisos sobre el atentado.
Este afirmó que las detonaciones provinieron de dos drones tipo M-600 cargados con C4, un material explosivo que se activa a través de una pulsión eléctrica y que no habrían logrado el objetivo de impactar al mandatario, al haber perdido contacto con quienes los controlaban.
“Una de las aeronaves sobrevoló la tribuna presidencial con el fin de activar a distancia la sustancia explosiva, pero gracias a las técnicas de la Guardia de Honor Presidencial y la instalación de equipos inhibidores de señal se logró desorientar el dron”, explicó Reverol. El otro dron perdió el control en las aproximaciones del evento y cayó en un edificio denominado Don Eduardo (…) retomando a la altura del piso 1”. Esa era la mancha negra que veían los transeúntes que pasaban ayer por el lugar.
Hay seis personas detenidas, supuestamente relacionadas con el caso. Reverol no ofreció detalles de sus nombres, tampoco imágenes de los drones destruidos.
La amenaza proferida por Maduro contra los supuestos perpetradores del atentado levantó la sospecha de un ataque sorpresa inminente en las filas de la Fuerza Armada Nacional.
Una consecuencia “lógica”, advierte a El Tiempo el politólogo Luis Salamanca, que, como una gran parte de los venezolanos, se pregunta si lo ocurrido no habría sido preparado por el propio régimen.
“Sin embargo, no creo que el gobierno lo haya hecho con el fin de propiciar una persecución pues no tiene ningún sentido. No me cuadra porque las detenciones y averiguaciones las venían haciendo sin esta situación. Ahora, atentado frustrado o autoatentado, lo que pasó muestra que hay vulnerabilidad en los cuerpos de seguridad del Estado. La reacción de quienes estaban allí fue correr y salvarse como podían. El instinto colectivo de salvar al líder no operó”.
Fuerza Armada, tema clave
Salamanca, también profesor de la Universidad Central de Venezuela, destaca que más allá de la veracidad del atentado queda claro que el gobierno usará lo ocurrido con fines políticos, pues su preocupación política fundamental es la lealtad de la Fuerza Armada.
“La oposición está dividida y debilitada, confundida. Los militares son la variable crucial para un gobierno como este, que se salió del cauce constitucional el 20 de mayo, día de la votación en la que resultó reelecto Maduro”.
En ese sentido, se espera un escrutinio aún más profundo del régimen sobre la Fuerza Armada venezolana y el endurecimiento contra quienes considere sus enemigos: “No habrá perdón. Los perseguiremos y los capturaremos”, advirtió Maduro refiriéndose a los autores del supuesto atentado, pero con una resonancia suficiente que sus enemigos políticos no pueden descartar.
Aunque este sería el segundo intento de magnicidio en la historia contemporánea de Venezuela –el primero ocurrió contra Rómulo Betancourt el 24 de junio de 1960–, no es la primera vez que el régimen de Maduro lidia con rebeliones en su contra.
El sobrevuelo en helicóptero y rebelión del piloto Óscar Pérez, abatido junto a su grupo en enero pasado tras un cerco de cientos de funcionarios, así como el alzamiento de varios militares en el fuerte Paramacay en agosto del 2017, demuestran el rechazo de al menos una parte de los funcionarios del orden al mandato de Maduro.
Todo esto sin contar las protestas masivas de los años 2014 y 2017, que el año pasado dejaron más de 130 personas asesinadas.
A la sombra y sin aspavientos, el régimen ha apresado en lo que va de año al menos a 40 militares, según la organización no gubernamental Control Ciudadano, por sospechas de conspiración; pero el diputado Alfonso Máquina asegura que esa cifra supera el centenar.
Colombia calificó como ‘absurda’ la acusación
Como “absurdos” y “carentes de fundamento” calificó el gobierno colombiano los señalamientos del mandatario venezolano Nicolás Maduro sobre la responsabilidad directa del presidente Juan Manuel Santos en el atentado que según él, se cometió en su contra.
La Cancillería colombiana realizó un pronunciamiento en el que rechazó “enfáticamente” las acusaciones del jefe de Estado venezolano y dijo que “ya es costumbre que el mandatario venezolano culpe permanentemente a Colombia de cualquier tipo de situación”.
“Exigimos respeto por el presidente Juan Manuel Santos, por el gobierno y por el pueblo colombiano”, pidió el Ministerio de Exteriores de Colombia.
Fuentes de la Casa de Nariño afirmaron que lo dicho por Maduro “no tiene base” y que el Presidente “está dedicado al bautizo de su nieta Celeste –que fue el sábado– y no a tumbar gobiernos extranjeros”.
Las acusaciones de Maduro se dieron a dos días de que Santos concluya su período presidencial.
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