88% de los docentes de las instituciones públicas y privadas del país no realiza ningún tipo de actividades de extensión. En cuanto a investigación, 60% de los docentes no realiza actividades destinadas a tal fin, según informó el Observatorio de Universidades (OBU) en su más reciente estudio.
En el texto, enfocado en las condiciones de trabajo del sector universitario en Venezuela, el OBU sostiene que las universidades públicas sobreviven con déficits presupuestarios superiores a 90% en las instituciones que no son controladas por el gobierno, es decir, aquellas que han destacado por su mayor experiencia y concepción plural.
Los docentes que sí realizan actividades conducentes al desarrollo científico, tecnológico y humanístico lo hacen como resultado de una acción individual y no como respuesta a una política oficial de estímulo a la producción de conocimiento, por medio de proyectos financiados como se hacía en otros años, sino de las actividades complementarias a la docencia o al interés particular que existe en parte de la comunidad, señala el informe.
«En el campo de la docencia existe un estancamiento, solo 29% de los profesores están en la categoría titular, que es el máximo escalafón, al que se llega luego de unos 15 o 20 años de servicios, investigaciones publicadas en revistas científicas y con estudios culminados de doctorado», se lee.
Una de las razones de este estancamiento se debe a la poca motivación para el ascenso, pues en materia salarial la diferencia entre uno y otro escalafón consecutivo varía entre los 8 y los 12 dólares.
El porcentaje de docentes que están en el máximo escalafón, explica el OBU, pudiese ser menor. Sin embargo, la cifra que se mantiene actualmente se debe a profesores que tienen el tiempo de servicio para gozar de la jubilación o ya están jubilados, pero no han dejado sus cargos o se reincorporaron a la universidad, debido a la falta de docentes que existe en las instituciones educativas.
«La organización del trabajo en la función académica se fundamenta en disponer de conocimiento para el propio ejercicio docente, más la capacidad para estudiar y acceder a nuevos saberes, hasta alcanzar el logro de la creación de conocimiento científico. No obstante, en la actualidad los docentes universitarios no cuentan con la posibilidad de acceder a bibliotecas digitales de sus casas de estudios debido a que 78% no las tiene o no sabe si existen, como arrojó la Enobu 2021», agrega el boletín del OBU.
La imposibilidad de acceder a las bibliotecas digitales representa para el profesorado un atraso considerable con respecto a sus pares de otros países, pues estas plataformas aparecen desde hace al menos 20 años como alternativas a las bibliotecas físicas.
«De igual forma, el acceso a suscripciones de revistas científicas especializadas está obstaculizado por la asfixia presupuestaria que padecen las universidades, por ejemplo, las instituciones públicas no controladas por el gobierno, que habían sido las más competitivas en el campo investigativo», señala.
El OBU denunció también las dificultades a las que se han tenido que enfrentar los educadores en el país al tener que impartir las clases desde sus hogares debido a la pandemia.
Estos “nuevos” espacios laborales presentan precariedades en términos de servicios públicos agravadas por desigualdades por región.
El boletín también destaca la deserción de alumnos y profesores en el contexto de precarización de las condiciones de trabajo y estudio.
«La Universidad de Los Andes (ULA), según datos de su Dirección General de Planificación, informa que entre 2012 y 2021 la matrícula descendió un total de 29.326 estudiantes, mientras que 1.825 profesores y 1.494 trabajadores administrativos, técnicos u obreros renunciaron a la institución», sostiene.
Entre las reflexiones presentadas por el OBU, este recalca la necesidad de retomar el papel del Estado como garante de un derecho humano consagrado constitucionalmente y su obligación de revertir la situación en que se encuentra la educación superior en el país.
«El Estado venezolano no ha tenido la capacidad de ser un interlocutor efectivo con el sector universitario para encarar la superación de este deterioro. Desde sus órganos rectores no se promueven espacios y programas para que, conjuntamente con las comunidades universitarias, se detenga el deterioro e iniciar procesos de reconstrucción», afirman en el texto.
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