Desde hace un tiempo, el gobierno de Nicolás Maduro ha comenzado a revertir en silencio y de forma progresiva los subsidios que mantuvo durante años a los servicios públicos como la electricidad, el agua, el gas y los peajes de las carreteras.
Las facturas de luz y agua están aumentando, mientras que los peajes se han restablecido en varios estados y cada vez son más las gasolineras que cobran en dólares. Además, el Ejecutivo está cediendo el control de la venta de gas para cocinar y la recaudación de impuestos a los municipios.
Gustavo Nouel, agrónomo en una finca de arroz de 197 acres en el estado Portuguesa, dijo a Bloomberg que la factura de electricidad pasó de 100 a 5.000 dólares por mes en enero.
Con una industria petrolera que está produciendo una cuarta parte de su capacidad, el gobierno de Maduro está elevando gradualmente el precio de los servicios proporcionados por el Estado para acercarlos a su costo real.
José Luis Saboin, consultor económico en Washington, señaló que después de años de recesión e hiperinflación, que terminaron recientemente, la política de Maduro de permitir que las empresas estatales cobren más debería ayudarlas a mejorar sus operaciones y finanzas y pagar salarios más altos.
«Es bastante desafortunado que se haya necesitado una catástrofe económica para revertir esta situación de precios», dijo.
No está claro exactamente cuánto gasta el gobierno en subsidios, ya que no se publican cifras confiables. Los economistas del Centro de Políticas Públicas de IESA, en Caracas, estiman que ascendieron a 25.000 millones de dólares anuales en 2014.
Maduro comenzó a cambiar la política en serio en 2020. Pero los aumentos se han producido con poca fanfarria o publicidad, lo que ha ayudado a Maduro a evitar una reacción negativa del público. Los comerciantes dicen que fueron sorprendidos por las enormes facturas. Los servicios públicos, mientras tanto, se han mantenido pésimos.
Algunos productores se han adaptado aumentando los precios o mudándose a municipios más baratos dirigidos por alcaldes respaldados por el gobierno que atraen negocios con exenciones de impuestos. Otros han tenido que cerrar la tienda y vender.
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