¿Una nueva amenaza contra las universidades autónomas?

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Existe preocupación en los sectores académicos porque la Asamblea Nacional oficialista nombró, en enero de este año, una comisión que elaboraría un proyecto de Ley de Educación Universitaria en Venezuela. Aunque la vigente Constitución de 1999 consagra la autonomía universitaria en su artículo 109, todos conocemos que, tanto en el gobierno de Hugo Chávez como en el de Nicolás Maduro, ese artículo ha sido desconocido y violado muchas veces. Reza así la citada disposición constitucional: “El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas de la comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación. Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión”.

Habrá que recordar que la universidad nace como una comunidad de maestros y escolares dentro del espíritu corporativo o gremial de la Edad Media y –lo que es poco conocido- era autónoma en relación con el poder estatal de la época; después la universidad renacentista y la universidad de la Edad Moderna devinieron como una estructura institucional al servicio del Estado. Es a partir de la reforma universitaria  de Córdoba, Argentina, de 1918, que la autonomía se afirma como el mejor camino que tiene la universidad para cumplir sus altas funciones.

Recientemente se celebró -leo en el portal digital de Analítica del 27 de mayo- un conversatorio sobre las perspectivas, retos y amenazas de esa nueva Ley de Educación Universitaria, cuyos ponentes fueron Mayda Hocevar, Leonardo Carvajal y Karla Velazco, quienes aclararon que aún no conocen un borrador o documento oficial del mencionado proyecto legislativo.

Mayda Hocevar (directora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes) formula las siguientes consideraciones: «1-La actual Ley Orgánica de Educación sancionada en 2009, interviene en la autonomía universitaria y confisca las competencias fundamentales de las universidades; 2-la implantación de casas de estudios paralelas, la cual ha sido tan pronunciada que en estos momentos tenemos entre 90% y 98% de universidades no autónomas en el país; 3-las convenciones colectivas para regular las relaciones laborales basadas en el Plan de la Patria, representan otra flagrante violación de la autonomía universitaria».

Denuncia, además, la instrumentación del Poder Judicial para intervenir y controlar las universidades, el sometimiento de éstas a una asfixia presupuestaria, y la persecución de universitarios por motivos políticos. Añade la siguiente información: “En el informe El declive de la ciencia, elaborado en el 2021, se demostró que la politización en este sector afectó la productividad científica que representaba 80% de la investigación en Venezuela. Las universidades bolivarianas no producen conocimiento. El número de investigadores ha descendido 89% entre 2016 y 2019. La cifra de artículos científicos publicados ha bajado 55% desde 2011 a 2019. En cuanto a la productividad científica, Venezuela pasó del quinto lugar al décimo puesto en el ranking latinoamericano”.

Otro importante experto en la materia educativa, Leonardo Carvajal (doctor en educación y profesor universitario), manifestó que en cualquier proyecto de ley que presentara el gobierno tendrá “que mirar lo que aprobaron en 2010 en segunda discusión en la otrora Asamblea Nacional y que fue vetado por el propio presidente Hugo Chávez el 4 de enero de 2011, tras el rechazo expresado por el sector frente a ese instrumento legal”. Y señaló que “elementos peligrosos, nefastos y catastróficos“ que contenía el anterior documento no deberían volver a aparecer en cualquier proyecto legislativo.

Karla Velazco (subdirectora de proyectos de ONG Aula Abierta) solicitó respeto para las universidades autónomas, apuntó que durante años la vigente ley “ha inducido a la destrucción de las universidades y la violación de los derechos humanos de los y las universitarias (profesores, empleados, obreros y estudiantes) quienes se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad”. Sostiene que una nueva ley en el contexto actual, podría buscar el control “total” del gobierno sobre las universidades.

El año pasado, a raíz de la sorpresiva visita nocturna que Nicolás Maduro hizo a la Ciudad Universitaria, el Bloque Constitucional, en comunicado público, instó a toda la sociedad civil a cerrar filas en defensa de la universidad libre y democrática y exigió el respeto a la autonomía universitaria; y en un editorial del portal digital Analítica, se expresó: “La visita de Maduro a nuestra UCV, la grotesca designación de Jacqueline Faría, la misma que iba a convertir el Río Guaire en el balneario de Caracas, como protectora de la universidad más antigua de Venezuela, la decisión de pintar el concreto de la obra limpia de Carlos Raúl Villanueva, declarada  por la Unesco como patrimonio de la humanidad, sentarse en un pupitre en aula vacía, porque cuando la UCV era orgullo del país, en la era democrática, él (Nicolás Maduro) nunca pasó más allá de la Plaza de las Tres Gracias, son manifestaciones evidentes de quien aborrece la cultura y el conocimiento porque son la expresión más sublime de la libertad y él sabe que si ésta prevalece no podrá seguir en el poder”.

Las dictaduras temen a la universidad, por eso la amenazan y le montan caza.