Ocho venezolanos fueron trasladados a cárceles con delincuentes comunes, luego de que se ejecutara el cierre del recinto donde recluían a los migrantes indocumentados detenidos en la isla de Curazao.
La organización no gubernamental Human Rights Defense Curazao (HRDC) solicitó al gobierno del primer ministro Gilmar Pik Pisas que libere a los venezolanos, pues se encuentran en condiciones inseguras e insalubres.
«El centro de reclusión de indocumentados fue cerrado esta semana tras las críticas internacionales por las condiciones infrahumanas», señaló HRDC en un comunicado reseñado por el medio Crónicas del Caribe.
La organización indicó que ni la policía ni el personal de la prisión SDKK (siglas en papiamento del Centro de Detención de Curazao) saben qué hacer con los migrantes venezolanos que buscan protección en la isla.
Denunciaron que estas ocho personas «fueron trasladadas en contra de su voluntad este fin de semana a las celdas de la policía en Barber y luego enviadas al Bloque 1 de SDKK, que también alberga a sospechosos de cometer delitos».
«Al parecer, aún no existe un lugar adecuado para ubicar a estas personas. ¿Qué ha hecho mientras tanto el grupo de trabajo interdepartamental sobre personas indocumentadas, que se estableció el 9 de noviembre de 2017 a través de un decreto?», cuestionó la organización.
Explicaron que tras el cierre de fronteras, impuesto en febrero de 2019, y la suspensión de los vuelos humanitarios desde diciembre de 2021, se dificulta el proceso de deportación.
HRDC resaltó que los migrantes invocan la protección del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que en su artículo 3 estipula que «nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes».
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