La controversia con Guyana: Venezuela debe presentar la contramemoria

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales realizó doce foros sobre la disputa de Guyana con Venezuela. Estos encuentros fueron desde el 6 de mayo de 2021 hasta el 31 de marzo de 2022 y se caracterizaron por su elevado contenido histórico, jurídico y político. Las sesiones fueron diseñadas y coordinadas por el académico Héctor Faúndez Ledesma, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela y autor del libro La competencia contenciosa de la Corte Internacional de Justicia y el caso Guyana vs Venezuela (Editorial jurídica venezolana, Caracas, 2020), que es una valiosa contribución para la comprensión de esta materia.

Los foros sobre la controversia están disponibles en el canal de YouTube de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y en el canal de la Fundación Universitas. De esta manera, el conflicto puede ser examinado por todos. Cada cual podrá ponderar qué es lo que le conviene a nuestro país. Una conclusión fácil de extraer de estas jornadas es clara: Venezuela no puede cruzarse de brazos y debe comparecer ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para defenderse. No hacerlo sería un error irreparable que afectaría la defensa de nuestros intereses.

Venezuela dispone hasta marzo de 2023 para presentar su “contramemoria”. Y esto porque el 18 de diciembre de 2020, la CIJ declaró su competencia para conocer la demanda de Guyana contra Venezuela, y con ello judicializó la disputa. Hasta ahora, el gobierno de Venezuela no sabe todavía qué hará, aunque parece no estar dispuesto a participar en el juicio y desconocer así la jurisdicción de la CIJ.

Al no participar se pierde la oportunidad de formular alegatos en la audiencia pública a la que se convocará a las partes, y de solicitar medidas provisionales para detener la explotación de los recursos minerales y petroleros situados en la zona en disputa. Si decidimos comparecer, estaremos habilitados para formular nuestros alegatos bajo protesta, y ratificar la plena validez y vigencia del Acuerdo de Ginebra, así como designar un juez ad-hoc. Son claras las ventajas de presentarnos en el proceso.

Si Venezuela participa tendría un tribunal del más alto nivel para demostrar la nulidad del Laudo Arbitral de 1899, puesto que este veredicto es inmotivado y fue producto de un fraude procesal, alcanzado mediante “la arbitrariedad y las transacciones a espaldas de uno de los Estados en litigio”, como lo afirma Héctor Faúndez Ledesma en su citado libro (p. 328). Esto está suficientemente documentado, y se puede demostrar. Pero para poder atacar el Laudo fraudulento es vital participar en el litigio.

En lo que atañe a la soberanía sobre el territorio en disputa, los venezolanos contamos con estudios seminales realizados por el sacerdote jesuita Hermann González Oropeza, quien, en su libro Atlas de la historia cartográfica de Venezuela (Fundación Diego Cisneros, Enzo Papi Editor, Caracas, 1987) demuestra la consistencia de nuestros títulos. Igualmente tenemos los valiosos aportes del profesor Manuel Donis Ríos, plasmados en Venezuela y sus espacios marítimos en el Atlántico ayer y hoy (Caracas, Abediciones, 2020), obra que ratifica con precisión la indubitable fuerza de los títulos venezolanos.

La presencia de Venezuela en el proceso que se sigue en la CIJ es una oportunidad para frenar la minería ilegal, así como la explotación del gas y del petróleo que actualmente se extrae de la zona en conflicto, o de la proyección marítima de la misma. Pero también está en juego la integridad territorial, el medio ambiente y la seguridad de los venezolanos. Por eso, se requiere el control de los espacios dominados por el crimen internacional, la piratería, la trata de mujeres y niños, el narcotráfico y demás actividades criminales trasnacionales. Este es un aspecto que no puede soslayarse.

Vale la pena recordar que el mayor logro de nuestro país en el conflicto con Guyana ha sido el Acuerdo de Ginebra. Este éxito descansa en la actuación de líderes de la era civil. Entre ellos, Marcos Falcón Briceño, quien, como canciller de Rómulo Betancourt, denunció el 12 de noviembre de 1962 el Laudo Arbitral de 1899. Con el Acuerdo de Ginebra, el Reino Unido y Guyana reconocieron que tenían una disputa territorial con Venezuela.

El Acuerdo de Ginebra es un logro de los gobiernos civiles, en los cuales había un consenso alrededor de la disputa con Guyana, desprovisto de agendas circunstanciales y de solidaridades automáticas. Tanto Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y Rafael Caldera manejaron este asunto con amplitud, sin lugares comunes y mirada de largo alcance. La exclusión no habría permitido este importante triunfo de nuestra diplomacia. Todo continuó por buen camino y en el gobierno de Raúl Leoni, el canciller Ignacio Iribarren Borges suscribió el 17 de febrero de 1966 el Acuerdo de Ginebra, que ha sido -repito- el mayor éxito venezolano en la controversia. Y todo ello porque el asunto fue manejado por estadistas.

Como obstáculo que se debe vencer tenemos el elemento ideológico que se ha involucrado en este asunto vital para Venezuela. En primer lugar, la posición cubana de apoyar a Guyana. En efecto, el castrismo no ha vacilado en exponer su posición desde hace años. Así ocurrió con la declaración del canciller cubano de Fidel Castro, Ricardo Alarcón, quien el 7 de octubre de 1981 afirmó: “El reclamo venezolano es prueba de expansionismo y Guayana [Guyana] tiene pleno derecho a gozar de su entero territorio con plena libertad”. No podemos olvidar que Guyana sirvió de puente militar para las tropas cubanas en la guerra de Angola. Lo anterior debe ser recordado, en vista de la inapelable influencia del gobierno castrista sobre los asuntos venezolanos. En esta materia, Cuba tiene intereses opuestos a los de Venezuela. De lo que se trata es de defender nuestra integridad territorial sin doblegarse ante solidaridades políticas.

La segunda atadura ideológica está recogida en las imprudentes declaraciones del presidente Hugo Chávez en 2007, quien sorpresivamente afirmó que la reclamación venezolana se inició “por presiones de Estados Unidos para desestabilizar el gobierno comunista de Chaddy Jagan”. De esta manera, además de introducir el condimento político e ideológico, se desnaturaliza el fondo de lo debatido en este delicado asunto. Luego de las declaraciones del entonces presidente de Venezuela, el gobierno de la República Cooperativa de Guyana inició una serie de atropellos contra nuestra soberanía, al incursionar agresivamente en nuestro espacio marítimo. Esto fue denunciado por la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en un pronunciamiento del 1 de octubre de 2013. Por fortuna, en ese mismo año la Armada venezolana detuvo unas embarcaciones que hacían estudios petroleros en el área en reclamación. Esta actuación de la Fuerza Armada merece ser reconocida.

A Venezuela le asiste la razón, pero no hay garantías de una sentencia favorable. Así funcionan los litigios: quien tiene la razón debe demostrarla con argumentos de hecho y de derecho. Abstenerse de participar en el proceso y renunciar a presentar alegatos es una mala decisión. No podemos renunciar a la posibilidad de pedir la nulidad del inmotivado y fraudulento Laudo de 1899. Y todo esto será responsabilidad de quienes gobiernan Venezuela.

En Guyana todos los sectores están unidos en relación con la disputa con Venezuela. Nosotros, al contrario, estamos divididos. Esta división interna constituye otro obstáculo que hay que superar. El gobierno ha manejado este asunto sin la participación de todos los sectores; más bien, con indiferencia por lo que pueda decidir la CIJ, y sin ponderar los efectos de una sentencia adversa. En esta disputa no cabe la discriminación por razones ideológicas o políticas. Lo que está en juego es parte de nuestro territorio, de nuestras riquezas y la salida de Venezuela al Atlántico.

La controversia con Guyana debe ser atendida con criterios de Estado, sin excluir a nadie por razones de política interna. De lo que se trata es de ejercer el liderazgo y convocar a los expertos para que puedan confeccionar la mejor defensa procesal y redactar la contramemoria que debe presentarse en la Corte Internacional de Justicia. El destino vital de Venezuela así lo exige.