«Esta es la primera vez que sentimos que podemos tener un vínculo con Colombia», me dice Gabriel Marimón, un afrocolombiano, mientras caminamos por su pueblo, San Basilio de Palenque, cerca de la costa caribeña.
Este fue el primer pueblo libre de América: el primer lugar donde, en 1691, una comunidad de migrantes africanos se declararon libres de esclavitud. No hay rincón de este corregimiento de 5.000 habitantes, a 50 kilómetros de Cartagena, en el que no haya alguna manifestación de orgullo negro: grafitis, estatuas, centros culturales.
Y Marimón, un joven activista del folclor y la cultura afro, se emociona cuando le hablo de las elecciones presidenciales de este 29 de mayo.
«Al fin nos sentimos identificados», señala, en referencia a Francia Márquez, candidata a la vicepresidencia de Gustavo Petro y activista afro de los derechos de las comunidades que, denuncia, han sido discriminadas por siglos. Son «los nadies», dice.
Pero Márquez, que lidera con Petro todas las encuestas, no es la única: de las siete candidaturas, cuatro tienen una persona afrocolombiana en su carta a la vicepresidencia, una faceta inédita de esta campaña que puso a los colombianos a hablar de racismo y revela una apertura hacia problemáticas socioculturales que durante décadas estuvieron ausentes de la agenda electoral a cuenta de la guerra.
«El racismo en este país siempre ha sido solapado, pero con estas elecciones ha salido a flote», opina Manuel Pérez, profesor de Biología y hablante de palenquero, el dialecto autóctono de esta comunidad.
Para saber qué piensan los negros sobre el racismo y las elecciones estuve en otras comunidades afro del departamento de Bolívar, en la costa caribeña, y hablé con representantes en el Chocó y el Cauca, regiones afro cerca del océano Pacífico.
¿Racismo en Colombia?
La población colombiana, de unos 50 millones, es predominantemente mestiza.
Aunque el censo oficial de 2018 estimó que los afros son 10%, existen versiones —entre ellas, de la Defensoría del Pueblo— que establecen el número en el doble, debido a las distorsiones generadas por el desplazamiento.
Un cuarto de la población desplazada por el conflicto armado, en efecto, es afro.
Y es afro también, en su mayoría, la población más pobre del país: la pobreza general se registra en 40%, pero en sus regiones sobrepasa 50% hasta llegar a 64% en el Chocó, donde dos tercios de la gente es negra.
No todos los colombianos consideran que las vulnerabilidades de esta población sean originadas por el racismo.
La población colombiana, de unos 50 millones, es predominantemente mestiza.
Aunque el censo oficial de 2018 estimó que los afros son 10%, existen versiones —entre ellas, de la Defensoría del Pueblo— que establecen el número en el doble, debido a las distorsiones generadas por el desplazamiento.
Un cuarto de la población desplazada por el conflicto armado, en efecto, es afro.
Y es afro también, en su mayoría, la población más pobre del país: la pobreza general se registra en 40%, pero en sus regiones sobrepasa 50% hasta llegar al 64% en el Chocó, donde dos tercios de la gente es negra.
No todos los colombianos consideran que las vulnerabilidades de esta población sean originadas por el racismo.
Uno de ellos es el político afro Miguel Polo Polo, que con 26 años se ha convertido en una figura mediática debido a sus controversiales opiniones de derecha.
«Hay una cantidad de problemas de toda la vida que ahora se los quieren achacar al racismo», asegura. «El desplazamiento forzado lo hacían por la violencia, no por el color de piel».
El influencer se lanzó al Congreso, pero aún no se sabe si entró. Y dice: «Está chévere que haya esta cantidad de candidatos afro, pero lo importante son las capacidades (…) El racismo en Colombia es una excepción que solo practican algunos idiotas».
Pérez, el profesor palenquero, recuerda un dato histórico cuando le pregunto por Polo Polo: «El endorracismo es una práctica que se originó en la esclavitud, cuando los negros del servicio doméstico, que tenían privilegios, discriminaban a los negros esclavos».
El auge de los candidatos afro ha permitido ver la diversidad dentro de la población negra: hay de izquierda y derecha, rurales y urbanos, académicos y empíricos, pobres y de clase media.
Luis Gilberto Murillo, por ejemplo, creció en un pequeño pueblo chocoano, estudió en la Unión Soviética y Estados Unidos y fue gobernador del Chocó y ministro de Ambiente. Es candidato a vicepresidente en la fórmula de Sergio Fajardo, de la centroizquierda.
El boom afro, sin embargo, también ha desatado los ataques racistas. A Márquez, entre otros, una famosa cantante la llamó King Kong.
«Con tantos candidatos afro es normal que surjan racismos. Pero, en cualquier caso, es significativo el debate porque no vamos a pasar la página si no se hace conciencia», dice Velia Vidal, una escritora y gestora cultural de Quibdó, la capital del Chocó.
«La gente, y no solo la gente negra, está teniendo las conversaciones en su casa e intentando entender el fenómeno», celebra.
La historia de una «conquista»
En 1861, Colombia tuvo su único presidente negro: Juan José Nieto Gil, un escritor y militar nacido en la costa caribeña. El mandato duró seis meses, durante un vacío de poder en plena guerra civil.
Su retrato presidencial, en el cual figuraba una persona de tez clara, estuvo durante años ausente en la Casa de Nariño, hasta que en 2018 el mandatario Juan Manuel Santos mandó a hacer una representación acorde a su color de piel y lo puso en la famosa galería de los expresidentes del palacio de gobierno.
La historia política de los negros en Colombia tiene un punto de inflexión en 1991, cuando se firmó una Constitución que, por primera vez, les dio reconocimiento político y sentó las bases para que sus demandas históricas fueran, al menos por ley, hechos.
«Han sido 30 años en los que los sectores populares se unieron y organizaron en busca de un bien común», dice Hoovert Carabali, un activista del Cauca que ha liderado una de las «conquistas» más importantes de la comunidad: la Ley 70, que les dio propiedad colectiva sobre sus territorios ancestrales y obligó al Estado a consultarles cualquier concesión en las zonas.
Con la ley, un espacio del tamaño de Costa Rica pasó de no tener dueños, de ser «baldío», a considerarse la fuente de identidad de miles de comunidades.
«El gobierno daba concesiones a cualquiera para su actividad extractivista, lo cual generó despojo de territorios, falta de compensación, impacto en el medio ambiente por el mercurio y afectación en la salud de la gente y de los animales», señala Carabali.
La Ley 70 cambió eso, según María Alejandra Vélez, economista experta en medio ambiente: «Les dio la posibilidad de excluir gente que no era parte de la comunidad (como a las empresas madereras) y de invertir en su capital físico, disminuir el hacinamiento y mejorar las condiciones el hogar».
«Pero además se disminuyó la deforestación y la pobreza y se inició un proceso de reclamación de identidad étnica», añade.
Por eso, dice la experta, la emergencia actual de candidatos negros a vicepresidente «no se entiende sin tener en cuenta la Ley 70». Y sobre todo en el caso de la compañera de fórmula de Petro, Francia Márquez, una líder social que se enfrentó a empresas mineras para proteger su tierra y su gente en el Cauca.
Algunos colombianos, sin embargo, están en contra de la Ley 70, sea porque no ha logrado del todo sus objetivos, o porque ha habido irregularidades en las adjudicaciones, o porque, supuestamente, afecta la economía.
«No es como nos pintan»
En Cartagena, la ciudad portuaria por donde entraron los esclavos a Colombia, el racismo es pan de cada día. Denuncias de restaurantes que rechazan clientes, hoteles que niegan empleo y jóvenes abusados por la policía se reportan cada tanto con la aparente causa de la discriminación racial.
Pero en ningún lugar de la ciudad más famosa de Colombia el racismo ha tenido, según muchos locales, tantos efectos como en La Boquilla, una comunidad de 20.000 habitantes ubicada entre una privilegiada playa y un frondoso humedal a solo 10 kilómetros del centro de la turística ciudad.
Los títulos colectivos de la Ley 70 fueron entregados a los boquilleros por Barack Obama y Juan Manuel Santos en 2012.
Pero acá, así como en otras tierras consideradas ancestrales del Caribe, el éxito que se dio en el Pacífico está pendiente: las comunidades siguen divididas, su acción sobre la tierra es limitada y la informalidad es la única forma de paliar la pobreza.
En 2020, además, una demanda contra el título colectivo puso en peligro la propiedad de las comunidades sobre La Boquilla.
«Por eso necesitamos a alguien en el poder que haya vivido el racismo en carne propia, para que cese este ataque que nos quiere expulsar de nuestra casa», me dijo Hernando Ortega, «Nando», un carismático pescador y contador de historias de La Boquilla.
Hoovert Carabali, el activista en Buenaventura, analiza la situación desde la otra costa del país: «En el Caribe el proceso de apropiación de derechos ha estado atravesado por los intereses del capital y eso ha debilitado a la sociedad y por eso ellos están en condición más deprimida».
Durante la precampaña, Petro estuvo en La Boquilla. Es el único candidato que viajó hasta aquí. Atestó la playa de gente, se puso un gorro típico africano llamado kufi y dio un efusivo discurso sobre la tierra y la «amenaza capitalista».
Hace cuatro años, cuando perdió la segunda vuelta con Iván Duque, Petro ganó en prácticamente todas las poblaciones de mayoría negra, tanto en el Pacífico como en el Caribe.
«Acá nadie dice que el desarrollo sea malo», alega Albeiro Carmona, un líder social boquillero. «Pero se cree que el desarrollo tiene que ser blanco y que nosotros no solo no somos parte de él, sino que nos tenemos que ir para que haya desarrollo».
Desde comienzos del siglo XX, el turismo en Cartagena fue desplazando a las comunidades originarias, en su mayoría afro, a la periferia de la ciudad. Y en el norte, donde están las mejores playas, se está desarrollando una zona hotelera que, según los boquilleros, amenaza con sacarlos.
«Hay una creencia de que las tierras de las comunidades negras deben ser fuera de la ciudad; como si dijeran, ‘vamos a reconocerles sus derechos, pero lejitos, no en las ciudades'», dice Carolina Bejarano, una abogada que asesora a los boquilleros en la defensa de su título colectivo.
Aunque existen zonas de Cartagena con mayor número de homicidios y atracos, La Boquilla tiene reputación de peligrosa e inaccesible, un «estigma» que los boquilleros ven como una estrategia para justificar su expulsión.
Al frente de la playa, la Escuela Taller Tambores de Cabildo enseña a cientos de niños la ciencia del tambor, la tambora y el alegre, los tres instrumentos de percusión insignes de la cultura afrocolombiana.
Waidis Ortega es uno de los profesores, un joven boquillero que apoya a Francia Márquez, la candidata a vicepresidente que tiene como eslogan «vivir sabroso».
Una frase de campaña que muchos, como Polo Polo, interpretaron como una búsqueda por dedicarse al ocio en lugar del trabajo.
Pero para Ortega, y muchos boquilleros con los que hablé, «vivir sabroso» es «vivir libremente, en conexión con tu cultura».
El profesor de percusión acota: «Nos venden como que acá atracan, que acá no se puede venir, que es todo desorden, pero lo que no entienden es que acá hay una cultura, un arraigo por la tierra, una manera de ver el mundo».
Por eso en todo el barrio se lee la misma frase. En el restaurante del lado de la escuela se ve incluso en los parlantes del picó —el sistema de sonido—, donde dice, en letras gigantes y multicolores: «La Boquilla no es como la pintan».
Si los afrocolombianos llevan al menos 30 años intentando borrar los estigmas sobre su comunidad, las elecciones presidenciales de 2022 ya pueden considerarse un momento histórico.
El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!
Apoya a El Nacional