Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), habló el miércoles sobre el proyecto de Ley de Cooperación Internacional, presentado ante la Asamblea Nacional electa en 2020, un instrumento propuesto por la bancada del chavismo que busca regular el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG) venezolanas.
«Cuando se vaya a aprobar voy a levantar los dos manos para que haya justicia. Que rindan cuentas», manifestó Cabello durante la transmisión de su programa de televisión Con el mazo dando.
Con esta ley se pretende crear un registro, auditar su trabajo y poner énfasis en el financiamiento internacional que reciban.
No es la primera vez que Cabello arremete contra las ONG venezolanas. En diciembre de 2020 aseguró que al instalarse el nuevo Parlamento iba a pedir al Ministerio Público aplicar la ley a algunas organizaciones, a las que acusó de esconder el dinero para beneficiar a varios políticos.
«¿Dónde estará la plata que recibió la oposición criminal venezolana? En las cuentas bancarias de las ONG creadas y controladas por la oposición en los países satélites. Alguna de esas ONG son: Alimenta la Solidaridad, Fundación Futuro Presente, Asociación Civil Manos al Aire, Transparencia Venezuela, Provea, Foro Penal, Acción Solidaria, Rescate Venezuela, Caracas Mi Convive, Alimentando Esperanza, Fundación American Venezuela Engagement, Fundación I Love Venezuela, Fundación Ven Da Tu mano, Un Mundo Sin Mordaza, entre otras», dijo.
Provea advirtió recientemente que los artículos 25 y 26 de la Ley de Cooperación Internacional podrían utilizarse para ilegalizar a las ONG venezolanas.
El primero establece: “Las organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como extranjeras, que ejerzan sus actividades en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, están sujetas al cumplimiento de las normas establecidas en la Constitución, en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones establecidas en el ordenamiento jurídico venezolano vigente”.
Y el segundo: “Serán sometidas a evaluación a los fines de su prohibición, suspensión, restricción o eliminación definitiva todas aquellas organizaciones no gubernamentales, fundaciones o asociaciones sin fines de lucro, públicas o privadas, que realicen actividades de cooperación internacional en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela que, de manera directa o indirecta, promuevan o participen con otras asociaciones, organizaciones gobiernos u organismos internacionales, en la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra la República, en especial cuando dichas medidas atenten o afecten el desarrollo integral de la nación”.
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