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El declive de la industria petrolera y la prolongada contracción de la economía venezolana comienzan a partir del año 2014, mucho antes de que comenzarán a aplicarse las sanciones económicas. No son la causa sino el agravante de una crisis económica y social que venía de mal en peor.
Además de las sanciones personales a funcionarios del oficialismo, se han aplicado sanciones financieras y comerciales a Pdvsa y otras empresas. Las financieras inmovilizan bienes y recursos de la República, impiden recibir y realizar transferencias bancarias, gestionar créditos y otras operaciones financieras. Las comerciales prohíben a cualquier empresa estadounidense -o extranjera con operaciones en territorio de Estados Unidos- realizar operaciones de compra-venta de bienes y servicios con empresas administradas por el gobierno venezolano.
La justicia estadounidense considera un delito grave colaborar con el gobierno venezolano para evadir las sanciones. Quienes sean descubiertos corren el riesgo de ser acusados de conspiración y terminar sancionados, multados y hasta encarcelados. Esto inhibe a clientes y proveedores internacionales de mantener sus negocios con Venezuela. Como suele ser difícil saber si a través de un intermediario privado se está llevando a cabo alguna triangulación con una empresa pública, prefieren no correr el riesgo y rompen unilateralmente sus relaciones económicas con el país. Nadie quiere arriesgar sus negocios en un mercado tan grande como el de Estados Unidos por mantener negocios con Venezuela.
Las transnacionales petroleras fueron obligadas a abandonar sus operaciones en Venezuela, bancos estadounidenses han cerrado cuentas de empresas, organizaciones y personas venezolanas; tenedores privados de bonos de Pdvsa no los pueden negociar ni transferir; proveedores de dominios en Internet han suspendido cuentas de usuarios nacionales; ciudadanos y empresas estadounidenses ni siquiera pueden comprar un boleto de Conviasa porque eso sería hacer negocios prohibidos con el gobierno venezolano.
Quienes defienden las sanciones argumentan que éstas no prohíben las transacciones relacionadas con el suministro de alimentos y medicinas, pero al castigar las exportaciones de petróleo e impedir pagos internacionales, dejan al país sin los ingresos necesarios para poder comprarlos. También se dificulta y encarece la comprar de materias primas, insumos, maquinarías y equipos.
Pdvsa, Hidroven, Corpoelec, Pdvsa Gas, Cantv y demás empresas públicas han perdido sus tradicionales proveedores estadounidenses y europeos. Se han roto redes de suministro y cadenas de valor internacional en las que estaba inserta Venezuela. Al amparo de la Ley Antibloqueo, los espacios vacíos son ocupados por empresas de otros países también sancionados que han desarrollado estrategias para moverse en un terreno minado y hacer negocios poco transparentes y de alto rendimiento, en menoscabo del interés nacional.
En efecto, para evadir las sanciones, el gobierno recurre a triangulaciones y secretas transacciones con aliados a los cuales concede grandes descuentos para que se arriesguen a colocar la producción de Pdvsa en los mercados internacionales. También les acepta elevados sobreprecios para que sean intermediarios en la compra de los alimentos, medicinas, insumos y equipos que el gobierno distribuye clientelarmente.
Cuatro años después, los hechos indican que las sanciones económicas no funcionaron para forzar el cambio político con el que justificaron su aplicación. Por el contrario, han causado daños colaterales a las empresas privadas, organizaciones humanitarias y de derechos humanos, agravando las precarias condiciones de vida de los sectores más vulnerables, dándole al gobierno el pretexto perfecto para construir una narrativa épica de resistencia antiimperialista y evadir la responsabilidad que tuvo la nefasta política de controles, expropiaciones y corrupción en la crisis económica y social de la nación.
Vea el análisis completo en el nuevo video de #PedagogíaEconómica:
@victoralvarezr
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