Medio centenar de venezolanos radicados en el extranjero pidieron en una carta al presidente de Estado Unidos, Joe Biden, y otras autoridades, nuevas sanciones y la continuidad de las investigaciones penales a figuras del gobierno de Maduro. Subrayaron que esas medidas «benefician al venezolano de a pie».
Además, solicitaron que se exija la liberación de los presos políticos y la celebración de elecciones presidenciales «libres y limpias». También, que se apoye desde el gobierno de Estados Unidos la labor investigadora del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre Venezuela.
La carta, con fecha del 21 de abril de 2022, está firmada por más de 50 ciudadanos venezolanos «decentes y con poder moral» que residen en Estados Unidos y España, además de otros países europeos, y que arremeten contra los que hacen campaña en favor de una retirada de las sanciones alegando que perjudican al pueblo.
«Aquellos que se dedican a hacer lobby en busca del levantamiento de estas sanciones buscan más bien proteger los intereses económicos de estos criminales y no los intereses de los venezolanos», subrayaron.
Además del presidente Biden, los destinatarios de la misiva son James Story, embajador de los Estados Unidos en Venezuela; Anthony Blinken, secretario de Estado; Ron DeSantis; gobernador de Florida, y representantes y senadores del Congreso de Estados Unidos.
La crisis no viene de las sanciones a Maduro
Los firmantes de la carta aclaran a los destinatarios que la génesis de la «grave crisis económica y estructural» que padece Venezuela es «ajena y anterior a las sanciones» impuestas por Estados Unidos a figuras del gobierno chavista.
A su juicio, la crisis que ha supuesto para los venezolanos «inenarrables penurias y vejámenes bajo lo que se puede definir como un genocidio continuado» y ha causado el éxodo de millones de personas, se debe en primer lugar a las políticas económicas y monetarias «erradas» implementadas «bajo la asesoría» de Cuba.
También a la destrucción sistemática del aparato productivo del país y del sector empresarial, al desmantelamiento del Estado de Derecho y el desmoronamiento de la Seguridad Jurídica. Además de la corrupción sin precedentes en la historia republicana, dice la carta, que expone en detalle cada uno de esos aspectos.
Los firmantes destacan que las sanciones de Estados Unidos lejos de ser causantes de la crisis «más bien pusieron algo de freno al sufrimiento del pueblo venezolano». Consideraron que han ayudado a «cerrar el financiamiento del régimen a actividades criminales».
Alianzas del gobierno de Maduro
Subrayan también que el gobierno de Nicolás Maduro es «aliado» de Rusia, de Irán, Cuba, Nicaragua y China, y de los carteles de la droga de Colombia, Bolivia y México, y de «grupos terroristas como el Hezbollá, el ELN y las FARC».
«Esa alianza criminal internacional representa un riesgo de Seguridad Nacional para los Estados Unidos sin duda alguna», agregaron.
También aseveran que las sanciones impuestas por Estados Unidos «en ningún momento han implicado la generación de daño alguno al pueblo de Venezuela».
«Han sido sanciones con efectos directos al régimen y a sus funcionarios violadores de derechos humanos (lavadores de capitales y narcotraficantes), y han quedado exentos de sanciones el comercio de alimentos, las medicinas y los productos de primera necesidad».
No mas diálogo y sí elecciones libres
Según la carta, «las sanciones han beneficiado al venezolano de a pie, al coaccionar de alguna forma a los funcionarios corruptos del régimen de Maduro, a invertir parte del dinero robado dentro de la propia economía nacional, por miedo a ver sus capitales congelados en sus cuentas bancarias del extranjero».
Cargan también contra la idea de que un diálogo entre oposición y gobierno «solucionará los problemas de un país que está bajo una tiranía». Recuerdan los intentos infructuosos que ya ha habido.
Sobre las elecciones
En materia electoral afirman que «durante todos estos años las elecciones llevadas a cabo en Venezuela han sido fraudulentas y sin las más mínimas garantías de transparencia». Enumeran las garantías que se deben exigir para un proceso electoral justo y con participación de los venezolanos de la diáspora.
«El pueblo de Venezuela no quiere someterse a otra burla más. Venezuela exige Libertad y verdadera Democracia», dicen los firmantes encabezados por Ernesto Ackerman, de la organización Independent Venezuelan American Citizens y miembro del Partido Republicano de Estados Unidos.
En la lista hay comerciantes, empresarios, abogados y otros profesionales, periodistas, líderes comunitarios y un exsenador, Pablo Medina Carrasco.
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