El gobierno de Nayib Bukele ha intensificado su ofensiva contra las pandillas en El Salvador.
Bukele defendió este martes las medidas aprobadas por la Asamblea legislativa -de mayoría oficialista- destinadas a sancionar a los medios y periodistas que reproduzcan mensajes de las llamadas maras.
Las polémicas reformas también incluyen la prohibición de grafitis alusivos a las pandillas y la incautación y uso posterior de bienes y armas para combatirlas.
Bukele además amenazó con dejar morir de hambre a los pandilleros presos si en la calle sus grupos comienzan a «vengarse» por el régimen de excepción declarado tras una escalada de asesinatos que ya ha cobrado más de 80 víctimas mortales y ha provocado la detención de más de 6.000 pandilleros, según el gobierno.
«Y no me importa lo que digan los organismos internacionales», agregó el mandatario durante un acto de graduación de un nuevo contingente de policías y soldados.
«Que vengan a llevarse a estos pandilleros si tanto los quieren. Se los entregamos todos, al dos por uno».
El presidente salvadoreño también ha solicitado la construcción de un nuevo centro penitenciario de máxima seguridad para 20.000 presos, que se convertiría en el más grande del país.
Bukele no detalló en qué lugar se construiría ni cuándo estaría listo.
Algunos sectores de la oposición salvadoreña y diversas ONG han criticado al mandatario y creen que sus medidas son exageradas.
La oficina de la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos también ha expresado preocupación por los anuncios del gobierno.
Nayib Bukele amenazó con dejar morir de hambre a los pandilleros presos si la violencia en la calle continuaba | ANADOLU AGENCY
«Reconocemos los desafíos que plantea la violencia de las pandillas en El Salvador y el deber del Estado de garantizar la seguridad y la justicia. Sin embargo, es imperativo que esto se haga de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos», aseguró este martes su portavoz, Liz Throssell.
BBC Mundo te explica con detalle las tres medidas más polémicas que fueron aprobadas este martes.
1. Sanciones para los medios
La Asamblea Legislativa votó a favor de reformar el Código Penal para sancionar a cualquier medio de comunicación que reproduzca o transmita «mensajes o comunicados originados o presuntamente originados» por pandillas.
Originalmente propuesta por el presidente Bukele, la iniciativa -que los medios locales han bautizado como «Ley mordaza»- fue aprobada con los votos de 63 congresistas (de los 84 en el Parlamento), sin estudios previos ni discusión legislativa.
«Cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron por ley toda la simbología nazi, así como los mensajes, apologías y todo lo que fuera dirigido a promocionar el nazismo», tuiteó Bukele, defendiendo la medida.
«Nadie dijo nada, era entendible que fuera así. Ahora nosotros haremos eso con las pandillas», añadió.
El gobierno salvadoreño sancionará a cualquier medio que transmita «mensajes o comunicados originados o presuntamente originados» por pandillas | GETTY IMAGES
El diputado Rodrigo Ávila, del partido opositor Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), propuso que la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales estudiara la iniciativa, pero no obtuvo suficientes votos para hacer pasar su solicitud.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (Apes) expresó su preocupación por esta reforma que calificó como «mordaza».
«Amenaza con cárcel a los medios de comunicación y periodistas que reporten sobre una realidad que desde la actual administración se busca esconder», afirmó en un comunicado.
La asociación considera que las reformas son un «claro intento de censura».
«Prohibir al periodismo reportar la realidad que viven miles de personas que habitan en comunidades controladas por pandillas no surtirá ningún efecto en las vidas de las personas sino que creará un espejismo que no es fiel a la verdad«, añadió.
«No mencionar a las pandillas tampoco las hará desaparecer».
Las sanciones para quienes incumplan esta norma incluyen penas de diez a quince años de prisión.
2. Prohibición de grafitis
La reforma del Código Penal también sanciona la elaboración y reproducción de propaganda, mensajes, señales o grafitis alusivos a las pandillas.
La nueva norma también sanciona a los que hagan dibujos o grafitis alusivos a las pandillas | GETTY IMAGES
Establece que quienes elaboren, participen o faciliten la ejecución de «textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis y cualquier otra forma de expresión visual en inmuebles públicos y privados», donde se transmitan mensajes explícitos e implícitos que hagan alusión a las pandillas, serán condenados con una pena de diez a quince años de prisión.
La reforma castigará especialmente a los que tengan como finalidad aludir a control territorial de las pandillas o transmitir amenazas a la población.
El diputado Guillermo Gallegos, del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), ligado a Bukele, saludó la medida.
«Les cierra otro espacio a las pandillas para tratar de infundir miedo o terror y querer tomar, a través de símbolos, un control dentro de las comunidades», aseguró.
Pero Tamara Taraciuk, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch, calificó lo aprobado como «grave«.
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«La Asamblea aprobó una reforma que criminaliza hasta pintar un grafiti sobre maras y la publicación de información sobre ellas en medios si generan zozobra», expresó Taraciuk en Twitter.
«¿Decidirá Bukele por Twitter, su Asamblea Legislativa o sus jueces quién va preso hasta 15 años por esto?», añadió.
3. Reutilización de bienes y armas
El martes se aprobó otra iniciativa del presidente Bukele que autoriza al Estado a utilizar el armamento, dinero y bienes incautados a las pandillas para luchar contra ellas mismas.
El gobierno de Bukele quiere utilizar el dinero y los bienes incautados a pandilleros para combatir a las pandillas | GETTY IMAGES
«De esta manera, ocuparemos sus mismos recursos para combatirlos», detalló Bukele en su cuenta de Twitter.
De acuerdo a la reforma, los bienes, incluyendo armas, dinero, valores y activos incautados e inmovilizados a estructuras del crimen organizado, terrorismo y narcotráfico, que estén bajo custodia judicial, «podrán ser utilizados por las autoridades de seguridad pública».
Caleb Navarro, diputado del partido oficialista Nuevas Ideas, aseguró que con esto le daban un «certero golpe a las finanzas y bienes de las pandillas».
«Utilizaban el dinero de extorsiones para dotarse de armamento y vehículos para seguir delinquiendo», agregó.
De acuerdo con la nueva legislación, los bienes serán trasladados al Consejo Nacional de Administración de Bienes (Conab) que emitirá acuerdos de uso a solicitud del Ministerios de Justicia y Seguridad o del de Defensa.
Con la llamada Ley Especial para la Disposición y Utilización de los Bienes, Dinero, Valores y Activos Incautados a las Estructuras de Crimen Organizado, Terrorismo y Narcotráfico, también se pretende crear un fondo especial con el dinero incautado que también se pondría a disposición del Conab.
«Con el mismo dinero que causaron luto a la población, con ese mismo dinero van a tener que responder ante la justicia», celebró Alexia Rivas, otra diputada de Nuevas Ideas, el partido de Bukele.
La parlamentaria detalló que solo en 2019 se incautaron 3,5 millones de dólares a las pandillas, mientras que en 2020 fueron decomisados 10 millones de dólares producto de la extorsión a los transportistas.
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Estado de excepción
La aprobación de estas controvertidas medidas ocurre luego de que la Asamblea salvadoreña votara la semana pasada a favor de una iniciativa del Ejecutivo para reformar el Código Penal y endurecer las condenas contra los pandilleros.
El Salvador permanece bajo estado de excepción desde el 27 de marzo, cuando la Asamblea lo decretó, tras una solicitud de Bukele, después de que se reportaran más de 80 asesinatos durante un fin de semana.
Las normativas, que se implementarán en principio por un mes -aunque pueden ser extendidas-, incluyen la suspensión de la libertad de asociación, del derecho de defensa y de la inviolabilidad de la correspondencia.
También quedó sin efecto la prohibición de la intervención de las telecomunicaciones sin autorización judicial y se extendió el plazo de detención administrativa a 15 días, cuando en tiempos normales es de 72 horas.
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