La agenda de lucha la sigue marcando la realidad que padecen millones de venezolanos tanto adentro como en la órbita internacional. Los venezolanos que logran salir, después de superar todo tipo de obstáculos, no se liberan de las dificultades que los espantan en el marco del territorio nacional que dejan atrás cuando marchan hacia ese peregrinaje que a veces no tienen un destino definido. Si se analizan los datos fundamentados en pruebas que indican que hay miles de familias que caminan y caminan sin saber hacia dónde van, simplemente tratan desesperadamente de llegar a cualquier frontera que puedan atravesar para establecerse y entonces comenzar otra batalla para ver cómo consiguen vivienda, trabajo, ropa, alimento y escuela para los muchachos.
Este fin de semana leíamos en la prensa internacional que “en Colombia hay a la fecha, de acuerdo con cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 4.251 menores a la espera de ser adoptados. Y este número podría ser mucho más alto si se pudiera contar a los niños migrantes venezolanos a quienes, por impedimentos en la regulación actual, les es imposible siquiera optar por la adopción, quedando en riesgo de nunca volver a tener a una familia”. Me atrevo a asegurar que esa misma incertidumbre la están experimentando otros niños en otras partes del mundo. Basta con ser madre para imaginar la angustia de los representantes de esos niños que no han sido incorporados a un colegio en cualquier pueblo de Chile, de Argentina o de Perú a donde han ido a parar millones de familias venezolanas.
Para estar al tanto de esos sufrimientos están las desbordadas redes sociales que traen en sus corrientes todas las noticias que confirman que no se liberan de las vicisitudes de las que escapan esos compatriotas que se deciden a correr la aventura de emprender infinitas caminatas desde Cúcuta hasta no se sabe a dónde llegarán, con la exclamación de que ¡Dios es muy grande!. De esos temas hay que ocuparse, esa debe ser una responsabilidad de todos cuantos podamos hacer escuchar nuestras voces en todos esos encuentros posibles con autoridades civiles y militares de cualquier país que esté recibiendo migrantes. Por eso cada vez que acompaño a Antonio Ledezma a esos encuentros, foros, conferencias o reuniones de trabajo con autoridades de municipios, regiones o Estados, insistimos en plantear esa agenda de necesidades elementales para esos venezolanos que no duermen tranquilos, no solo porque no tienen un techo estable asegurado, sino porque llevan meses en el destierro y no cuentan con un estatus migratorio definido, ni con licencia de conducir ni posibilidades de un empleo en el que no lo exploten con salarios de hambre.
Otro tema de significación es el que tiene relación con la lucha por la liberación de los presos políticos, tanto civiles como militares. Venezuela sigue siendo el país con el mayor número de prisioneros de esa naturaleza. Por esas mujeres y hombres encarcelados en las peores condiciones hay que abogar incesantemente. Hay que hacer escuchar sus nombres, para que tanto ellos, reducidos al infierno de esos calabozos en donde permanecen encerrados, como sus familiares, sepan que no los hemos olvidado. De acuerdo con un informe de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, 57,2% de los casos de presos políticos son oficiales de la Fuerza Armada Nacional, lo que evidencia que, en los últimos tiempos, se han registrado más detenciones (por razones políticas) de militares que de civiles.
A la par de esa cruzada clamando por sus elementales derechos humanos debemos proseguir la solicitud del juicio en la Corte Penal Internacional. El interés del fiscal de esa corte por el caso de Venezuela denunciado en esa instancia, es evidente. Se podrá abrir una oficina en Caracas. Y tal como lo advirtiera en suelo patrio, el fiscal Karim Khan “es un paso muy importante, muy significativo, no es algo de cara a la galería, es algo concreto que va a permitir cumplir con las responsabilidades de conformidad con el Estatuto de Roma y comprometerme con las autoridades venezolanas aquí».
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