La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) afirmó este martes que la justicia estadounidense debe investigar a la exsenadora colombiana Piedad Córdoba. Esto por sus presuntos nexos con Alex Saab, extraditado a Estados Unidos en octubre.
Veppex, con sede en Miami, dijo en un comunicado: «Está claramente demostrado que Córdoba tenía fuertes nexos y vínculos con el testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab».
Saab tiene prevista una audiencia el 16 de febrero en una corte de Miami. En ella se debe programar el juicio por un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.
Además, Saab apeló ante un tribunal de segunda instancia por ser tratado como un «prófugo». Según sus abogados gozaba de inmunidad diplomática cuando lo detuvieron en Cabo Verde por una orden de captura dictada por Estados Unidos.
Revelaciones
El canal colombiano Caracol Noticias informó el domingo pasado que, en una declaración ante la Fiscalía, Andrés Vásquez, exasesor de comunicaciones de Córdoba, dijo que fue testigo de cómo la exsenadora presentó a Saab a Nicolás Maduro y otros miembros de su gobierno.
Vázquez también declaró que Saab quería recuperar 30 millones de dólares que le debía el gobierno de Venezuela. Y Córdoba lo logró a cambio de una comisión de 10%.
La exsenadora forma parte de la coalición que apoya al izquierdista Gustavo Petro, candidato a la presidencia de Colombia en las elecciones fijadas para mayo.
Según Veppex, Córdoba «siempre ha sido el enlace» con los grupos guerrilleros de Colombia.
El militar retirado venezolano José Antonio Colina, presidente de Veppex, opinó que someter a la exsenadora a la justicia de Estados Unidos sería «un paso más para neutralizar esta organización criminal cuyo objetivo es consolidar una red internacional para lavar dinero y evadir las sanciones al régimen de Nicolás Maduro».
El objetivo último de Veppex es que «todos los socios y colaboradores del narcorégimen de Nicolás Maduro deben llevarlos a la justicia internacional».
Ingrid Betancourt
A Córdoba también se le acusa de retrasar, por conveniencia política, la liberación de la hoy candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt. Esta estuvo más de seis años secuestrada por las FARC.
Betancourt fue rescatada junto con otros 14 cautivos, 3 de ellos estadounidenses, en la Operación Jaque, una exitosa acción militar desarrollada el 2 de julio de 2008.
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