La «política de represión» en Venezuela se ha sustentado en «la coordinación» entre ataques y mensajes estigmatizantes emitidos en medios de comunicación que favorecen al gobierno de Nicolás Maduro, concluyó una investigación que Amnistía Internacional presentó este jueves.
La investigación realizada por AI, en conjunto con la ONG venezolana Foro Penal y el Centro para los Defensores y la Justicia, reveló la correlación entre detenciones arbitrarias por motivos políticos en el país caribeño y las «estigmatizaciones» realizadas por varios medios de comunicación.
«Este análisis mostró que, mientras en 2019, la correlación general entre ambas variables (detenciones arbitrarias y estigmatización) era de 29%, en 2020 aumentó a 42% y en el primer semestre de 2021 llegó hasta 77%», detalló AI en un comunicado de prensa.
La directora para Las Américas de AI, Erika Guevara Rosas, aseguró que la relación que establecen en este análisis «es un nuevo indicador de la política sistemática de represión y apunta hacia el crimen de lesa humanidad de persecución, que debe ser investigado por la justicia internacional», siempre según un comunicado de prensa.
El estudio mostró que las correlaciones entre las detenciones arbitrarias y las estigmatizaciones también varían por año, dependiendo de los distintos cuerpos de seguridad involucrados.
En este sentido, AI refirió que durante 2019 hubo una «correlación más estrecha», de 74%, con las detenciones que se producen por los órganos de inteligencia como la Dirección General de Contrainteligencia Militar y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
En 2020, la conexión es «más estrecha» entre la estigmatización y las detenciones ejecutadas por los órganos dependientes de la Policía Nacional Bolivariana , incluyendo las Fuerzas de Acción Especial, su unidad de élite cuya disolución ha pedido la ONU, que sube hasta 92%, misma cifra registrada en 2021.
AI apuntó también como otro «hallazgo significativo» «la alta correlación» entre las estigmatizaciones realizadas por el programa televisivo «Con El Mazo Dando», conducido semanalmente por el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, y emitido en el canal estatal VTV, y las detenciones arbitrarias en 94%.
Dichos arrestos fueron realizados por un cuerpo de seguridad militar y procesados por la jurisdicción militar.
El estudio, que se realizó durante más de un año, se fundamentó en la aplicación de modelos estadísticos sobre los registros del Foro Penal y la CDJ, organizaciones basadas en Caracas que defienden los derechos humanos.
Allí se determinó también que «los patrones de estigmatización» encontrados «podrían mostrar la existencia de una persecución política» en el país caribeño.
Tras la realización del estudio, la directora general del CDJ, Marianna Romero, concluyó que «con esta investigación se evidencia como la estigmatización es aplicada bajo la lógica del enemigo interno y deriva en la materialización de acciones violentas y persecución por parte del Estado».
Por su parte, el director del Foro Penal, Gonzalo Himiob, insistió en que «no queda ninguna duda de la estrecha relación entre agentes del Estado venezolano, es decir funcionarios públicos, medios de comunicación públicos y privados, y ataques en contra de personas defensoras de derechos humanos», lo que, a su juicio, «no debe quedar impune».
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