En Conversando con la Voz de América, entrevistado por la periodista Carolina Alcalde, Juan Garantón, abogado de El Nacional, señaló que la adjudicación de la sede del medio de comunicación a Diosdado Cabello en un procedimiento realizado a finales de enero “es algo inverosímil”, una situación “terriblemente injusta y triste”.
“El Nacional es más que los 16.000 metros cuadrados de terreno y los 9.000 metros cuadrados de construcción. El Nacional es su gente. El Nacional es una institución que está en el alma y el corazón de muchos venezolanos”, dijo.
Señaló que la familia dueña del periódico, los Otero, no son malhechores, a pesar de que el trato que les ha dado el gobierno ha sido humillante. “Esto es un bochorno para mi país”, manifestó.
Dijo que como abogado siente una gran frustración: “Con un mínimo de justicia no habría pasado esto. Te das cuenta de que todo en lo que has creído se está tirando a la basura”.
Juan Garantón, abogado de El Nacional. Foto: EFE
Venganza política contra El Nacional
Para Garantón, la única explicación posible es que se trata de una venganza política. “Yo no lo veo otro sentido. No se probó ningún hecho difamatorio, no hubo un juicio por difamación, no se condenó a persona alguna que hubiese cometido una injuria o difamación, y el diario como tal, esa sede, ese edificio, quedó como un malhechor, y lo ejecutaron. Además, una cadena perpetua. Esos 14 millones de dólares si los convirtieran en multa y eso en arresto serían como tres vidas de seres humanos para cumplirlas”, detalló.
Pidió al Tribunal Supremo de Justicia que revise el procedimiento y la sentencia. “Esto es inconstitucional. Siempre es bueno revisar las sentencias”, señaló.
Garantón recalcó que el hecho ha sido denunciado internacionalmente. “Este es un golpe horroroso a la libertad de expresión”, expresó.
Los hechos
En un irregular y clandestino remate judicial, realizado en contravención a todas las reglas procesales que la ley venezolana obliga sean cumplidas para llevar a cabo este tipo de actos, el Tribunal Tercero de Primera Instancia Civil, Mercantil, de Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la jueza Lisbeth del Carmen Amoroso Hidrobo, hermana del contralor general de Nicolás Maduro, Elvis Amoroso Hidrobo, el pasado 27 de enero del presente año, sin haberse publicado de manera regular los carteles de remate en los que debe informarse públicamente el día, hora y monto mínimo para que los interesados hicieran sus ofertas, de espaldas a El Nacional y a su representante judicial, y sin la presencia de ningún testigo sino solo del abogado del demandante, Alejandro Castillo Soto, le adjudicó directamente la propiedad de la sede de El Nacional y los lotes de terreno sobre los que esta se encuentra construida, a Diosdado Cabello Rondón.
Con esta adjudicación ilegal, que por la irregular forma en que se ejecutó, bien podrá calificarse de “robo judicial”, se completa parte de la condena impuesta a este diario, por los supuestos daños morales causados, cuando en ejercicio legítimo de su periodismo de investigación, este periódico transcribió un artículo del rotativo español ABC donde se afirmaba que funcionarios estadounidenses investigaban a Cabello por presuntos vínculos con el narcotráfico. Nótese que el juicio de difamación por la nota publicada nunca avanzó, ni siquiera adjuntaron el recorte de la noticia aparecida en ABC, y nunca tomaron en cuenta que en base a esa investigación la DEA estableció una recompensa de 10 millones de dólares para aquella persona que colabore con la captura de Cabello.
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