En mayo de 2021 se reunieron —en las selvas del Guaviare— Iván Mordisco y Gentil Duarte, jefes de las disidencias en el oriente del país. El objetivo del encuentro de los jefes de estructuras ilegales era avanzar en los acercamientos para definir una línea de mando, la cual llamaron secretariado de las FARC-EP, emulando a la guerrilla a la que pertenecieron y que se desmovilizó por cuenta del acuerdo de paz negociado en La Habana, Cuba.
Fuentes de inteligencia le confirmaron a El Tiempo que dicha reunión apuntaba a dos propósitos concretos: unificar los frentes, los más grandes en número de hombres, ubicados en zonas de producción cocalera, y consolidar una sola línea de comercialización de cocaína que les permitiera fijar precios y manejo de rutas a sus mayores socios, los carteles mexicanos.
Este diario obtuvo un informe —elaborado por las agencias de inteligencia— que detalla que las disidencias se consolidaron en dos líneas, la de Mordisco (con 24 frentes) y los aliados a Iván Márquez (con 14 frentes), que sumarían 2.511 hombres en armas y 1.773 en redes de apoyo.
En el documento se detalla cómo se logró alinear la línea de mando de Iván Mordisco, quien incluso, señalaron fuentes que conocen la disidencia, actúa como jefe del nuevo secretariado.
Aunque Gentil Duarte en la desmovilizada guerrilla de las FARC estaba en un nivel más alto que Mordisco, le cobraron que alcanzó a dejar las armas, pues hizo parte de la mesa de los acuerdos y llegó a participar en las negociaciones hasta finales de 2016, cuando volvió a sus actividades ilegales.
“Iván Mordisco habría expuesto que él nunca estuvo en el proceso de negociación en La Habana, lo que lo hace sentirse como un guerrillo puro, fiel a los preceptos de Tirofijo y Jacobo Arenas (fundadores de las FARC); mientras que Gentil Duarte estuvo en Cuba, lo que lo hace ver como un traidor a la ideología del grupo”, dijo a El Tiempo una fuente de inteligencia.
Mientras Duarte estaba en las negociaciones, Mordisco expandió sus tentáculos ilegales y logró mando sobre estructuras en Norte de Santander, Cauca y Nariño. No es un hecho casual que se hayan instalado en estos departamentos que concentran —según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos de Uso Ilícito (Simci), de Naciones Unidas, 2020— 87.379 hectáreas sembradas con matas de coca, lo que equivale a 61% de los narcocultivos en el país, con una producción cercana a las 600 toneladas métricas de cocaína.
Por su parte, Duarte controla el llamado bloque Jorge Briceño Suárez, que cuenta con cerca de 450 hombres en armas que se mueven por todo el oriente colombiano.
Inteligencia estableció que Mordisco y Duarte coincidieron en que dicho secretariado debería estar conformado en total por cinco personas y que contaría con una segunda línea de mando que sería el Estado mayor central integrado por tres jefes de disidentes.
De igual forma, que en el organigrama habría un representante de las disidencias asentadas en Venezuela para mantener control sobre la confrontación territorial que tienen con la Segunda Marquetalia y sus socios del ELN.
De acuerdo con inteligencia, Mordisco y Duarte enviaron a Euclides España Caicedo, alias Jhonier (3.000 millones de pesos en recompensa), para que hablara —como su emisario— con los cerca de 12 frentes de las disidencias que se ubican en Cauca y Nariño y presentara su plan de consolidación logrando sociedad con 8 frentes, que suman cerca de 1.000 hombres en armas, por lo que este se ganó un puesto en el secretariado y fue designado como jefe de lo que llaman Comando coordinador de Occidente.
El lunes, en una gigantesca operación de la Fuerza Pública, Jhonier murió en una acción de las Fuerzas Especiales en Toribío, en Cauca, donde tenía su campamento.
El otro integrante del secretariado de la disidencia es Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá ($ 1.000 millones recompensa), a quien la Fuerza Pública señala de ser el coordinador del bloque Jorge Briceño Suárez (y, por ende, hombre de confianza de Gentil Duarte) y además es jefe del frente 40 que delinque en zona rural de Cartagena del Chairá (Caquetá).
El quinto hombre en la línea de mando es Jorge Eliécer Jiménez Martínez ($ 590 millones recompensa), alias Arturo o Gerónimo, jefe del décimo frente con presencia en Arauca y Casanare, pero que desde noviembre del año pasado sentó campamento en el estado de Apure (Venezuela), de acuerdo con inteligencia, para apoyar a Antonio Medina, quien está encargado de enfrentar al ELN.
Medina no había sido tenido en cuenta, inicialmente, para hacer parte del secretariado por aparentes diferencias con Gentil Duarte, pero tras la muerte de Jhonier, señalan las autoridades, podría ser llamado a la línea de mando.
El jueves se conoció información que daba cuenta de que Antonio Medina había muerto en Venezuela en medio de un combate con el ELN, en Cañitos; situación que, de acuerdo con inteligencia, fue una estrategia de Medina para que la guerrilla lo dejara “respirar, ya que lo tienen cercado”, dijo la fuente que confirmó que el jefe disidente estaría herido en un brazo.
Medina y Willy Costeño, otro mando de la disidencia, estuvo acorralado por el ELN en Venezuela, en donde fueron atacados, según versiones de cercanos a las disidencias por la guerrilla con el apoyo de autoridades venezolanas.
De acuerdo con el documento reservado, lo que se denomina Estado mayor central está conformado por Javier Alonso Velosa García, alias Jhon Mechas, jefe del frente 33, que se ubica en Norte de Santander, y quien es señalado de varias acciones terroristas, entre ellas atentar contra el presidente Iván Duque, en junio de 2021.
El poder de Mechas, señala inteligencia, está en que controla la producción de cocaína en la región del Catatumbo y sus nexos directos con los carteles mexicanos.
Los otros integrantes del Estado mayor son Leyder Johany Noscue Bototo, alias Mayimbú, jefe del frente Jaime Martínez, con injerencia en zona rural de Corinto y Toribío (Cauca), y Ebimelec Eregua Torres, alias Alonso 45, segundo al mando del frente primero o Carolina Ramírez, quien se ubica en Putumayo y es el encargado de mover la producción de base de coca en zona rural de Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo.
Danilo Alvizú fue encargado del frente de guerra contra los llamados Comandos de la Frontera, aliados de la Segunda Marquetalia.
¿Seguridad en jaque?
El fiscal general colombiano, Francisco Barbosa, fue uno de los primeros en alertar sobre la posible unificación de la disidencia en una especie de secretariado que buscaba agrupar el mando de la red criminal.
En reportes del ente acusador hay información de las posiciones que han tomado esas redes criminales en zonas estratégicas y hay planes en marcha para golpearlos.
Analistas consultados indicaron que resultaría más riesgoso tener una estructura integrada, con línea de mando y objetivos comunes con presencia en varias regiones, que tener grupos que actuaban como bandas criminales independientes y que solo buscaban un control territorial local, como sucedía con las primeras disidencias.
Una personera ubicada en Nariño, que pidió reservar su identidad, se refirió a la realidad que se vive en los territorios en los que la población sigue en medio de los grupos armados.
“En las zonas rurales las cosas se calmaron un poco con la salida de las FARC, que por décadas estuvieron en la región, pero a los pocos meses volvieron, con el mismo nombre, pero que ustedes llaman disidencias. Se financian de la coca, reclutan a nuestros jóvenes”, dijo.
Añadió que la situación de inseguridad y temor se mantiene: “No hay tranquilidad con secretariado u organigrama o sin él, las disidencias mandan en las zonas rurales”.
El ministro de Defensa, Diego Molano respondió que estas redes “son enfrentados con contundencia por la Fuerza Pública”.
En diálogo con El Tiempo, dijo que esas organizaciones buscaron copar los espacios que dejaron las FARC: “Tenían como meta consolidar 8.000 hombres en su estructura y no lo han conseguido”, porque militares y policías los combaten con varias estrategias que pasan por la captura o neutralización de los jefes y los planes para “retomar y estabilizar” zonas complejas como Arauca, que ha sufrido un incremento de la violencia este año y Norte de Santander.
Molano insistió en que los ilegales usan a Venezuela como la retaguardia para sus acciones delictivas en Colombia, bajo la mirada complaciente del régimen.
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