“En casi cualquier medida, la investigación criminal del ataque del 6 de enero al Capitolio es de un esfuerzo, complejidad y alcance sin precedentes”. The New York Times.
Conforme a los datos actualizados del Departamento de Justicia, 725 personas han sido arrestadas a lo largo del territorio de Estados Unidos; se le han formulado cargos a otros 290; 265 se han declarado culpables y 19 ya han sido sentenciados. El Comité Investigador ha recopilado unas 35.000 páginas de registros incluidos mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas telefónicas desde la Casa Blanca transmitidos el mismo día del asalto al Capitolio. Los investigadores del FBI han emitido 5.000 citaciones y órdenes de allanamientos, han inspeccionado más de 20.000 horas de imágenes de vídeo y examinado unos 15 terabytes de datos (un terabyte es la unidad de información digital equivalente a 1 billón o 1 millón de millones).
Más de 150 policías heridos y 4 asaltantes muertos es el saldo del asalto. Otro oficial murió de un derrame cerebral después de responder a los disturbios, y varios más murieron por suicidio en las semanas siguientes. Se trata probablemente del primer caso criminal de la historia donde las evidencias que señalan a los perpetradores y conducen a los autores intelectuales de esta masiva asociación para delinquir son casi en su totalidad, productos de la era digital. Una especie de celebración que el expresidente Trump había previsto para el aniversario de este 6 de enero fue abruptamente suspendida. Estamos pues en presencia de un acto sin precedentes en la historia de este país.
El Congreso investiga
El ambiente de suspenso que han provocado las investigaciones supera con creces al famoso Watergate o cualquier otro escándalo histórico en Estados Unidos. El Comité Investigador del Congreso ha entrevistado a más de 300 testigos y reunido decenas de miles de documentos. Después de 6 meses de intenso trabajo, se cree que el Comité de la Cámara de Representantes se prepara para hacer las interpelaciones públicas. Pronto comenzarán a revelar sus hallazgos, mientras los republicanos y el propio expresidente y sus aliados hacen lo imposible, legal y políticamente, para rechazar las acusaciones de que Trump y el Partido Republicano instigaron y planificaron el asalto. Los 9 legisladores demócratas y los 2 republicanos que integran el Comité Investigador, por su parte, se enfrenta a la enorme tarea de convencer a los estadounidenses de que sus conclusiones están basadas en hechos.
Pese a que la mayoría republicana sigue a Trump con la tesis de que le robaron las elecciones, existen divisiones importantes como la del líder republicano del Senado, Mitch McConnell, quien ha declarado: «No hay duda de que el presidente Trump es práctica y moralmente responsable de provocar los eventos de ese día. Las personas que irrumpieron en este edificio creyeron que estaban actuando según los deseos e instrucciones de su presidente».
Liz Cheney, republicana integrante del Comité Investigador, anunció que tienen registros y documentos que detallan minuciosamente la conducta del expresidente Trump durante 187 minutos del asalto. «No creo que haya alguna área de esta historia en la que no estemos aprendiendo cosas nuevas», aseguró Cheney, y para terminar dijo enfáticamente: «Podemos ser leales a Donald Trump o podemos ser leales a la Constitución, pero no podemos ser leales a ambos». Mientras tanto, el expresidente Trump, asistido por una caterva de abogados, persiste ante la Corte Suprema, para que rechacen las decisiones de tribunales ordinarios y superiores que han sentenciado sobre su obligación de entregar los documentos relacionados con el asalto que se generaron en la Casa Blanca, antes, durante y después de los hechos.
Departamento de Justicia y FBI investigan
El Departamento de Justicia y el FBI abrieron otra investigación. De acuerdo con la opinión de expertos, es “la más extensa y amplia investigación criminal en la historia de Estados Unidos”. Esta sedición o insurrección, como es calificada, no tiene nada que ver con el secretismo de las experiencias golpistas en nuestra zona tórrida. Los insurrectos, fundados en una estrategia incomprensible, divulgaron antes, durante y después del alzamiento, todos sus planes y por los medios más sofisticados de la era digital en el país con el más alto desarrollo tecnológico de medios de comunicación y redes sociales.
En una aparente respuesta a las fuertes presiones de demócratas y de algunos republicanos para responsabilizar al expresidente Donald J. Trump por su papel en los disturbios, el fiscal general Merrick B. Garland prometió el pasado miércoles, en una rara aparición pública, que el Departamento de Justicia perseguiría las irregularidades y se haría justicia «a cualquier nivel» de los ataques. Todos responderían ante la justicia, bien los que “estuvieron o no estuvieron presentes” en el asalto.
Al día siguiente, 6 de enero, el presidente Biden se dirigió al país desde el Congreso para, sin mencionar su nombre, singularizar la responsabilidad del expresidente Trump en términos inequívocos: “No fue un grupo de turistas, fue una insurrección armada”. El ataque de Biden a Trump no tiene precedentes de un presidente en funciones contra un expresidente. Las declaraciones del presidente y del fiscal general dejan en claro que en algún momento se deberá tomar, por primera vez, la decisión histórica de incriminar penalmente a un expresidente de Estados Unidos o exculparlo.
Insurrección digital
Resulta irónico que los asaltantes del Capitolio y muchos de los sospechosos de ser autores intelectuales del complot, dominados por esa obsesión digital de registrar y fotografiar la euforia que los domina, proporcionaron las más comprometedoras evidencias. Steve Bannon, el ex asesor de estrategia de Trump en la Casa Blanca, anunció el día 5 de enero que al día siguiente “el infierno abriría sus puertas”. Centenares serán penalizados en prisión con las evidencias que ellos mismos hicieron públicas. En medio de esta febril evacuación de pruebas y evidencias poco se habla de una actividad subversiva clandestina. Nada que ver con nuestra subrepticia cultura latinoamericana de golpes de Estado.
La republicana Jena Ryan, de Texas, reflejando esa histeria de exhibición digital posteó en Twitter: “Definitivamente no voy a la cárcel, soy blanca, tengo el cabello rubio y un puesto importante…”. Jena se encuentra ahora en prisión por la decisión de un juez que intenta probarle que también hay blancos en prisión.
Conforme a las pesquisas llevadas a cabo por el The Washington Post, prominentes republicanos usaron como centro de operaciones del asalto al hotel Willard, en el centro de Washington, donde se trazaron estrategias para intentar reinstalar a Trump en un segundo mandato. “La operación -indica The Washington Post- fue calificada de intensa y los involucrados trabajaron día y noche en los días previos a la insurrección del 6 de enero”. Allí se encontraban Rudy Giuliani, abogado de Trump, su exjefe de estrategia de la Casa Blanca; Steve Bannon, el excomisionado de policía de Nueva York; Bernard Kerik y el académico John Eastman.
La pregunta que se hacen muchos es cómo esta maraña de evidencias que apunta hacia las responsabilidades legales del expresidente Trump y se concilia con el hecho de que en las últimas encuestas lo señalan con 54% de favoritismo republicano para ser electo candidato en 2024. El rival más cercano de su partido, el gobernador DeSantis de Florida, cuenta solo con 11%.
Parafraseando a un autor, Trump no parece anticiparse al futuro, trata de impedir que el futuro lo alcance.
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