Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, destituida en 2017 por la asamblea nacional constituyente, reveló que Nicolás Maduro calificó como una limpieza social a las más de 8.000 ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron en Venezuela entre 2015 y 2017, por parte de Organismos de Seguridad del Estado.
«Una limpieza social, como la denominó Maduro en una ocasión, una política pública para el exterminio de personas que habitaban en las zonas más deprimidas de las principales ciudades», señaló Ortega Díaz en una entrevista para el diario El Mundo de España.
Estos hechos se encuentran entre los denunciados por la fiscal ante la Corte Penal Internacional (CPI), el 16 de noviembre de 2017.
En esa dicha denuncia también incluyó los «asesinatos de 131 personas cometidos por los Cuerpos de Seguridad del Estado bajo las ordenes de Nicolás Maduro durante las manifestaciones de abril a junio de 2017».
«En posteriores ampliaciones presentamos pruebas relacionadas con la tortura y homicidio del concejal Fernando Albán, el capitán Rafael Acosta Arévalo y la masacre de Óscar Pérez y sus compañeros, así como de otras torturas, juicios militares a civiles, allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias, entre otras irregularidades», señaló.
Ortega destacó que recientemente se puso a disposición del fiscal de la CPI, Karim Khan, para colaborar en la investigación.
«Le reitero mi voluntad de seguir colaborando, en especial mediante trabajos de coordinación con víctimas directas e indirectas, así como con testigos de los casos que se detallan en la denuncia», precisó.
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