En abril de 2015, Odebrecht celebraba el título de mayor constructora de América Latina. Tenía obras en todos los rincones del continente y acumulaba ganancias récord. Con el avance de las investigaciones contra la corrupción iniciadas en Brasil en la ruta de la Operación Lava-Jato, la empresa eligió el camino de las colaboraciones judiciales y causó temblores en el mundo político latinoamericano al confesar sus crímenes de corrupción en 10 países de la región.
El número de presidentes y ex presidentes investigados en el continente, tres años y medio más tarde, da una medida del alcance de las maniobras de la empresa: al menos nueve ex mandatarios de la región están en la mira de las autoridades de sus países, y un presidente ya perdió su cargo. El caso Odebrecht trajo una ola de investigaciones sobre los presidentes que, aunque no tuviesen relación con la constructora bahiana, también quedaron envueltos en tramas sospechosas.
Para el fiscal del ministerio público federal Roberson Pozzobon, quien integra el equipo de trabajo de la Operación Lava-Jato, en Curitiba, si antiguamente las dificultades burocráticas y las diferencias legales entre los países permitían que los crímenes transnacionales quedaran prácticamente impunes, hoy el escenario cambió.
“Hoy es posible intercambiar informaciones y pruebas en el ámbito de investigaciones y procesos criminales de forma bastante rápida y eficiente, ya sea con países más próximos geográficamente, como en América Latina, o incluso en Asia”, afirmó.
Pozzobon dice que antiguamente el triunfo de las organizaciones criminales era el lavado de dinero en el exterior, fuera del país de origen, justamente para dificultar el rastreo de valores. Con las nuevas reglas y tratados de cooperación internacional, sin embargo, la modalidad se ha convertido en un verdadero talón de Aquiles para los criminales.
En Brasil, el encarcelamiento del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva es el mayor símbolo que encierran las investigaciones. El ex mandatario ya fue condenado en dos instancias por haber recibido, según la acusación, un apartamento remodelado por OAS como compensación por negocios con Petrobras. Lula niega haber recibido el apartamento o actuado a favor de la compañía.
El patriarca de la familia Odebrecht, Emilio, reveló a la justicia brasilera que conversaba con Lula e interlocutores del gobierno sobre temas de interés de la empresa, como medidas provisorias y líneas de crédito. Emilio reveló información que generó otros juicios contra Lula, en los que el ex presidente es acusado de haber sido beneficiado con la reforma de una casa quinta en Atibaia, ciudad del interior de São Paulo. La defensa dice que la casa quinta no está registrada a su nombre y niega haber cometido delitos.
Las denuncias de Odebrecht implicaron a todos los ex presidentes vivos de Brasil. Los juicios que contenían citaciones contra José Sarney y Fernando Henrique Cardoso ya fueron archivados. Hay una investigación basada en las denuncias del grupo contra Fernando Collor de Mello que aún está en curso. Collor es imputado en un juicio ante el Superior Tribunal Federal, acusado de recibir más de 7.3 millones de dólares en sobornos por negocios de BR Distribuidora, que no tiene relación directa con Odebrecht.
En Perú, el espectro de mandatarios en la mira de la Justicia también es amplio. Cuatro ex presidentes son investigados por sospechas de corrupción que involucran a Odebrecht. Alejandro Toledo es acusado de recibir 20 millones de dólares en sobornos de la constructora por la obra de la Carretera Transoceánica. En febrero de 2017, un juez determinó su prisión preventiva por 18 meses. Pero, como Toledo está en Estados Unidos, la Fiscalía pidió su extradición, que fue confirmada por las cortes superiores. Aún no hubo respuesta de parte de las autoridades norteamericanas.
Alan García es investigado por tráfico de influencias en un caso que investiga la concesión a Odebrecht de una línea de metro de Lima. Él habría facilitado que la constructora ganara la licitación con otras dos empresas. No le fue impuesta ninguna restricción judicial.
El único de los ex presidentes peruanos que estuvo preso fue Ollanta Humala, acusado, junto con su esposa, Nadine Heredia, de lavado de dinero por haber recibido, según los delatores, 3 millones de dólares de Odebrecht para su campaña. Él estuvo nueve meses en prisión preventiva, antes de que la Justicia revocara la medida a fines de abril.
Pedro Pablo Kuczynski, a su vez, fue el único en perder su cargo. Renunció en marzo, también por ser sospechoso de lavado de dinero por contratos firmados con Odebrecht por empresas ligadas a él cuando era ministro. Está impedido de salir del país por 18 meses y tuvo sus bienes confiscados.
En Colombia, las investigaciones iniciadas por los acuerdos con Odebrecht alcanzaron al ex presidente y premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos. El 30 de mayo, fue liberado de una investigación en la Cámara de Diputados bajo sospecha de recibir dinero de Odebrecht en sus campañas de 2010 y 2014. El caso debe ser analizado por el Consejo Nacional Electoral, aunque especialistas discrepan sobre la competencia de ese tribunal para juzgar la acción.
Nombres próximos a Santos fueron citados por delatores de Odebrecht: Roberto Prieto, director financiero de la campaña presidencial, llegó a ser investigado penalmente, pero fue absuelto. El exministro de Transporte Gabriel Ignacio García Morales fue condenado por recibir 6.5 millones de dólares de Odebrecht.
Hay dos denuncias contra el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa, propuestas por un congresista. El ex vicepresidente Jorge Glas fue condenado, en diciembre de 2017, a seis años de prisión y a pagar una indemnización de 7.5 millones de dólares. Está acusado de recibir 3.5 millones de dólares de Odebrecht a través de pagos hechos a un tío, según la acusación.
Acusado de recibir 1.5 millones de dólares de Odebrecht en su campaña para la presidencia en 2008, el expresidente de El Salvador Mauricio Funes está exiliado en Nicaragua. Funes viajó a Nicaragua después de haber sido condenado en noviembre del año pasado por enriquecimiento ilícito y condenado a devolver, junto con el hijo, 419,000 dólares a las arcas públicas.
Argentina, Chile, Guatemala, México, República Dominicana y Venezuela no tienen juicios contra sus presidentes o ex mandatarios, aunque se citen transferencias irregulares de Odebrecht a políticos de esos países.
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